Las autoridades estadounidenses decomisaron este miércoles el petrolero venezolano Skipper frente a las costas de Venezuela, un buque que transportaba alrededor de dos millones de barriles de crudo pesado. Según documentos de PDVSA y fuentes consultadas por la prensa internacional, aproximadamente la mitad del cargamento estaba destinado a la empresa estatal Cubametales, la cual planeaba revender el hidrocarburo a intermediarios energéticos en Asia, en lugar de destinarlo al abastecimiento interno de la isla.
La operación fue difundida a través de un video publicado por la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, donde se observa a efectivos de la Guardia Costera descendiendo en helicópteros sobre la cubierta del buque. Bondi detalló que se ejecutó una orden de incautación contra el petrolero, el cual lleva años sancionado por integrar una red ilícita de transporte que apoya a organizaciones terroristas extranjeras, específicamente la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) y Hezbolá. El barco, anteriormente conocido como Adisa, fue sancionado en 2022 por el Departamento del Tesoro como parte de una vasta red de empresas pantalla utilizadas para evadir las medidas coercitivas internacionales.
El núcleo de esta operación revela el papel de Cubametales, la compañía estatal encargada de la importación y exportación de petróleo en la isla, sancionada por Washington desde 2019. El régimen de La Habana ha utilizado a esta entidad como engranaje central para obtener crudo venezolano a cambio de apoyo político, de seguridad e inteligencia a Nicolás Maduro. En esta ocasión, el esquema incluía un giro adicional: una vez descargado en territorio cubano, el gobierno cubano habría revendido parte del crudo a corredores asiáticos, disfrazando el origen del cargamento para eludir las sanciones comerciales, lo que evidencia un negocio opaco que beneficia a la cúpula gobernante en detrimento del pueblo.
Operaciones de la \»flota oscura\» frente a la crisis energética interna
El seguimiento marítimo indica que el Skipper zarpó a principios de diciembre del puerto de José, en Venezuela, empleando técnicas características de la llamada \»flota oscura\», como la falsificación de señales de posición y transferencias de barco a barco para ocultar el origen del hidrocarburo. Antes de su captura, el buque transfirió cerca de 200.000 barriles a otro petrolero, el Neptune 6, cerca de Curazao, con rumbo hacia Cuba. Estas maniobras ilícitas contrastan dramáticamente con la profunda crisis energética y el desabastecimiento de combustible que sufren los ciudadanos en la isla, donde los apagones prolongados paralizan la economía nacional y agravan el colapso de los servicios públicos.
El decomiso de este cargamento supone un duro golpe a las finanzas opacas de la dictadura cubana y a sus mecanismos de supervivencia geopolítica. Al exponer cómo los recursos energéticos son desviados para lucrarse en mercados internacionales mientras la población enfrenta carencias básicas, el hecho refuerza la postura de la comunidad internacional frente al incumplimiento sistemático de las sanciones. Esta incautación no solo afecta los ingresos del Estado cubano, sino que también envía un mensaje contundente sobre la persecución de las redes de financiamiento ilícito que sostienen a regímenes autoritarios en la región.
