La plataforma opositora Pasos de Cambio presentará el próximo 2 de septiembre en la Florida International University (FIU) el IX Informe sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba, elaborado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH). El documento arroja cifras devastadoras: el 94% de la población se encuentra en pobreza extrema y el 95% rechaza de manera contundente la gestión económica y social del régimen de La Habana.
El encuentro, titulado “Colapso social en Cuba”, se llevará a cabo a las 6:00 de la tarde en el salón 102 del edificio SIPA II del campus Modesto A. Maidique de la FIU. La activista Rosa María Payá, líder de Cuba Decide y coordinadora de Pasos de Cambio, encabezará el acto junto a Yaxys Cires, director de Estrategias del OCDH, quien expondrá los resultados de la investigación. La convocatoria tiene como objetivo formular propuestas frente a la emergencia humanitaria que atraviesa la isla.
El panel de análisis contará con la participación de Teo Babun, presidente y director ejecutivo de Outreach Aid to the Americas; Andres Asion, integrante de la junta asesora de Global Empowerment Mission; y el sacerdote José Joaquín Espino, rector del Santuario Nacional Ermita de la Caridad. Como moderadores actuarán Armando Ibarra, asesor principal de la Fundación para la Democracia Panamericana, y el abogado y profesor Mijail Bonito.
Metodología y cifras de una crisis ineludible
El informe que será debatido en la FIU fue divulgado previamente el 13 de agosto en Buenos Aires, Argentina. El OCDH fundamenta sus conclusiones en 1.318 entrevistas personales realizadas en 79 municipios de todas las provincias cubanas, incluida la Isla de la Juventud, entre el 27 de junio y el 29 de julio de 2026. La investigación declara un margen de error de más o menos 2,8 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%, empleando un muestreo aleatorio y estratificado por lugar de residencia, sexo, edad y grupo racial.
Para medir la pobreza, la organización tomó como referencia ingresos inferiores a 1,90 dólares diarios por persona, utilizando una mediana de 510 pesos cubanos por dólar, calculada con datos del mercado no estatal entre octubre de 2025 y junio de 2026. Bajo este parámetro, un hogar de tres personas necesitaría ingresar el equivalente a 171 dólares (87.210 pesos cubanos mensuales) para superar el umbral de pobreza extrema. Sin embargo, la realidad dista mucho de esta cifra: el 68% de los encuestados declaró ingresos familiares inferiores a 20.001 pesos mensuales, evidenciando la brutal desconexión entre los salarios pagados por el Estado y el costo real de la vida.
La inseguridad alimentaria es uno de los indicadores más críticos del estudio. El 63% de los cubanos afirmó tener dificultades incluso para adquirir artículos esenciales, mientras que el 30% confesó que sus recursos apenas alcanzaban para cubrir las necesidades básicas. La magnitud de la crisis se materializa en el dato de que ocho de cada diez entrevistados señaló haber omitido al menos una comida diaria durante los seis meses anteriores por falta de dinero, alimentos o ambos factores.
Deterioro habitacional y colapso de la infraestructura
El abandono institucional también se refleja en el fuerte deterioro habitacional. El 47% de los encuestados afirmó que su vivienda necesita reparaciones, el 25% requiere una intervención urgente y el 7% vive en inmuebles en peligro de derrumbe. Solo el 18% consideró que su casa se encontraba en buen estado. Además, un 21% reside en condiciones que el OCDH clasifica como inseguridad habitacional, incluyendo viviendas ocupadas sin título o permiso, albergues, campamentos y personas sin techo.
La evaluación de los servicios públicos es un claro clamor ciudadano frente a la ineficiencia estatal. La infraestructura eléctrica recibió la peor calificación, con un 95% de valoraciones negativas, seguida por la recogida de basura y gestión de vertederos (87%), los servicios de internet y telefonía (86%), los acueductos y alcantarillados (84%), los hospitales y centros de salud (82%) y las carreteras (80%). En conjunto, el 95% de los entrevistados consideró que las infraestructuras y servicios son regulares o malos, y apenas el 2% los describió como buenos.
Al consultar sobre las principales urgencias a atender en los próximos seis meses, los apagones lideraron la lista con un 70% de las menciones. Le siguen la crisis alimentaria (52%), el costo de la vida y la inflación (45%), la sanidad y la falta de medicamentos (34%), los salarios (27%) y la inseguridad y violencia (24%). La pregunta permitía escoger hasta tres respuestas, reflejando la multidimensionalidad de la crisis que sufren los ciudadanos a diario.
