Un grupo de activistas y exiliados cubanos en Miami anunciaron este lunes una serie de acciones públicas para exigir su derecho a regresar a la isla y solicitaron al gobierno de Estados Unidos una excepción legal que permita organizar una misión marítima con ayuda humanitaria hacia Cuba, en contraste con el \»Convoy Nuestra América\» impulsado desde México y vinculado al régimen.
Durante una conferencia de prensa en Miami, figuras como Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia, junto a la activista Salomé García Bacallao y el periodista Norges Rodríguez Almiñán, expusieron la situación de los cubanos desterrados. Los activistas convocaron un encuentro para el próximo 21 de marzo en Loomis Park, donde se realizarán protestas, debates y una recogida de firmas. El objetivo es presentar una petición formal al ejecutivo estadounidense para que levante la orden presidencial que prohíbe el acceso marítimo a la isla.
En paralelo, los promotores enviaron una misiva al secretario de Estado, Marco Rubio, y al presidente Donald Trump, solicitando una excepción a la Proclama Presidencial 6867 de 1996. La propuesta consiste en organizar una misión marítima independiente y pacífica para entregar suministros, alimentos y medicinas directamente a la población civil. Los firmantes argumentan que esta acción se ampara en la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense y en instrumentos internacionales que reconocen el regreso al país de origen como un derecho humano inalienable.
Respuesta a la propaganda oficial y casos de destierro
La iniciativa del exilio surge como respuesta crítica al llamado \»Convoy Nuestra América\», programado para partir desde México y al que está vinculada Mariela Castro Espín, hija del dictador Raúl Castro. Mientras el régimen de La Habana facilita plataformas a personajes afines al poder, la dictadura cubana mantiene una política sistemática de prohibición de entrada a opositores, críticos y exiliados. Esta práctica de destierro vulnera derechos fundamentales y evidencia el control absoluto del Estado sobre la movilidad de sus ciudadanos, profundizando la fractura social y migratoria de la isla.
Los activistas denunciaron durante su intervención varios casos recientes que ilustran esta política de exclusión y represión. Mencionaron a Anamely Ramos González, impedida en 2022 de abordar un vuelo tras una notificación del Ministerio del Interior, y a Leticia Ramos Herrería, integrante de las Damas de Blanco, quien fue devuelta a territorio estadounidense tras arribar a la isla a inicios de febrero. También señalaron el caso de la profesora Omara Ruiz Urquiola, a quien las autoridades de la isla le han negado sistemáticamente el regreso a su hogar tras un exilio forzado.
La solicitud de autorización para la flotilla humanitaria y la denuncia del destierro forzado colocan a la comunidad internacional ante la realidad de las violaciones de derechos humanos en Cuba. La respuesta del gobierno de Estados Unidos a esta petición, así como la repercusión del encuentro del 21 de marzo, definirán los próximos pasos de una diáspora que busca visibilizar la censura y represión del régimen, exigiendo la libertad de circulación que le ha sido conculcada a miles de cubanos.
