El economista cubano Pedro Monreal propuso la creación de una cámara de comercio exclusiva para las mipymes y la autorización de sindicatos independientes de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), con el objetivo de dotar al sector privado de representación legítima y capacidad de negociación colectiva. La iniciativa surge tras un encuentro entre Miguel Díaz-Canel y supuestos representantes del sector no estatal, marcado por la opacidad en la selección de los asistentes y las advertencias del mandatario sobre la supuesta tendencia del sector a la especulación y la ilegalidad.
La Presidencia cubana informó recientemente sobre una reunión sostenida por Díaz-Canel con \»representantes del sector privado\», abarcando áreas estratégicas como la alimentación, la agricultura, la energía, el transporte y el asesoramiento jurídico. Sin embargo, el reporte oficial evitó identificar a los asistentes, explicar los criterios de selección, el mandato que poseen o a quiénes representan exactamente. Ante esta falta de transparencia institucional, Monreal cuestionó la base jurídica de estos interlocutores: \»¿Qué norma define su estatus jurídico y regula su selección, mandato y rendición de cuentas? ¿Representan a propietarios, trabajadores o ambos?\». La opacidad refleja la lógica habitual del gobierno cubano, que prefiere negociar con interlocutores dóciles en lugar de reconocer actores autónomos.
Durante el encuentro, el ejecutivo cubano prometió mantener un contacto sistemático con las formas estatales y no estatales de la economía, argumentando que el diálogo es necesario para construir consensos. No obstante, Díaz-Canel aprovechó la plataforma para lanzar una advertencia al sector privado, señalando que este no puede convertirse en un \»espacio de ilegalidades, de evasión fiscal, de especulación, de corrupción, de acaparamiento, de fijación de precios desconectados de las realidades\». Por su parte, los empresarios presentes denunciaron los \»prejuicios y trabas\» que enfrentan constantemente en los niveles intermedios de la administración pública, una burocracia que históricamente ha frenado cualquier intento de autonomía económica en la isla.
La urgencia de una representación gremial específica
La primera de las propuestas de Monreal se centra en la creación de una organización empresarial dedicada de forma exclusiva a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). El economista argumenta que, si bien estas entidades ya operan a escala nacional tras su aprobación en 2021, carecen de una institución que las represente con la misma especificidad con la que el régimen de La Habana las regula. \»Sin un interlocutor colectivo, sus demandas legítimas se diluyen\», advirtió, señalando una asimetría evidente entre el peso del aparato regulatorio estatal y la falta de voz organizada del sector.
Esta nueva entidad no pretendería desplazar a la Cámara de Comercio de la República de Cuba, sino complementarla. Actualmente, la Cámara de Comercio reúne a 1.705 empresas de distintas formas de propiedad, aunque no precisa cuántas corresponden al sector privado emergente. Su misión principal se enfoca en la internacionalización de las empresas y los intereses del país en el exterior, un enfoque que deja desatendidas las necesidades internas de las mipymes. Monreal plantea la necesidad de un gremio especializado, eventualmente organizado por ramas, capaz de recopilar datos sobre cierres, pérdidas y obstáculos burocráticos locales para diseñar políticas públicas con menos \»ensayo y error\» y reducir la fricción regulatoria.
La carencia de un contrapoder laboral institucionalizado
La segunda propuesta de Monreal aborda la situación de los trabajadores empleados por estas mipymes. El economista pidió autorizar sindicatos independientes de la CTC, otorgándoles personería jurídica para negociar convenios colectivos. La lógica es directa: la relación laboral entre un empleador privado y sus asalariados difiere sustancialmente de la existente en una empresa estatal, donde el Estado es el dueño y el regulador. \»Si admite contratación laboral y lucro del empleador privado, también debe existir una contraparte laboral que represente a los trabajadores en la negociación colectiva. Sin ella, el modelo queda incompleto: hay empresario, pero no contrapoder laboral institucionalizado\», explicó Monreal.
