La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció el grave estado de los opositores José Daniel Ferrer García y Félix Navarro Rodríguez, quienes sufren maltratos físicos y privación de atención médica en las prisiones de la isla, evidenciando una vez más la política represiva de la dictadura cubana contra la disidencia.
Según los reportes recibidos por el organismo interamericano, el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) es sometido a golpizas sistemáticas, aislamiento prolongado y alimentación forzada violenta. Además, se le ha negado la asistencia médica y ha sido objeto de amenazas de muerte contra su persona y su familia. Ferrer fue arrestado junto a su esposa, su hijo menor y otros activistas durante un operativo policial en Santiago de Cuba, en un claro ejemplo de la criminalización de la protesta pacífica.
Por su parte, Félix Navarro Rodríguez, detenido cuando intentaba visitar a su hija Sayli Navarro en la prisión de Matanzas, no recibe la atención médica que su edad avanzada y enfermedades crónicas exigen. Las autoridades de la isla también le restringen el acceso a alimentos y el contacto con sus familiares. El Tribunal Supremo Popular justificó la revocación de sus libertades condicionales alegando que ambos opositores \»incitaban al desorden\» y mantenían vínculos públicos con el jefe de la Embajada de Estados Unidos, criminalizando de este modo la libre asociación y expresión.
Incumplimiento de acuerdos y represión sistemática
Ambos líderes opositores habían sido excarcelados en enero de 2025 gracias a un acuerdo mediado por el Vaticano y el régimen de La Habana. Sin embargo, tras el fallecimiento del papa Francisco, el ejecutivo cubano ordenó su inmediato regreso a prisión. Este hecho demuestra que las concesiones del gobierno son meramente tácticas y no reflejan una voluntad real de apertura democrática o respeto a los derechos fundamentales. La CIDH condenó \»el uso de detenciones arbitrarias para perseguir a personas con discrepancias político-ideológicas\» y exigió un trato humano, exigencia que el Estado ha ignorado al no responder a las solicitudes de información sobre las medidas cautelares.
Esta nueva alerta internacional pone de relieve la impunidad con la que opera el aparato represivo en Cuba, donde el encarcelamiento se utiliza como herramienta de control social frente a la crisis estructural que atraviesa el país. La comunidad internacional enfrenta el reto de exigir el cumplimiento de los derechos humanos en la isla, mientras la ciudadanía continúa sufriendo las consecuencias de un sistema que penaliza la disidencia con tortura, aislamiento y abandono institucional.
