ista advierte que las 176 medidas del régimen cubano ignoran la emergencia humanitaria y la estabilización macroeconómica
El economista cubano Pedro Monreal ha señalado graves deficiencias en el paquete de 176 medidas económicas y sociales aprobado por el gobierno cubano, advirtiendo que el programa excluye un eje específico para afrontar la emergencia humanitaria que atraviesa la isla y tampoco prioriza la estabilización macroeconómica. En un análisis reciente, el experto sostiene que las reformas oficiales parten de premisas ideológicas que ignoran el colapso real de la sociedad.
Monreal detalló que el diseño gubernamental se fundamenta en dos premises altamente problemáticas: una lógica estrictamente productivista basada en el principio de \»oferta primero\» y una postura político-ideológica que evita reconocer la existencia de una crisis humanitaria generalizada. Esta última posición, según el economista, responde a la necesidad del régimen de La Habana de preservar la narrativa de soberanía y continuidad del modelo, en detrimento de la realidad ciudadana.
Las 176 medidas, agrupadas en 23 ejes, fueron aprobadas por la Asamblea Nacional el 18 de junio bajo la presentación del primer ministro, Manuel Marrero Cruz. El funcionario las expuso como un mecanismo para reactivar la economía, admitir una mayor participación del mercado y, ante todo, preservar el sistema socialista. Sin embargo, la crítica de Monreal apunta directamente a la omisión de un eje de \»Emergencia humanitaria con intervenciones combinadas de nutrición y salud\» y otro de \»Estabilización macroeconómica\» como pilares fundamentales.
La lógica de \»oferta primero\» presupone que las liberalizaciones económicas lograrán incrementar la producción de alimentos y generar recursos para el sistema sanitario con suficiente rapidez, evitando así la necesidad de implementar desde el inicio un programa masivo de alivio humanitario. Monreal rebate esta afirmación al señalar que Cuba ya enfrenta una emergencia nutricional en curso. La inseguridad alimentaria, advierte, debe tratarse como el punto de partida de cualquier reforma, y no únicamente como un posible efecto secundario de la liberalización de precios.
Deficiencias en la protección social y el Fondo de Emergencia
Aunque el paquete oficial contempla medidas de protección social en sus ejes ocho y nueve —como el registro digital de personas vulnerables, la creación de módulos básicos mensuales y el respaldo a comedores asistenciales—, no las articula como una respuesta humanitaria inmediata. La objeción central de Monreal se concentra en el diseño y financiamiento del Fondo de Protección Social, correspondiente a la medida 71.
El documento gubernamental establece que este fondo debe existir antes de aplicar las transformaciones, pero prevé nutrirlo con una parte del ahorro que produzca, posteriormente, la eliminación de los subsidios a productos. Para el economista, esta secuencia temporal hace prácticamente imposible que el mecanismo esté operativo antes de que comience el ajuste económico, además de no precisar el alcance real de su cobertura financiera.
El 29 de julio, Marrero informó que las autoridades habían identificado a 876.522 personas en una situación de mayor vulnerabilidad, anunciando la activación de un trámite digital para solicitar protección social. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social puso en funcionamiento este servicio el 3 de agosto mediante la plataforma Soberanía. No obstante, estos anuncios burocráticos omitieron cualquier estimación pública sobre la cobertura financiera del fondo, dejando en la incertidumbre a casi un millón de cubanos en riesgo de exclusión.
Alternativas ignoradas por el ejecutivo cubano
El análisis retoma una propuesta elaborada por los economistas Julio Carranza Valdés y Luis Gutiérrez Urdaneta, quienes plantearon que, ante el deterioro social acelerado, el gobierno cubano debería considerar medidas temporales excepcionales para proteger a la mayoría de la población. Sus recomendaciones incluyen negociar compras estatales de alimentos a importadores privados, distribuirlos de manera racionada a precios asequibles, garantizar el acceso inmediato a divisas para las empresas y aumentar la producción de aceite, huevos y carne con participación privada.
