Ante el acelerado deterioro del sistema de salud pública en la isla, el gobierno de Corea del Sur y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) han enviado 213.000 frascos de suplementos prenatales a Cuba, destinados a asistir a unas 30.430 mujeres embarazadas y madres lactantes. La donación, que se produce en medio de la admisión oficial del retroceso en indicadores sanitarios históricamente enarbolados como logros de la Revolución, evidencia la profunda incapacidad del régimen de La Habana para garantizar la atención básica a su población.
El traslado de la ayuda humanitaria no estuvo exento de obstáculos, reflejando la crónica ineficiencia logística y la crisis de infraestructura que sufre el país. Ante la imposibilidad de efectuar el envío por vía marítima, Unicef se vio obligado a asumir los costos adicionales de un transporte aéreo desde Ciudad de Panamá hasta La Habana. La agencia de la ONU justificó esta decisión bajo el lema \»Salvar vidas no puede esperar\», lo que subraya la urgencia de una situación que las autoridades de la isla han intentado minimizar durante años.
La adquisición de estos suplementos ha sido financiada íntegramente por el Gobierno surcoreano, en el marco de un proyecto de cooperación con Unicef que cuenta con un presupuesto de un millón de dólares y se extenderá hasta septiembre de 2026. El programa tiene como objetivo principal fortalecer la atención a embarazadas, recién nacidos y niños, con especial énfasis en las provincias del oriente del país y en La Habana, regiones donde el colapso hospitalario y la desnutrición han golpeado con mayor severidad a las poblaciones vulnerables.
La llegada de esta asistencia internacional coincide con un inusual reconocimiento por parte de la cúpula de poder. Durante una intervención en el programa oficial Mesa Redonda, el viceprimer ministro Eduardo Martínez Díaz admitió que los resultados alcanzados en materia de salud en décadas anteriores ya no pueden sostenerse. \»Los indicadores sociales en nuestro país se han estado deteriorando (…) Llegamos a tener cuatro o cinco [de tasa de] mortalidad infantil y ya se ha duplicado precisamente por esta situación\», reconoció el funcionario, en una declaración que contradice décadas de propaganda oficial.
Los datos citados por medios independientes y contrastados con informes sanitarios confirman esta alarmante tendencia. La tasa nacional de mortalidad infantil se ubica actualmente en 9,3 fallecidos por cada 1.000 nacidos vivos. La situación es aún más crítica en la capital, donde el indicador alcanzó los 14 fallecimientos por cada 1.000 nacidos vivos durante los primeros meses del año. Este último registro representa el peor resultado de La Habana en más de dos décadas y evidencia el fracaso de las políticas públicas en la atención materno-infantil.
El deterioro de los indicadores de salud es un síntoma directo de la profunda escasez que asola a todos los niveles del sistema sanitario cubano. Según datos del propio Ministerio de Salud Pública revelados en abril, 461 de los 651 medicamentos considerados esenciales no estaban disponibles en las farmacias estatales. A la imposibilidad de acceder a tratamientos básicos para combatir infecciones o enfermedades crónicas, se suman los severos problemas en el transporte sanitario, con cientos de ambulancias fuera de servicio por la falta de combustible y piezas de repuesto, dejando a comunidades rurales y urbanas desprovistas de atención de emergencia.
El colapso sanitario como reflejo de la crisis estructural
La dependencia de la cooperación internacional para suministrar suplementos prenatales básicos no es un evento aislado, sino la consecuencia directa de la crisis estructural que padece la isla. Durante años, el gobierno cubano ha priorizado la exportación de servicios médicos como mecanismo de obtención de divisas, en detrimento de la atención interna. La falta de inversión en infraestructura hospitalaria, el envejecimiento del equipamiento tecnológico y la precariedad salarial del personal de salud han provocado un éxodo masivo de médicos y enfermeros, dejando al sistema en estado de postración.
La dictadura cubana ha utilizado históricamente el sistema de salud como tarjeta de presentación ante la comunidad internacional, ocultando tras supuestos logros sociales la falta de libertades y el control represivo sobre la población. Sin embargo, la realidad actual es ineludible: la inflación galopante, el desabastecimiento alimentario y la falta de medicamentos configuran un escenario de emergencia humanitaria. Las mujeres embarazadas se enfrentan a la imposibilidad de conseguir una dieta mínimamente nutritiva, lo que agrava los riesgos de complicaciones durante el parto y el desarrollo fetal.
La anemia ferropénica y la desnutrición materna han aumentado exponencialmente en los últimos cinco años. La incapacidad de acceder a proteínas de origen animal, lácteos y vegetales frescos —sometidos a precios inalcanzables en el mercado negro o racionados en cantidades insuficientes— compromete el desarrollo fetal y aumenta la mortalidad perinatal. La ayuda de Unicef, aunque necesaria, apenas logra paliar una fracción de las carencias nutricionales que sufren miles de familias cubanas a lo largo y ancho del archipiélago.
La incapacidad de las autoridades de la isla para garantizar el derecho a la salud se agrava por la ausencia de mecanismos democráticos de exigencia. Cualquier intento de denuncia por parte de la ciudadanía o de los propios profesionales sanitarios es silenciado por la dictadura mediante la represión, la intimidación o la expulsión del sector. La censura impide que la sociedad civil organizada pueda auditar la gestión de los recursos, ni siquiera cuando se trata de donaciones internacionales, lo que genera un manto de duda sobre la distribución equitativa de la ayuda.
Antecedentes de una crisis silenciada
El deterioro sanitario actual no es producto de un evento repentino, sino de años de desinversión y mala gestión. Desde la caída de la ayuda venezolana en petróleo y el endurecimiento del embargo comercial estadounidense, el régimen de La Habana ha visto mermadas sus fuentes de ingresos. Sin embargo, la ineficiencia de la economía centralizada y la negativa a implementar reformas estructurales que permitan el libre mercado y la inversión privada han sido los factores determinantes. La crisis de los noventa, conocida como Período Especial, parece haberse reinstaurado de forma permanente, pero esta vez sin la red de solidaridad internacional que existía en su momento.
En este panorama, el éxodo migratorio ha privado al país no solo de fuerza laboral joven, sino también de mujeres en edad reproductiva, alterando la demografía nacional. Las que deciden quedarse y gestar una familia deben sortear un sistema que no les ofrece garantías de supervivencia. Los brotes de enfermedades erradicadas hace décadas, como la escabiosis o el dengue, se han vuelto comunes, evidenciando el colapso del sistema de vigilancia epidemiológica y de saneamiento básico.
Implicaciones y futuro
La donación de Corea del Sur y Unicef es un parche temporal a una hemorragia sistémica. Mientras el ejecutivo cubano mantenga su negativa a abrir la economía, a democratizar el país y a rendir cuentas sobre la gestión pública, la salud de las madres y los niños continuará en riesgo. La comunidad internacional enfrenta el desafío de proveer ayuda humanitaria vital sin convertirse en cómplice del sostenimiento de un modelo que ha demostrado su fracaso absoluto en la provisión de las necesidades más básicas de su pueblo.
Para la ciudadanía, la esperanza de revertir estos indicadores parece cada vez más lejana. La falta de respuesta institucional y la represión a la disidencia dejan a la población en un estado de vulnerabilidad extrema. La crisis materno-infantil en Cuba es hoy el reflejo más doloroso del agotamiento de un sistema político que, tras décadas en el poder, no logra asegurar la vida de las nuevas generaciones.