Contexto: El fracaso estructural de la dictadura cubana
Estos indicadores no son producto de circunstancias coyunturales, sino el resultado directo del fracaso del modelo económico impuesto por la dictadura cubana. La centralización planificada, la prohibición histórica de la libre empresa y la dependencia de subsidios externos han destruido la capacidad productiva de la isla. Desde la caída del campo soviético, el país no ha logrado una reestructuración real, manteniendo un esquema que penaliza la iniciativa privada y concentra la riqueza en manos de la cúpula militar, mientras la población sobrevive en la indigencia. Las autoridades de la isla han optado por mantener un sistema de control social que prioriza la permanencia en el poder sobre el bienestar de los ciudadanos.
La inflación galopante, impulsada por la emisión inorgánica de moneda por parte del gobierno cubano para financiar sus déficits fiscales, ha pulverizado el poder adquisitivo del salario promedio. Las sucesivas devaluaciones del peso cubano no lograron estimular la economía, sino que empobrecieron aún más a los trabajadores estatales. Esta crisis estructural ha desencadenado el mayor éxodo migratorio en la historia reciente de Cuba, con cientos de miles de ciudadanos huyendo hacia Estados Unidos y otras naciones ante la imposibilidad de sustentar a sus familias. La fuga de talento y fuerza laboral agrava aún más la recesión, vaciando sectores estratégicos como la salud y la agricultura.
A la crisis material se suma la represión sistemática. La dictadura ha incrementado la criminalización de la pobreza y la protesta social, utilizando el aparato policial y judicial para acallar cualquier manifestación de descontento. Las políticas de hostigamiento contra opositores, periodistas independientes y activistas buscan impedir que la indignación popular se traduzca en una movilización nacional, manteniendo a la población en un estado de parálisis forzada. El miedo y la falta de canales democráticos para exigir cambios son factores determinantes en la supervivencia de un sistema ampliamente rechazado por la población.
Rechazo ciudadano y expectativas de cambio
El informe del OCDH refleja este agotamiento político. La gestión económica y social del ejecutivo cubano recibe una valoración negativa del 95%, y solo el 3% aprueba el desempeño de Miguel Díaz-Canel y Manuel Marrero Cruz. El 84% de los encuestados desconfía de las últimas medidas económicas anunciadas por La Habana y considera que no mejorarán la situación; apenas el 6% espera un efecto favorable. Yaxys Cires subrayó al divulgar el estudio que el régimen no puede seguir atribuyendo a factores externos las consecuencias de sus propias decisiones, señalando que \»el modelo improductivo y dependiente está en la base del problema, también sus prioridades\».
En materia de salud y educación, sectores tradicionalmente exaltados por la propaganda oficial, el deterioro es evidente. Ante el colapso de los hospitales y la falta de medicamentos, el 66% de los cubanos se inclina por la coexistencia de servicios públicos y privados, rompiendo con el monopolio estatal. Solo el 21% defiende un modelo exclusivamente público y el 6% uno únicamente privado, lo que demuestra el descrédito de las instituciones gubernamentales que alguna vez fueron pilar del discurso oficial.
Pese a la represión y el colapso, el 50% de los encuestados mantiene la esperanza de que se produzca un cambio importante y favorable para la población en los próximos seis meses, frente al 33% que no lo espera. El 76% demanda transformaciones simultáneas en los ámbitos político y económico; el 9% prefiere cambios únicamente económicos y el 4% solo políticos. Notablemente, la eliminación del embargo de Estados Unidos fue señalada por apenas el 7% como el cambio deseado, desmintiendo la narrativa oficial que culpa al bloqueo por la crisis interna.
La presentación en FIU de estos datos busca articular respuestas a la emergencia humanitaria desde una perspectiva de transición pacífica hacia la democracia, según la plataforma Pasos de Cambio. La comunidad internacional y los actores democráticos enfrentan el reto de diseñar mecanismos para aliviar el sufrimiento de la población civil y presionar por una apertura democrática. El informe del OCDH evidencia que el statu quo es insostenible y que la falta de libertades y la miseria extrema están intrínsecamente ligadas en la Cuba actual, dejando claro que sin un cambio de régimen, la recuperación social y económica de la isla es inviable.
