El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra tres sobrinos del mandatario venezolano Nicolás Maduro, un empresario panameño y seis empresas navieras vinculadas al sector petrolero. La medida busca desarticular el financiamiento del Cartel de los Soles y reprende la política de acercamiento previa que, según Washington, permitió el fortalecimiento de la dictadura en Caracas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) formalizó la inclusión en su lista negra de Efraín Antonio Campo Flores, Franqui Francisco Flores de Freitas y Carlos Erik Malpica Flores, familiares de la primera dama Cilia Flores. A ellos se suma el empresario Ramón Carretero Napolitano, señalado por mantener contratos lucrativos con el régimen y negocios conjuntos con el clan Maduro Flores. Además, seis buques fueron identificados como propiedad bloqueada en el marco de esta ofensiva contra la red de corrupción estatal.
Campo Flores y Flores de Freitas, conocidos popularmente como los \»narcosobrinos\», fueron condenados en 2016 por narcotráfico tras ser arrestados en Haití durante una operación encubierta de la DEA. Sin embargo, el gobierno de Joe Biden les concedió clemencia en 2022 como parte de un canje de prisioneros. Según las autoridades estadounidenses, ambos regresaron a Venezuela y reanudaron sus actividades delictivas, evidenciando cómo la impunidad alimenta a las estructuras criminales que operan bajo la protección del poder.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, calificó la operación como un esfuerzo para cortar el flujo de recursos hacia el entramado \»narcoterrorista\» liderado por Maduro. El funcionario criticó duramente el intento de diálogo de la administración anterior, argumentando que facilitó el control dictatorial y brutal a expensas de la democracia regional. Por su parte, Malpica Flores, exvicepresidente de PDVSA y previamente sancionado en 2017 y removido en 2022 para incentivar negociaciones que finalmente fracasaron, vuelve a la lista negra por su rol como exfuncionario del ejecutivo venezolano.
Impacto en el eje autoritario regional
Esta ofensiva diplomática y financiera de Washington no solo impacta a la cúpula venezolana, sino que envía un mensaje directo al sistema de corrupción y represión que sostiene a los regímenes aliados en el hemisferio, incluyendo a la dictadura cubana. El colapso institucional, el narcotráfico de Estado y la violación sistemática de los derechos humanos son males compartidos por el eje Caracas-La Habana, donde la depredación de los recursos públicos financia el aparato represivo y la persecución política contra la ciudadanía.
El endurecimiento de la postura estadounidense marca un punto de inflexión en la política hacia América Latina. Al reimponer estas sanciones, Washington busca estrangular las fuentes de financiamiento ilícito que permiten la supervivencia del régimen de Caracas, lo que podría intensificar la presión sobre un gobierno que enfrenta una profunda crisis de legitimidad y un éxodo migratorio sin precedentes, con repercusiones directas en la estabilidad democrática del continente.
