El preso político Ediolvy Marín Mora permanece incomunicado en un régimen de castigo en la prisión provincial de Camagüey, conocida como Kilo 8, como represalia por haber denunciado las deplorables condiciones de cautiverio. Según testimonios de otros reclusos filtrados desde el interior del penal, las autoridades penitenciarias han prolongado su aislamiento en celdas tapiadas, profundizando el endurecimiento contra los manifestantes del 11J y de las protestas posteriores que permanecen tras las rejas.
Las informaciones sobre el estado de Marín Mora fueron dadas a conocer por los también reclusos Carlos Alain Abrahantes Valdés y Danisbel Labrada Morales, quienes lograron comunicar la situación vía telefónica. De acuerdo con sus relatos, el preso político fue trasladado a las celdas de aislamiento el pasado 30 de julio. La medida se tomó como escarmiento tras sus quejas sobre la situación que sufren los internos en la instalación de máximo rigor.
El castigo inicial de dos semanas se ha convertido en una medida prolongada. El propio 17 de agosto, Marín Mora pudo informar a sus compañeros que los uniformados habían decidido extender su reclusión en celda tapiada por un mes adicional. Esta práctica de alargar los castigos de forma arbitraria es una constante denunciada por organizaciones de derechos humanos, evidenciando la falta de control judicial sobre el accionar de la administración penitenciaria en la isla.
Las condiciones en los calabozos de castigo de Kilo 8 constituyen un trato cruel, inhumano y degradante, según coinciden varios reclusos que han pasado por ellos. Los testimonios detallan que estas celdas son oscuras, gélidas y excesivamente húmedas. Como parte de la rutina de castigo, a los internos se les decomisan todas sus pertenencias. Además, el colchón o colchoneta que les sirve para dormir es retirado a las 6:00 de la mañana y no se les devuelve hasta pasadas las 8:00 de la noche, obligándolos a permanecer de pie o en el suelo frío durante todo el día.
La incomunicación es otra de las herramientas utilizadas para quebrar la resistencia de los presos. Aunque el 14 de agosto los militares permitieron a Marín Mora realizar una llamada telefónica a su hermano, la comunicación estuvo estrictamente vigilada por un guardia y limitada a menos de diez minutos. Esta restrictiva política de comunicación impide a los reclusos y sus familiares denunciar a tiempo las vulneraciones de sus derechos y los riesgos físicos a los que se exponen diariamente.
Ediolvy Marín Mora, de 39 años y residente del reparto La Gloria en Nuevitas, fue detenido el 6 de septiembre de 2022. Su delito, a los ojos de la dictadura cubana, fue participar en las protestas pacíficas de los días 18 y 19 de agosto de ese mismo año en su municipio, las cuales fueron detonadas por los prolongados e intermitentes cortes de electricidad que azotaban a la provincia de Camagüey. En el momento de su captura, Marín Mora trabajaba como cuentapropista en una concretera particular.
El proceso judicial contra el activista ha estado plagado de irregularidades y dilaciones indebidas, propias del sistema penal cubano. Tras su apresamiento, permaneció 31 días en los calabozos de la Seguridad del Estado en el reparto Garrido de Camagüey. Posteriormente fue trasladado a la prisión Cerámica Roja, donde aguardó durante más de dos años y tres meses por su juicio. Finalmente, los días 16 y 17 de enero de 2024, el Tribunal Provincial Popular de Camagüey lo condenó a 13 años de privación de libertad bajo los delitos preestablecidos de sabotaje y sedición, figuras jurídicas habitualmente manipuladas para criminalizar la disidencia.
Contexto represivo y crisis estructural
El caso de Ediolvy Marín Mora no es un hecho aislado, sino una muestra más de la maquinaria represiva que la dictadura cubana ha desplegado para silenciar cualquier forma de disidencia. Las protestas de agosto de 2022 en Nuevitas surgieron como una respuesta espontánea de la ciudadanía al colapso del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), que dejaba a los habitantes sin servicio eléctrico durante 12, 18 y hasta 24 horas al día. La respuesta del régimen de La Habana no fue solucionar la crisis energética, sino desplegar fuerzas especiales y militarizar la ciudad, reprimiendo con violencia a quienes exigían sus derechos básicos.
El desabastecimiento, la inflación galopante y la incapacidad del gobierno cubano para garantizar los servicios públicos mínimos han generado un descontento social sin precedentes. Ante la imposibilidad de gestionar la profunda crisis económica que atraviesa la isla, las autoridades han optado por el endurecimiento penal. La criminalización de la protesta social y el uso excesivo de la prisión preventiva funcionan como herramientas de intimidación colectiva para evitar un nuevo estallido social similar al del 11 de julio de 2021.
Las prisiones cubanas, como Kilo 8 y Cerámica Roja, se han convertido en centros de hacinamiento y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. La sobrepoblación carcelaria, la falta de atención médica y la alimentación deficiente se agravan en el caso de los presos políticos, quienes son sometidos a discriminación y castigos arbitrarios por parte de los guardias penitenciarios. El régimen de aislamiento aplicado a Marín Mora busca no solo castigarlo a él, sino enviar un mensaje de terror al resto de la población penal.
Implicaciones y respuestas internacionales
La situación de Ediolvy Marín Mora, quien figura en las bases de datos de la ONG Cuban Prisoners Defenders como preso político, representa una afrenta a los derechos humanos que la comunidad internacional no puede ignorar. La prolongación de su aislamiento en Kilo 8 pone en riesgo inminente su integridad física y psicológica. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han exigido al ejecutivo cubano el cumplimiento de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de la ONU, conocidas como Reglas Nelson Mandela, las cuales son sistemáticamente violadas en las prisiones de la isla.
El silencio institucional sobre el paradero y las condiciones de cientos de presos políticos exige una presión diplomática más firme contra el régimen de La Habana. Mientras la crisis estructural de Cuba empuja a cientos de miles a la emigración, los que deciden quedarse y alzar la voz enfrentan un aparato judicial ciego y represivo. La libertad de Ediolvy Marín Mora y de todos los cubanos encarcelados por motivos políticos debe ser una condición ineludible en cualquier diálogo sobre el futuro de la nación, frente a un Estado que prefiere invertir sus recursos en reprimir a su propia población antes que en garantizar su bienestar.
