La organización Amnistía Internacional ha reclamado la excarcelación incondicional de la opositora cubana Sayli Navarro Álvarez, a quien ha catalogado como presa de conciencia tras su condena a ocho años de prisión vinculada a las protestas del 11 de julio de 2021. La petición pone de nuevo el foco sobre la sistemática represión ejercida por el régimen de La Habana contra quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica.
Navarro, cofundadora del movimiento opositor Damas de Blanco, fue arrestada de forma violenta el 12 de julio de 2021 junto a su padre, el también opositor Félix Navarro. Ambos fueron detenidos cuando se dirigían a la estación de policía de Perico, en la provincia de Matanzas, con el objetivo de indagar sobre el paradero de otras activistas arrestadas durante la jornada de manifestaciones del día anterior. La condena impuesta por las autoridades de la isla responde, según la evaluación de la ONG, estrictamente al ejercicio de derechos fundamentales y no a la comisión de delitos comunes.
Un patrón de criminalización de la disidencia
Desde temprana edad, la activista ha sufrido el acoso estatal, una consecuencia directa del prolongado hostigamiento del que ha sido objeto su padre por su postura política. Amnistía Internacional subraya que el encarcelamiento de Navarro forma parte de un patrón más amplio de persecución, característico de la dictadura cubana, que utiliza el aparato judicial para silenciar cualquier forma de exigencia democrática o de denuncia social. La criminalización del activismo pacífico se ha consolidado como la principal herramienta de control político del ejecutivo cubano.
El caso de Sayli Navarro no es un hecho aislado, sino que se inscribe en la profunda crisis de derechos humanos que atraviesa la isla. Tras las históricas protestas del 11J, el gobierno cubano desató una ola de detenciones, juicios sumarios y condenas desproporcionadas que mantiene a cientos de ciudadanos tras las rejas. Esta estrategia de represión coexiste con un colapso estructural del modelo económico, exacerbando la inflación, el desabastecimiento y propiciando un éxodo migratorio sin precedentes, mientras el miedo impide cualquier canal de protesta ciudadana.
En su pronunciamiento, la organización defensora de los derechos humanos ha hecho un llamado directo a la comunidad internacional para que exija responsabilidades al mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. La presión diplomática y el monitoreo constante de la situación penitenciaria en Cuba resultan imprescindibles para revertir las políticas de violencia estatal y garantizar que activistas como Navarro puedan reintegrarse a la sociedad sin enfrentar represalias por parte del Estado.
