El gobierno cubano ha anunciado una serie de medidas que permitirán a los emigrados invertir en infraestructura y gestionar hoteles en la isla. El anuncio, hecho por Miguel Díaz-Canel ante la evidente retirada de inversionistas extranjeros y el fracaso del sector turístico, representa un giro radical en la política económica. Sin embargo, la iniciativa choca con la desconfianza generalizada y contradice abiertamente los preceptos constitucionales que prohíben el enriquecimiento personal.
La decisión del ejecutivo cubano llega en un momento de crisis aguda. La empresa militar GAESA enfrenta el éxodo de cadenas hoteleras internacionales que han evaluado la situación insular como inviable para los negocios. A esto se suma el colapso energético, evidenciado en el paro técnico de termoeléctricas como la Antonio Guiteras, y un deterioro social sin precedentes que ha colocado a la isla por detrás de naciones como Haití en ciertos indicadores macroeconómicos. En este escenario de asfixia financiera, las autoridades de la isla buscan en la diáspora una tabla de salvación, tras décadas de haberla marginado y criminalizado.
Durante su intervención, Díaz-Canel aseguró que se ha creado un marco jurídico \»seguro\» para proteger las inversiones de los cubanos en el exterior, solicitando una confianza que el Estado no ha sabido o querido ganarse. La medida resulta paradójica frente a una Constitución que consagra el socialismo como irrevocable y declara incompatible el enriquecimiento personal con sus principios fundamentales. Expertos señalan que esta brecha legal parece diseñada para aliviar temporalmente la asfixia del régimen, particularmente ante la presión internacional y la incertidumbre geopolítica, más que para fomentar un desarrollo sostenible y real.
Un sector turístico en ruinas y el menosprecio histórico a la emigración
El llamado a la inversión de origen nacional contrasta con la realidad del turismo interno, impulsado ahora por la ausencia de visitantes foráneos. Durante años, el sector hotelero ha operado bajo estándares de calidad mínimos, enfocados en un cliente cautivo que, en muchos casos, es subsidiado por familiares emigrados. La infraestructura turística, al igual que la capitalina, sufre un abandono estructural que la dictadura cubana pretende revertir con el capital de quienes se vieron obligados a exiliarse por la persecución política y la asfixia económica.
La exigencia de que la emigración reconstruya el país ignora la responsabilidad directa del poder en la destrucción de la infraestructura nacional. Desde 1959, las políticas implementadas desmantelaron el tejido económico y productivo de la isla, transformando ciudades históricas en zonas de alto deterioro. La misma población que ha sostenido la economía parasitaria mediante remesas frente al desabastecimiento crónico y la inflación, ahora es invitada a invertir en un entorno donde las garantías jurídicas son nulas y la represión social sigue siendo la tónica.
Las implicaciones de este giro económico son inciertas, pero el riesgo para los inversionistas es evidente. Mientras el régimen de La Habana intente maquillar su ineficacia con medidas tardías y contradictorias, la falta de un estado de derecho real disuadirá a la diáspora de comprometer sus recursos. La comunidad internacional y los actores económicos observarán cómo estas promesas se materializan en un sistema que históricamente ha confiscado capitales y reprimido la iniciativa privada, dejando a la ciudadanía común frente a un modelo que se resiste a democratizarse y a abrirse de manera genuina.
