Residentes del edificio Focsa, en El Vedado, denuncian el deterioro extremo del inmueble, gestionado por la Empresa Inmobiliaria Cimex S.A., donde la acumulación de desechos, los ascensores rotos y la nula seguridad contra incendios contrastan con un millón de dólares recaudados anualmente en concepto de rentas que no se reinvierten en el inmueble.
Una misiva anónima enviada por los moradores del inmueble, ubicado en la calle 17 entre M y N, detalla cómo la basura y la pestilencia han tomado los pasillos de circulación y áreas de servicio a lo largo de sus 30 niveles. Las imágenes corroboran un panorama desolador: paredes y techos en franco deterioro, con desprendimientos de concreto que ponen en riesgo la integridad física de los transeúntes. La dirección del edificio, controlada por la Empresa Inmobiliaria Cimex S.A., mantiene una actitud de inacción ante los reclamos de los inquilinos, quienes aseguran que la excusa oficial es siempre la misma: la falta de recursos financieros para acometer reparaciones.
Sin embargo, los residentes cuestionan el destino de los fondos. Según la denuncia, la inmobiliaria cobra entre 300 y 500 dólares mensuales por apartamento, además de una cuota en pesos cubanos, lo que generaría un ingreso anual cercano al millón de dólares. Pese a esta recaudación, el vestíbulo carece de mobiliario y lámparas desde hace años. La situación de la movilidad es igualmente crítica: de todos los elevadores, solo dos permanecen operativos, generando colas interminables. La crisis energética que sufre la isla agrava el problema, pues es habitual que decenas de personas, incluyendo adultos mayores y niños, queden atrapadas durante horas en los ascensores cuando ocurren apagones, exponiendo sus vidas ante la ausencia de protocolos de rescate efectivos.
Un reflejo del colapso institucional
El abandono del Focsa no es un caso aislado, sino la materialización de la crisis estructural que sufre la capital bajo la gestión del régimen de La Habana. La falta de mantenimiento se evidencia en la infraestructura de seguridad del edificio; los extintores están inoperativos y el sistema de bombas de agua contra incendios es inservible. Para mantener un inmueble de 30 pisos, la inmobiliaria asigna únicamente a tres trabajadores, una muestra del deterioro laboral y burocrático que imposibilita la prestación de servicios básicos. El gobierno cubano, a través de sus empresas estatales, demuestra una vez más su incapacidad para gestionar la infraestructura urbana, priorizando la extracción de divisas frente al bienestar y la seguridad de los ciudadanos.
La situación en el edificio Focsa augura una tragedia inminente si las autoridades de la isla no remedien las deficiencias estructurales y de seguridad. La negligencia institucional no solo vulnera el derecho a una vivienda digna, sino que expone a cientos de familias a riesgos mortales diarios. Mientras la dictadura cubana mantiene un control férrez sobre la propiedad y la administración estatal, la ciudadanía continúa soportando las consecuencias de un modelo fracasado, donde el pago de elevadas sumas en divisas no garantiza ni siquiera la recolección de desechos o el funcionamiento seguro de un ascensor.
