El preso político Yosvany Rosell García Caso fue trasladado a la sala de penados del Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín, en Holguín, tras estabilizarse parcialmente tras una huelga de hambre de 40 días. Las autoridades cubanas mantienen al opositor, condenado por las protestas del 11J, bajo custodia mientras su familia denuncia opacidad en su estado de salud.
Rosell García Caso, quien había sido ingresado de urgencia a mediados de noviembre tras presentar hipotensión arterial, fallos renales y riesgo de paro cardiorrespiratorio, permaneció más de dos semanas en terapia intermedia. Aunque presenta una ligera mejoría clínica, los médicos han considerado que su retorno al centro penitenciario no es prudente debido a su persistente debilitamiento. Su esposa, Mailín Sánchez, pudo verlo recientemente tras varios días de aislamiento en los que el régimen de La Habana solo le permitió entregarle alimentos y ropa, negándole información detallada sobre los exámenes médicos y los posibles daños derivados del prolongado ayuno.
El opositor fue condenado a 15 años de privación de libertad bajo el delito de \»sedición\», una de las figuras jurídicas más utilizadas por la dictadura cubana para criminalizar la participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. La huelga de hambre, que concluyó a principios de diciembre, se convirtió en la única vía de protesta disponible para Rosell ante la nula garantía de derechos y las precarias condiciones carcelarias. Durante su hospitalización, la familia denunció severas restricciones de acceso al centro hospitalario, una práctica habitual del aparato represivo de la isla para aislar a los reclusos de cualquier red de apoyo o solidaridad pública.
Represión sistemática y abandono institucional
El caso de Rosell García Caso no es un hecho aislado, sino un reflejo de la crisis estructural de derechos humanos que atraviesa Cuba. El gobierno cubano ha profundizado en los últimos años su estrategia de hostigamiento y encarcelamiento para desarticular cualquier disidencia, generando un clima de represión que ha impulsado, a su vez, el masivo éxodo migratorio. Las condiciones de atención médica en las prisiones y hospitales del país, sumadas a la escasez de recursos y medicinas, agravan de manera alarmante la situación de los cientos de cubanos que permanecen encarcelados por motivos políticos.
La evolución del estado de salud de Rosell continúa siendo monitoreada por activistas y organizaciones internacionales, quienes han alertado reiteradamente sobre el uso de la huelga de hambre como último recurso ante la intransigencia del poder. La falta de transparencia médica por parte de las autoridades de la isla y la persistencia de condenas desproporcionadas contra los manifestantes del 11J representan un desafío para la comunidad internacional, que deberá evaluar las implicaciones políticas de mantener un diálogo sin condicionamientos frente a un régimen que perpetúa la violación sistemática de los derechos fundamentales de su ciudadanía.
