El recluso Danisbel Labrada Morales fue trasladado forzosamente desde la prisión de Ariza, en Cienfuegos, hasta el centro penitenciario de Canaleta, en Ciego de Ávila, en un acto que califica como represalia por sus constantes denuncias sobre la crisis carcelaria. La dictadura cubana ejecutó la operación mediante las Tropas Especiales, profundizando el clima de represión y hacinamiento dentro del sistema penitenciario de la isla.
El traslado ocurrió en la madrugada del pasado jueves, cuando miembros de las Tropas Especiales, conocidas como \»Boinas Negras\», ingresaron a la celda de Labrada Morales para extraerlo mediante el uso de la fuerza. Según relató el propio recluso en una llamada telefónica, las autoridades de la isla no le permitieron recoger sus pertenencias básicas, dejándolo desprovisto de calzado, frazadas y sábanas. Desde su llegada a la prisión avileña, de máximo rigor, ha sido obligado a dormir en el piso sin colchón, en clara violación de las normas mínimas para personas privadas de libertad.
El campesino de 41 años, originario del municipio de Cumanayagua y recluido desde 2016 bajo una condena de 14 años, ha documentado previamente las prácticas abusivas dentro del penal cienfueguero. Entre sus denuncias figuran el rapado forzoso de los presos mientras están esposados, la ausencia de atención médica y una alimentación deficiente que habría desencadenado un cuadro generalizado de desnutrición entre la población penal. Al reclamar sus derechos en el nuevo destino, el segundo jefe de Canaleta, identificado como el capitán Jimyn Caballero Rodríguez, lo amenazó con aislarlo en una celda tapiada si continuaba emitiendo denuncias en redes sociales.
Represión sistemática y crisis estructural en las prisiones
El caso de Labrada Morales no es un hecho aislado, sino un reflejo del control punitivo que ejerce el régimen de La Habana sobre cualquier intento de visibilizar el colapso de los servicios públicos, incluso dentro de los recintos carcelarios. La amenaza de confinamiento solitario sin ropa y bajo tortura física evidencia un patrón de violencia institucionalizada destinada a silenciar la disidencia y la exigencia de derechos básicos. El hambre y la humillación, como señaló el recluso, son utilizados de forma sistemática por el gobierno cubano como instrumentos de castigo para doblegar a los reclusos que alzan la voz.
Frente a esta situación, Labrada Morales ha apelado a la comunidad internacional, a los activistas de derechos humanos y a los gobiernos democráticos para que presten atención a la grave crisis humanitaria que se desarrolla tras los muros de las cárceles cubanas. La persistencia de estos abusos exige una respuesta firme de los organismos internacionales de derechos humanos, ante la impunidad con la que operan los funcionarios del sistema penitenciario. Mientras tanto, la ciudadanía y los reclusos continúan soportando las consecuencias de una política de Estado que prioriza el control represivo sobre la dignidad y la vida humana.
