La Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos rechazó el recurso presentado por Bacardí contra la renovación del registro federal de la marca Havana Club a favor de Cubaexport, una empresa del régimen de La Habana. El fallo confirma que la Oficina de Patentes y Marcas estadounidense actuó dentro de sus facultades al aprobar la solicitud en 2016, prolongando una disputa legal que se remonta a las expropiaciones del gobierno cubano.
El panel de tres jueces ratificó de manera unánime la sentencia dictada en marzo de 2025 por la jueza federal Leonie Brinkema, del Distrito Este de Virginia. La controversia giró en torno al pago realizado por Cubaexport en diciembre de 2005 para renovar la inscripción. Aunque la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro rechazó inicialmente la operación por las restricciones del embargo, una licencia expedida en 2016 validó retroactivamente aquella transferencia. Los magistrados concluyeron que dicha licencia eliminó el obstáculo legal, otorgando al pago de 2005 el mismo efecto jurídico que habría tenido sin las restricciones impuestas a la isla.
Bacardí había sostenido que la agencia estadounidense excedió su autoridad al renovar una inscripción que, a su juicio, había expirado una década antes, acusando además a la institución de actuar de manera arbitraria. Sin embargo, la corte descartó ambos argumentos al determinar que la decisión administrativa definitiva a revisar no era la negativa de 2006, sino la resolución del director de la Oficina de Patentes en 2016. El tribunal también rechazó las quejas sobre la demora de casi diez años, señalando que gran parte del expediente estuvo suspendido mientras Cubaexport litigaba contra la OFAC.
El origen del litigio: confiscaciones sin compensación
Este fallo judicial es un nuevo capítulo de un conflicto que hunde sus raíces en los inicios de la dictadura cubana. La disputa se originó tras la confiscación y expropiación sin compensación de la empresa José Arechabala S.A., creadora del ron Havana Club, por parte del poder castrista. Tras el vencimiento del registro estadounidense que pertenecía a la compañía original en 1976, Cubaexport inscribió la marca a su nombre. En los años noventa, los herederos de Arechabala vendieron a Bacardí los intereses que aún conservaban sobre la denominación, iniciando una batalla legal contra el aprovechamiento de los activos confiscados por las autoridades de la isla.
Aunque el fallo mantiene la validez de la renovación concedida a la Empresa Cubana Exportadora de Alimentos y Productos Varios, no resuelve de manera definitiva el conflicto sobre la propiedad y el uso de Havana Club en territorio estadounidense. La propia sentencia recuerda que permanece pendiente una demanda separada presentada por Bacardí en el Tribunal Federal del Distrito de Columbia para cancelar el registro de Cubaexport. Mientras tanto, el régimen de La Habana continúa lucrando con marcas y propiedades que en su origen fueron arrebatadas a ciudadanos y empresarios en virtud de políticas arbitrarias y sin el amparo de un estado de derecho.
