El central «Coloso», antiguo ingenio Delicias en Puerto Padre, se erige como una anomalía inexplicable en el panorama nacional: es el único molino que continúa moliendo caña en toda la Isla. Detrás de su funcionamiento operan presuntos empresarios extranjeros identificados popularmente como «los guatemaltecos», levantando serias interrogantes sobre violaciones a la Ley Helms-Burton y la utilización de negocios privados como fachada para la cleptocracia militar del régimen de La Habana.
La industria azucarera cubana, otrora el orgullo y el motor económico indiscutible de la nación, se encuentra sumida en una postración absoluta que refleja la decadencia generalizada del país. De los dieciséis ingenios que el gobierno cubano anunció con bombos y platillos para la actual zafra, apenas uno permanece activo. Se trata del central rebautizado extraoficialmente como «Coloso», ubicado en el municipio de Puerto Padre, en la provincia de Las Tunas. Mientras el resto del país ha detenido sus molinos abruptamente por la aguda crisis energética, la ineficiencia crónica y la falta de insumos básicos, las sirenas de este ingenio siguen sonando, desafiando no solo la lógica económica de la Isla, sino también el marco jurídico internacional.
El misterio que envuelve a esta instalación no radica únicamente en su capacidad milagrosa para mantenerse operativo en medio de las ruinas, sino en la identidad de quienes lo administran. En las calles de Puerto Padre se comenta de forma abierta que el central, sus camiones, cosechadoras combinadas, tractores, implementos agrícolas y hasta las plantaciones de caña han sido «comprados» en su totalidad por capitalistas extranjeros. Estos individuos son referidos indistintamente por la población como «los guatemaltecos», «el español» o, en una versión aún más rocambolesca, como un presunto biznieto del dueño original estadounidense. Sin embargo, no existe pronunciamiento oficial alguno por parte del Estado o de las empresas estatales que valide, regule o transparente esta supuesta transacción.
Esta opacidad institucional, característica del régimen de La Habana, choca frontalmente con la legislación internacional, específicamente con la Ley para la libertad y la solidaridad democrática cubana, ampliamente conocida como Ley Helms-Burton. El inmueble y las tierras que hoy ocupa el «Coloso» fueron expropiados sin compensación alguna a la empresa The Cuban American Sugar Mills Company en los primeros años de la dictadura. Cualquier individuo o entidad, nacional o extranjera, que «trafique con una propiedad confiscada» de manera intencional y a sabiendas, se encuentra de espaldas a esta ley. Esta acción expone a los presuntos administradores a severas sanciones legales por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, a menos que cuenten con una licencia especial que hasta el momento no ha sido publicada ni reconocida.
Resulta profundamente paradójico, por no decir escandaloso, que mientras el discurso oficial del gobierno cubano se sostiene invariablemente en la narrativa del «bloqueo» imperialista, se permita la operación pública y notoria de un ingenio bajo el mando de capital foráneo sobre propiedades confiscadas. Los fundadores originales de este coloso azucarero, visionarios que a inicios del siglo XX inyectaron capital y tecnología para crear uno de los complejos azucareros más modernos y productivos del mundo, jamás imaginaron que su legado sería primero saqueado por el Estado totalitario y luego entregado de forma anónima a intereses privados no identificados. El despojo inicial abrió las puertas a esta nueva fase de tráfico de bienes nacionalizados.
La pregunta ineludible en el ámbito económico es cómo este ingenio, supuestamente en manos privadas extranjeras, logra abastecerse de combustibles, lubricantes, piezas de repuesto y maquinaria de vanguardia, como una eficiente ensacadora para pesar y empacar el azúcar, en un país donde el sector estatal ha paralizado por completo la producción. Ningún otro central en Cuba produce azúcar. La proeza del «Coloso» no es mérito de la gestión socialista, sino el resultado de oscuros acuerdos que el régimen prefiere mantener en la sombra para evadir el escrutinio internacional. Además, se ha denunciado que las Unidades Básicas Cooperativas de Producción Agropecuaria (UBPC) adyacentes fueron desintegradas, sus cooperativistas convertidos en simples jornaleros y obligados a vender todos sus bienes a estos presuntos «guatemaltecos».
