Las autoridades de la isla intentan desviar la atención sobre el alarmante consumo de estupefacientes al señalar a Washington como el origen principal de las sustancias sintéticas, conocidas popularmente como \»el químico\», mientras ignoran la evidente red de producción y distribución interna que prolifera en medio de la profunda crisis social y económica que atraviesa el país.
En una conferencia de prensa transmitida por la televisión estatal, el coronel Juan Carlos Poey Guerra, jefe del órgano antidrogas del Ministerio del Interior (MININT), aseguró que el mercado ilícito nacional sufre un \»mayor impacto\» de sustancias que \»proceden del exterior, de Estados Unidos\». El funcionario detalló que en el último periodo se han frustrado 72 operaciones de narcotráfico desde 11 orígenes distintos, reforzando la narrativa oficial de \»tolerancia cero\» y presentando el problema como una mera importación foránea para eludir la responsabilidad institucional.
Sin embargo, la realidad en las calles cubanas dista mucho de ser un simple problema de fronteras. El llamado \»químico\», un cóctel altamente adictivo que mezcla cannabinoides sintéticos, anestésicos veterinarios, benzodiacepinas y hasta formol o fentanilo, se ha consolidado como la droga más accesible para los jóvenes. Con un precio que ronda los 100 pesos cubanos por dosis —tres veces inferior al costo del paquete de cigarrillos más barato—, su consumo ha disparado los casos de convulsiones, arritmias y el conocido \»efecto zombi\» entre la población más vulnerable, saturando la ya precaria red de salud pública.
Una narcoestructura interna que el Estado se niega a reconocer
La apuesta del gobierno cubano por culpar a Estados Unidos obedece a una estrategia geopolítica para evadir responsabilidades, pero choca con los propios reportes de la prensa oficialista. Medios provinciales como La Demajagua han documentado el trasiego de estas sustancias por ciudadanos cubanos entre municipios orientales, así como el hallazgo de laboratorios clandestinos y \»papelillos\» en viviendas de Bayamo. Esta evidencia confirma la existencia de \»cocineros\» y cadenas de distribución local que el ejecutivo cubano omite sistemáticamente en sus comparecencias públicas.
El auge del narcotráfico y el consumo de estupefacientes no puede desligarse del colapso estructural que sufre la nación. La hiperinflación, el desabastecimiento crónico, la falta de expectativas y el éxodo migratorio masivo han dejado a amplios sectores de la juventud en un estado de vulnerabilidad extrema. Ante la incapacidad del régimen de La Habana para ofrecer soluciones reales a la crisis económica, las drogas sintéticas se han convertido en un refugio fatal para una generación desahuciada.
Al señalar al exterior, la dictadura cubana busca eximirse de su fracaso en la garantía del bienestar social y en el control territorial que tanto presume defender. Mientras tanto, la salud mental y física de la ciudadanía se deteriora a un ritmo alarmante sin que existan infraestructuras hospitalarias o programas de rehabilitación suficientes para atender a los afectados. La impunidad de las redes locales y la inacción estatal ante la crisis interna auguran un deterioro aún mayor del tejido social cubano, cuyas consecuencias serán irreversibles si no se aborda el problema desde su raíz y no desde la conveniencia política.
