El opositor Mario Alberto Hernández Leyva, vicepresidente del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), se encuentra recluido en una celda de castigo desde el pasado 26 de julio, donde ha sido víctima de agresiones físicas por parte de las autoridades penitenciarias. El activista, quien cumple una condena de dos años en la prisión 1580, fue golpeado tras negarse a usar el uniforme de recluso y permanece incomunicado hasta la fecha prevista para su excarcelación.
Según denunció el opositor Adrián Curuneaux Stivens, el traslado al celdario de aislamiento fue ordenado por el Jefe de Unidad Lexis Borrero y el jefe de Orden Interior Yolexis Garlobo. Durante la intervención, los guardias propinaron una golpiza al también delegado del Movimiento Democracia que le ocasionó lesiones en un brazo, con el objetivo de obligarlo a vestir el uniforme carcelario, prenda que el activista se ha negado a usar como forma de protesta. Las autoridades carcelarias han informado que el confinamiento solitario se mantendrá hasta el próximo 13 de agosto, jornada en la que está estipulada su liberación.
Hernández Leyva, quien también figura como promotor de la iniciativa ciudadana Cuba Decide, fue arrestado el 20 de junio de 2024 por agentes de la Seguridad del Estado en el Parque Central de La Habana. Tras un juicio celebrado el 15 de julio de ese mismo año, el régimen de La Habana lo condenó a dos años de privación de libertad bajo los supuestos delitos de resistencia y desacato, figuras penales frecuentemente utilizadas para criminalizar la disidencia pacífica.
Ignoramiento de medidas cautelares internacionales
La situación del opositor ha generado alertas a nivel internacional. A finales de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a su favor tras considerar que se encuentra en riesgo inminente de sufrir daños irreparables a su vida, integridad personal y salud. El organismo hemisférico solicitó al gobierno cubano que adecuara las condiciones de detención a los estándares internacionales, un requerimiento que ha sido sistemáticamente ignorado por las autoridades de la isla.
El organismo internacional ya había documentado previamente el deterioro de la salud del recluso, con signos de desnutrición y afectaciones mentales derivadas de los repetidos abusos sufridos desde 2023, incluyendo traslados a celdas de castigo, torturas y falta de asistencia médica. El caso de Hernández Leyva evidencia el patrón continuo de tortura y coacción que la dictadura cubana aplica contra los activistas dentro del sistema penitenciario, operando con total impunidad frente a los llamados de la comunidad democrática.
Esta nueva agresión no solo representa una violación flagrante de los derechos humanos, sino que envía un mensaje de intimidación a la sociedad civil en un contexto de creciente represión institucional. Ante la indiferencia del ejecutivo cubano hacia los mandatos de la CIDH, la comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos enfrentan el reto de exigir rendición de cuentas y mecanismos de presión efectivos que detengan el abuso sistemático contra los presos políticos en la isla.