Para el economista, establecer simples secciones de la CTC dentro de las mipymes resulta insuficiente, debido a que la central obrera ha operado históricamente bajo una lógica de unidad indisoluble entre la dirección empresarial, el Partido Comunista y la organización laboral. Los trabajadores del sector privado requieren un sindicato que no sea un apéndice de la dirección de la empresa ni una \»polea de transmisión del PCC\», sino un genuino representante de la plantilla. El propio secretario general de la CTC, Osnay Miguel Colina Rodríguez, reconoció recientemente que la sindicalización no crece al mismo ritmo que el empleo privado, admitiendo que no pueden afirmar que representan a los trabajadores cubanos si excluyen a este sector en expansión.
Compromisos incumplidos con la OIT y represión sindical
El reclamo de Monreal se alinea con las persistentes observaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Aunque la isla ha ratificado convenios sobre libertad sindical y negociación colectiva (87, 98 y 135), el Comité de Libertad Sindical ha mantenido abierto el caso 3271 durante décadas, documentando la injerencia gubernamental y la falta de reconocimiento a organizaciones no afiliadas a la CTC. En su informe más reciente, el comité lamentó la \»total falta de avances\» y exigió el reconocimiento de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC).
Ante estas exigencias internacionales, la dictadura cubana ha respondido con el rechazo sistemático, acusando a la ASIC de no poseer representación legítima y de perseguir objetivos políticos con financiamiento extranjero. Las autoridades de la isla solicitaron el cierre del expediente, pero el Comité de la OIT lo mantuvo activo ante la ausencia de investigaciones o sentencias que respaldaran las afirmaciones del gobierno, reiterando su solicitud para realizar una misión de contactos directos en el país. Esta dinámica demuestra que el régimen no tolera ninguna forma de organización civil que escape a su control vertical.
Contexto: Un sector privado asfixiado por la crisis estructural
El debate sobre la representación de las mipymes y los trabajadores ocurre en medio de la peor crisis económica que ha atravesado la isla en décadas. La inflación galopante, el colapso del sector electroenergético y la profunda escasez de bienes de primera necesidad han generado un terreno sumamente hostil para el desarrollo del sector no estatal. Las mipymes surgieron como un parche para intentar dinamizar una economía estancada, pero operan bajo un marco regulatorio asfixiante, evidenciado en el Decreto-Ley 88 de 2024 y el Decreto 160, que actualiza las actividades prohibidas o condicionadas para los privados, limitando su capacidad de acción en sectores clave.
Aunque el gobierno cubano abrió parcialmente la economía para permitir la creación de estas empresas, la burocracia intermedia, la inestabilidad jurídica y el acoso fiscal continúan limitando su capacidad de operación. Muchos empresarios se ven obligados a importar insumos enfrentando trabas aduaneras y un sistema bancario ineficiente, mientras la ciudadanía sufre los efectos de un mercado distorsionado. Simultáneamente, el éxodo migratorio masivo ha privado al país de fuerza laboral, afectando tanto al sector estatal como al emergente sector privado, que no encuentra mecanismos eficaces para retener el talento ante salarios devaluados por la inflación y la falta de incentivos reales.
Implicaciones futuras y responsabilidad del poder
Las propuestas de Monreal evidencian una contradicción fundamental del modelo económico impulsado por las autoridades de la isla: se permite la existencia de actores privados para captar divisas y aliviar la presión social, pero se les niega las herramientas institucionales para su autodefensa y representación. Mientras la dictadura mantenga el monopolio de la representación sindical a través de la CTC y condicione el desarrollo empresarial a la lealtad política, el sector privado operará en un limbo jurídico y de subsistencia.
El futuro de las mipymes y de los trabajadores cubanos dependerá de si la presión interna y la vigilancia de la comunidad internacional logran forzar una verdadera apertura democrática que garantice libertades económicas y sindicales plenas. Sin una cámara de comercio que defienda los intereses de los empresarios frente a la arbitrariedad estatal, y sin sindicatos independientes que protejan a los trabajadores de la explotación privada y estatal, el sector no estatal será únicamente una válvula de escape temporal para un sistema económico que se niega a reformarse de manera estructural.
