Doce integrantes de la selección cubana femenina de béisbol fueron sancionadas con entre dos y cinco años de separación tras un presunto hurto en una tienda de Japón durante la Copa Mundial de 2023, según revelaron tres exjugadoras del equipo, quienes además denunciaron malos tratos, favoritismos y humillaciones por parte de la dirección deportiva, hechos que la prensa oficial mantuvo en total hermetismo.
El escándalo salió a la luz pública a través de testimonios publicados en el sitio «Desde las Gradas con Andino», administrado por Santiago Andino. Tres exjugadoras, oriundas de Santiago de Cuba —una residente en Estados Unidos y las otras dos en el oriente de la isla—, rompieron el silencio sobre lo que realmente ocurrió durante la estadía del equipo en la ciudad japonesa de Miyoshi, donde Cuba terminó en el penúltimo lugar del Grupo B, con una victoria sobre Francia y cuatro derrotas. Sin embargo, la mayor crisis se desarrolló fuera del terreno de juego.
De acuerdo con los relatos, el incidente que desencadenó las sanciones ocurrió en una tienda local. Las atletas habían recibido una dieta de apenas 100 euros para toda su estancia en el país asiático, una cifra que evidencia la precariedad con la que el régimen de La Habana financia a sus delegaciones deportivas. Algunas jugadoras tomaron zapatos sin percatarse de que el dinero no les alcanzaba y salieron del establecimiento sin pagar. La Policía japonesa llegó hasta el hotel donde se hospedaba la selección y exigió la devolución inmediata de los artículos.
Isabel González Pavón, exlanzadora de la selección nacional, detalló que al regresar a La Habana se realizó una reunión con el comisionado nacional, donde se aplicaron sanciones drásticas de entre dos y cinco años de separación del deporte a 12 atletas. González, quien hoy trabaja en una cafetería privada en su provincia natal tras retirarse por desacuerdos con la cúpula deportiva, señaló que el suceso involucró a más de la mitad del equipo, pero nunca fue reportado por los medios de comunicación oficiales, demostrando una vez más el control absoluto de la información por parte del Estado.
Yaneisis Ramírez Tamayo, otra de las entrevistadas que no viajó a Japón pero que conoce los detalles desde dentro, aseguró que entre las sancionadas se encontraba la capitana del equipo, a quien se le impuso el castigo más severo: cinco años. Ramírez consideró que estas medidas punitivas fueron aplicadas para «tapar favoritismos, sobre todo con atletas de Granma», y subrayó la necesidad urgente de un cambio radical en la estructura completa del béisbol femenino en la isla.
Una estructura anclada en el abuso y la impunidad
Las críticas de las exjugadoras apuntan directamente a Margarita Mayeta, metodóloga nacional de este deporte, exintegrante de la selección nacional de voleibol y exdirectora de Deportes del municipio Cerro, quien está al frente del béisbol femenino desde hace más de 20 años. Mayeta, quien cumplió 78 años en marzo pasado, ha sido acusada de implementar métodos humillantes y de mantener un ambiente enrarecido y autoritario dentro de la selección.
Glenda Camila Dunet, una de las cuatro jugadoras que abandonaron la delegación en el Aeropuerto Internacional «Benito Juárez» de Ciudad de México durante la escala del viaje de regreso a La Habana tras el Mundial de 2023, relató una de las situaciones más graves. Dunet, que cruzó la frontera y hoy reside en Estados Unidos, denunció que durante la I Copa del Caribe en República Dominicana en marzo de 2022, sufrió un fuerte dolor abdominal y fue hospitalizada. Al día siguiente, delante de todo el equipo, Mayeta afirmó públicamente que su dolor era una enfermedad de transmisión sexual, repitiendo la misma acusación con otra compañera enferma.
«Nos humilló sin pruebas, sin esperar los resultados médicos, sin respeto alguno», denunció Dunet, quien un año después tuvo que mostrar sus análisis médicos frente a atletas nuevas para demostrar que la acusación era una calumnia y una difamación. La impunidad con la que opera la dirección deportiva es un reflejo de la falta de control democrático y mecanismos de rendición de cuentas que caracteriza a la dictadura cubana en todas sus esferas.
Los antecedentes de arbitrariedad no son nuevos. En el Mundial de 2018 celebrado en Viera, Florida, donde dos jugadoras abandonaron la delegación, la dirección cubana impuso a Isabel González Pavón una sanción de cinco años por un «supuesto vínculo con otra atleta». A pesar de este castigo, González continuó entrenando en su provincia y fue convocada nuevamente para el Mundial de Japón en 2023, una vez transcurrido el lustro de separación, lo que demuestra la incoherencia y el uso discrecional de las sanciones por parte de las autoridades de la isla.
Contexto: El colapso estructural y el declive del deporte nacional
El caso de las peloteras sancionadas no es un hecho aislado, sino una consecuencia directa de la profunda crisis estructural que atraviesa Cuba. La asignación de apenas 100 euros para cubrir los gastos personales de una atleta durante una competencia internacional de semanas de duración es una muestra del desabastecimiento y la miseria salarial que sufren los ciudadanos, incluyendo a los deportistas de alto rendimiento, quienes en décadas anteriores eran tratados como privilegiados por el sistema.
El gobierno cubano ha perdido su capacidad para garantizar las condiciones mínimas para el desarrollo del deporte, lo que ha desencadenado una oleada sin precedentes de deserciones y abandonos. Los atletas, ante la imposibilidad de prosperar bajo el modelo económico fracasado y la constante represión institucional, ven en las competencias internacionales la única vía de escape para buscar mejores condiciones de vida, tal como lo hicieron las cuatro jugadoras que desertaron en México en 2023.
Este declive deportivo se materializó recientemente con la eliminación de Cuba en la primera fase del Mundial de 2026 en Tainán, Taiwán, donde el equipo sumó una sola victoria y cuatro derrotas. La cúpula dirigente, encabezada por figuras inamovibles como Mayeta, ha fracasado en su gestión, mientras la Federación Cubana de Béisbol y Softbol, presidida por Juan Reynaldo Pérez Pardo, mantiene un silencio cómplice ante las denuncias de abuso y malos tratos.
La dictadura cubana ha utilizado históricamente al deporte como una vitrina de propaganda política, pero la realidad ha impuesto su peso. La falta de libertades, el autoritarismo en las estructuras de poder y el colapso económico han transformado al deporte nacional en un reflejo del deterioro del país. Las sanciones a las 12 peloteras no solo castigan un error derivado de la extrema pobreza, sino que intentan ocultar la podredumbre de un sistema que humilla a sus propios representantes.
De cara al futuro, las consecuencias para la ciudadanía y el deporte cubano son devastadoras. Sin un cambio radical en la estructura directiva —como demandan las propias exjugadoras— y sin una transformación política que devuelva la dignidad y los derechos a los atletas, el béisbol femenino y el deporte en general seguirán su espiral de fracasos y deserciones. La comunidad internacional y los organismos deportivos globales deberían prestar atención a estas violaciones de derechos humanos y abusos de poder que se cometen impunemente bajo el amparo del Estado cubano.
