Las autoridades provinciales de Granma reconocieron públicamente que no disponen de los más de 400 millones de pesos necesarios para abonar las pensiones de junio, obligando a escalonar los pagos según la disponibilidad diaria de dinero en las sucursales bancarias. La admisión constituye uno de los reconocimientos más explícitos de la crisis de liquidez que atraviesa el sistema financiero de la isla.
La Comisión Provincial de Atención a la Seguridad Social difundió la información a través de un programa especial de la televisión estatal, donde las autoridades detallaron que el desembolso de las pensiones dependerá de la entrada diaria de efectivo en las sucursales del Banco Popular de Ahorro. Para gestionar el colapso, se establecerán grupos de cobro organizados por edad, priorizando a los sectores en mayor condición de vulnerabilidad.
La situación más crítica se concentra entre los jubilados que perciben sus pagos a través de las oficinas de Correos de Cuba. Las autoridades admitieron que la mayoría de los municipios de Granma aún no cuenta con el dinero necesario para iniciar los desembolsos previstos. Desde abril, la provincia ha implementado medidas extraordinarias como el seguimiento diario de los ingresos en cada sucursal, la autorización centralizada para extracciones superiores a 5.000 pesos y la identificación prioritaria de pensionados en situación de riesgo.
El gobierno cubano traslada la culpa al sector privado
En su explicación oficial, el régimen cubano atribuyó parte de la crisis a la supuesta negativa de numerosos negocios privados a depositar sus ingresos en el circuito bancario, así como a la resistencia ciudadana al uso de medios de pago electrónicos. En respuesta, las autoridades anunciaron acciones coercitivas contra establecimientos que no cumplan con las obligaciones de depósito y dispusieron la presencia permanente de representantes gubernamentales en bancos y oficinas de correos para informar directamente a los pensionados.
La crisis de pagos en Granma refleja un problema estructural que afecta a toda la isla. En los últimos meses se han multiplicado los testimonios de personas mayores obligadas a esperar horas e incluso días frente a entidades bancarias y cajeros automáticos fuera de servicio, en medio de apagones prolongados y una inflación que erosiona continuamente el poder adquisitivo de las pensiones, cuya media nacional no supera los 1.500 pesos mensuales.
Un sistema social en quiebra
El episodio expone con crudeza el deterioro del contrato social que la dictadura cubana ha esgrimido históricamente como legitimación. La incapacidad de garantizar el pago puntual de pensiones —uno de los compromisos básicos de cualquier Estado— se produce en un contexto de colapso generalizado de servicios públicos, éxodo migratorio sin precedentes y una economía incapaz de generar las divisas necesarias para sostener su propio aparato institucional. El triunfalismo con el que voceros oficiales intentaron tranquilizar a los afectados —\»quizá no todos cobren en el momento que quisieran, pero todos cobrarán\»— contrasta con la realidad de miles de ancianos que dependen de esos ingresos para su supervivencia diaria en un país donde acceder a alimentos básicos exige ya esfuerzos extraordinarios.