Aunque Carranza y Gutiérrez aclararon que no consideran inminente un estado de emergencia nacional, advirtieron que ese escenario no puede descartarse si continúan agravándose la escasez de alimentos, la crisis energética, las dificultades con el suministro de agua y la inflación. \»La protección de la población es deber primerísimo de un gobierno y gobernar es prever\», sentenciaron, un principio que la dictadura cubana parece haber abandonado en favor del control ideológico.
Contexto de una crisis estructural multifacética
La advertencia de Monreal se enmarca en una crisis estructural profunda que ha colapsado los servicios públicos en la isla. La economía cubana sufre de una hiperinflación que erosiona los salarios reales, un éxodo migratorio sin precedentes que ha diezmado a la fuerza laboral, y un desabastecimiento crónico de productos básicos. La ineficiencia del modelo centralizado, la falta de incentivos a la producción nacional y la dependencia de remesas y turismo han llevado al país a una situación de pobreza generalizada.
La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios describió la situación cubana como una emergencia sostenida y multifacética que debilita los servicios esenciales, con un impacto devastador sobre el sistema sanitario. La falta de medicamentos, el deterioro de los hospitales y los apagones prolongados configuran un panorama donde la supervivencia diaria se ha convertido en el principal objetivo de la ciudadanía.
Monreal atribuyó el detonante inmediato de este deterioro a las restricciones estadounidenses al suministro de combustible, pero fue claro al sostener que estas actuaron sobre vulnerabilidades económicas y sociales preexistentes, creadas por décadas de mala gestión, falta de libertades económicas y represión. La dictadura cubana persiste en culpar exclusivamente al factor externo, evadiendo su responsabilidad directa en el colapso del sistema productivo y la infraestructura nacional.
Antecedentes de reformas truncadas y la propuesta \»Cuba Transformación\»
El historial de reformas económicas en Cuba está plagado de intentos fallidos, como la mal llamada \»Tarea Ordenamiento\» de 2021, que desencadenó una inflación descontrolada y una crisis monetaria sin precedentes. Las 176 medidas actuales son percibidas por muchos expertos como un parche más sobre un sistema que requiere una transformación de raíz, algo que el régimen de La Habana se niega a aceptar por miedo a perder el control absoluto.
Frente a esta incoherencia, Monreal forma parte de \»Cuba Transformación\», una propuesta elaborada junto con Mauricio de Miranda, Omar Everleny Pérez, Ricardo Torres y Pavel Vidal. A diferencia del paquete gubernamental, este proyecto organiza el proceso en tres fases claras: estabilización y medidas de emergencia; recuperación productiva e institucional; y una estrategia de desarrollo a mediano y largo plazo. Sus autores han precisado que el documento no es una respuesta directa a las medidas oficiales, sino una propuesta basada en prioridades, secuencias y coherencia macroeconómica, elementos ausentes en el plan del ejecutivo cubano.
Implicaciones y consecuencias a futuro
La negativa de las autoridades de la isla a reconocer la magnitud de la crisis humanitaria y a implementar políticas de estabilización macroeconómica real augura un futuro sombrío para la población. Sin un alivio inmediato y sin un rediseño estructural que incluya al sector privado no solo como subordinado, sino como motor económico, el ciclo de escasez y empobrecimiento continuará profundizándose.
Las consecuencias políticas de este fracaso son evidentes: la frustración ciudadana seguirá alimentando el éxodo masivo, vaciando al país de su capital humano, mientras que la represión social aumentará para contener el descontento ante la ineficacia gubernamental. La comunidad internacional observa cómo Cuba se hunde en una emergencia que, de no mediar cambios sustanciales y voluntad política para abandonar el dogma, podría convertir a la isla en un Estado fallido en toda regla, con repercusiones irreversibles para su población y para la estabilidad regional.