Un aspecto revelador de esta operación es el destino del azúcar producida y su mecanismo de comercialización. Camiones rastras llegan al batey de Puerto Padre, en ocasiones hasta dos veces por semana, para cargar sacos de azúcar valorados en miles de millones de pesos, los cuales son adquiridos por las llamadas MIPYMES (micro, pequeñas y medianas empresas). En la Cuba actual, estos «negocios privados» funcionan con frecuencia como tapaderas de los multimillonarios negocios de la cleptocracia castrocomunista. Permiten que la cúpula militar, a través del conglomerado empresarial GAESA, cambie de antifaz, controle el mercado y blinde sus activos bajo un aparente manto de legalidad privada y emprendedurismo.
La debacle del sector azucarero es la metáfora más cruda y perfecta de la ruina nacional. El viejo refrán criollo afirma que «sin azúcar, no hay país», y la realidad contemporánea confirma que la Cuba actual es cualquier cosa menos un país próspero. Se asemeja más a una finca abandonada, a una fábrica en quiebra técnica o a un basurero a cielo abierto. La dictadura, en más de seis décadas de control absoluto, ha logrado desmantelar la principal fuente de riqueza de la Isla, reduciendo a los cubanos a la miseria y convirtiendo a la nación en un territorio dependiente de remesas y caridad internacional. El «Coloso» no es una golondrina que haga verano; es un espejismo en un desierto económico.
Quienes pretenden lucrarse con las propiedades expropiadas, ya sean estos «guatemaltecos», «españoles» o herederos de los antiguos dueños, ignoran un principio fundamental de la geopolítica y la ética: la democracia y la prosperidad no llegarán a Cuba consintiendo, piropeando o haciendo negocios con la tribu totalitaria. La Ley Libertad fue concebida precisamente para presionar hacia una transición democrática real y reparar el daño causado por el expolio. Participar en la explotación de bienes confiscados, en complicidad con el gobierno cubano, no hace más que oxigenar a una dictadura que ha demostrado su incapacidad para generar riqueza y su voracidad para el saqueo sistemático.
Contexto histórico y económico
Para comprender la magnitud de la anomalía del «Coloso», es necesario mirar hacia el pasado y analizar el desmantelamiento de la industria azucarera. A inicios del siglo pasado, la inversión extranjera creó en Cuba ingenios que batían récords mundiales de producción. La Chaparra Sugar Co. y el central Delicias eran emblemas de eficiencia y progreso. Sin embargo, la llegada de la dictadura trajo consigo una avalancha de expropiaciones que no solo despojó a las empresas estadounidenses, sino que eventualmente arrebató hasta los medios de subsistencia más básicos a los ciudadanos cubanos. La centralización estatal de la tierra y la industria resultó en un declive progresivo e irreversible que hoy tiene a la zafra cubana en niveles de hace más de un siglo.
En la actualidad, el régimen de La Habana ha intentado maquillar su fracaso económico promoviendo un sector privado fuertemente limitado y controlado. Las MIPYMES no son expresión de un mercado libre, sino instrumentos de la ingeniería financiera del Estado. En el caso del azúcar, la entrega de facto de un ingenio a capital anónimo revela la desesperación del gobierno cubano por mantener alguna forma de producción, incluso a costa de violar sus propios preceptos ideológicos y el derecho internacional. La utilización de intermediarios extranjeros es una táctica habitual para evadir las sanciones y el escrutinio de las leyes de propiedades confiscadas, permitiendo a la élite militar lucrarse en la sombra.
Conclusión
El caso del central «Coloso» no es una historia de éxito ni de resurrección azucarera, sino un capítulo más de la larga historia de despojo y opacidad que define a la dictadura. Que un solo ingenio, rodeado de un manto de silencio oficial y operando presuntamente en violación de la Ley Helms-Burton, sea el único en producir azúcar en toda la Isla, evidencia la profunda decadencia del modelo económico cubano. Mientras el régimen de La Habana continúe traficando con el patrimonio nacional y utilizando fachadas privadas para enriquecer a su élite militar, la verdadera libertad, la justicia y la recuperación económica seguirán siendo una asignatura pendiente para el pueblo cubano.
