El gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, salió al paso de la indignación pública generada por las recientes declaraciones de la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, quien negó la existencia de mendigos en la isla y calificó de «disfrazados» a quienes sobreviven en las calles. A través de un mensaje en sus redes sociales, el ejecutivo cubano intentó contener el rechazo ciudadano con un llamado a la «sensibilidad», aunque sin anunciar políticas concretas para paliar la pobreza extrema que azota a la población ni asumir la responsabilidad institucional por el colapso del sistema de bienestar.
Sin mencionar directamente a la funcionaria, Díaz-Canel publicó un texto en el que calificó de «muy cuestionable la falta de sensibilidad en el enfoque de la vulnerabilidad». El mensaje, lejos de representar un giro en las políticas asistenciales del Estado, se inscribe en la habitual táctica retórica del régimen de La Habana para gestionar el malestar social. La maniobra busca presentar a la máxima dirección como garante de la justicia social, deslindándola de los errores comunicacionales o la insensibilidad de sus subordinados, sin modificar en absoluto las estructuras económicas que generan la pobreza.
La polémica estalló tras las declaraciones de Marta Elena Feitó durante una sesión parlamentaria, donde aseguró categóricamente que en Cuba «no hay mendigos». La ministra fue más allá al sugerir que las personas en situación de calle han adoptado un «modo de vida fácil». Además, negó que los ciudadanos que hurgan en los contenedores lo hagan para encontrar alimentos, afirmando que solo «recuperan materias primas», e incluso advirtió que muchos actúan al margen del «fisco», insinuando que cometen delitos al ejercer la mendicidad o el reciclaje informal para sobrevivir.
Estas afirmaciones, profundamente desconectadas de la realidad cotidiana, provocaron una ola de indignación dentro y fuera de la isla. Activistas, periodistas independientes y la ciudadanía en general repudiaron el cinismo institucional. En las calles de La Habana, Santiago de Cuba, Camagüey y otras provincias, la presencia de personas durmiendo en portales, pidiendo limosna en semáforos o buscando restos de comida en la basura es un fenómeno imposible de ocultar, resultado directo del deterioro económico sostenido y el abandono estatal.
En su intento por apaciguar los ánimos, Díaz-Canel añadió que «las comisiones de la Asamblea Nacional debaten acciones para superar el difícil momento que vive el país», y atribuyó la salida de la crisis al «esfuerzo, inteligencia y creatividad colectivos». Sin embargo, en ningún momento de su alocución hizo referencia directa a la crisis de indigencia, ni asumió el fracaso de las instituciones encargadas de la asistencia social. Su respuesta se limitó a reafirmar la narrativa oficial de «no dejar a nadie atrás», un eslogan vacío para miles de cubanos que no logran cubrir sus necesidades calóricas mínimas diarias.
Antecedentes de una crisis negada por el Estado
El fenómeno de la mendicidad en Cuba no es nuevo, pero ha escalado a niveles sin precedentes en los últimos años, rompiendo el mito de la igualdad social que el gobierno exportó durante décadas. Durante los años noventa, tras la caída del campo socialista, la isla experimentó una crisis alimentaria severa, pero la mendicidad masiva fue contenida mediante el estricto control social y policial. Hoy, la situación es distinta: el colapso del sistema de racionamiento, la inflación incontrolada y la pérdida del poder adquisitivo han superado la capacidad del aparato represivo para ocultar la miseria.
El llamado «Ordenamiento Monetario» implementado en 2021, que pretendía unificar la moneda y eliminar subsidios, aceleró el empobrecimiento de la clase trabajadora. Las pensiones y salarios estatales resultaron insuficientes frente a una inflación que superó el 30% anual y precios de alimentos básicos que se dispararon en mercados en moneda libremente convertible. La negación de la pobreza por parte de figuras como Feitó responde a una doctrina de Estado que prioriza la imagen del país por encima del bienestar real; admitir la mendicidad sería reconocer el fracaso rotundo del modelo socioeconómico.
El contexto sistémico de la miseria y la represión
La mendicidad y la vulnerabilidad no son anomalías aisladas, sino síntomas de una crisis estructural profunda que el régimen se niega a abordar. La economía cubana atraviesa una hiperinflación galopante, un desabastecimiento crónico de alimentos, medicamentos y combustible, y una infraestructura en ruinas. Mientras el gobierno cubano culpa sistemáticamente al embargo de Estados Unidos y exige «creatividad colectiva» para sobrevivir, evade su responsabilidad en la mala gestión, la centralización paralizante, la falta de incentivos a la producción nacional y la hostilidad hacia el sector privado.
Este escenario de empobrecimiento masivo es uno de los motores principales del mayor éxodo migratorio en la historia reciente de la isla. Cientos de miles de cubanos han abandonado el país en los últimos años huyendo de la miseria que la ministra de Trabajo se niega a ver. Los que se quedan enfrentan apagones prolongados, deterioro de los servicios de salud pública y la imposibilidad de acceder a una canasta básica, empujando a muchos a la mendicidad o a la economía informal de supervivencia, que el Estado criminaliza bajo el pretexto de la legalidad socialista.
A la crisis económica se suma la falta de libertades y la represión sistemática ejercida por la dictadura cubana. La imposibilidad de organizarse de manera independiente para exigir mejores condiciones, denunciar el abandono institucional o crear redes de apoyo social alternativas a las del Estado, deja a la población en total indefensión. Cualquier intento de visibilizar la pobreza, organizar ollas populares o criticar la ineficacia oficial es rápidamente silenciado por el aparato de seguridad del Estado, que prioriza la estabilidad del poder sobre la vida humana.
Implicaciones y perspectivas a futuro
El intento de Díaz-Canel por lavar la imagen del gobierno tras el desafortunado discurso de su ministra no ofrece soluciones reales. La exigencia de «creatividad» a una población exhausta y hambrienta es una afrenta que solo profundiza la brecha de credibilidad entre el poder y la ciudadanía. Sin reformas estructurales que permitan la recuperación económica, sin libertad para los productores y sin voluntad política para reconocer la magnitud de la crisis, la pobreza extrema seguirá expandiéndose a un ritmo imparable.
La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos continúan observando con preocupación el deterioro de las condiciones de vida en la isla. El régimen de La Habana se enfrenta al desafío de mantener el control social frente a una crisis que ya no puede ocultar ni maquillar con discursos revolucionarios anacrónicos. La realidad de las calles, con sus mendigos, ancianos pidiendo limosna y niños en situación de riesgo, desmiente diariamente la narrativa oficial y exige respuestas urgentes que el gobierno parece incapaz de proporcionar.
