Cinco años después de las históricas protestas del 11 de julio de 2021, el colectivo Justicia 11J y la organización Cubalex advierten que la dictadura cubana mantiene intactos sus patrones represivos y no ha ofrecido verdad, justicia ni reparación a las víctimas. Las activistas, reunidas desde el exilio, confirmaron que la criminalización de la disidencia se ha profundizado, dejando un saldo de presos políticos, exiliados forzosos y ciudadanos fallecidos bajo custodia estatal.
Durante un panel conmemorativo titulado \»Documentando el 11J: cinco años sin justicia\», las fundadoras de esta iniciativa —respaldadas por el Centro de Información Legal Cubalex— repasaron el trabajo de verificación que inició el mismo día de las movilizaciones. A través de redes sociales y mensajería instantánea, el equipo logró consolidar una base de datos con más de 1.500 registros de detenidos. Esta documentación ha sido fundamental para evidenciar la falta de garantías procesales en los juicios sumarios y para presentar denuncias formales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y diversos mecanismos de Naciones Unidas, incluidos los comités contra la Tortura y de los Derechos del Niño.
Las defensoras de derechos humanos recordaron a los seis manifestantes que perdieron la vida bajo custodia del régimen de La Habana: Luis Barrios Díaz, Yosandri Mulet, Geraldo Díaz Alonso, Manuel de Jesús Guillén, Luis Miguel Oña y Ernesto Brieva Sempé. Asimismo, alertaron sobre la situación de los activistas que fueron excarcelados tras negociaciones del gobierno cubano con el Vaticano, pero que posteriormente fueron devueltos a la prisión o forzados al exilio. Entre ellos figuran opositores de la talla de Félix Navarro, José Daniel Ferrer, Donaida Pérez Paseiro y Marlon Brando Díaz, lo que evidencia la naturaleza arbitraria de las concesiones del poder en la isla.
La persistencia del terrorismo de Estado en los barrios populares
El análisis de las panelistas concluyó que las tácticas represivas han evolucionado hacia un control más sofisticado, pero igual de implacable. La dictadura cubana continúa recurriendo a la desaparición forzada, el procesamiento de menores de edad y la imputación de deligos como sedición y sabotaje para aniquilar la protesta social. Barrios emblemáticos del estallido, tales como La Güinera, Toyo, Santa Amalia y Contramaestre, permanecen bajo fuerte vigilancia estatal. Específicamente en La Güinera, los registros de Cubalex indican que persisten 26 personas encarceladas por motivos políticos, consolidándolo como el enclave con mayor número de presos del 11J en el país.
Esta persistencia de la represión se inserta en un contexto de crisis sistémica que agobia a la nación. El desabastecimiento crónico, la inflación galopante y el colapso de los servicios públicos no han sido resueltos por las autoridades de la isla; por el contrario, el ejecutivo cubano ha respondido a la exigencia ciudadana con un endurecimiento punitivo. La criminalización de las libertades de expresión, reunión y asociación pacífica opera como el principal mecanismo de contención frente a una sociedad que sufre simultáneamente el empobrecimiento material y la ausencia de derechos fundamentales, lo que a su vez sigue alimentando un masivo éxodo migratorio.
Las demandas formuladas por Justicia 11J —que incluyen el acceso a información sobre los detenidos, el sobreseimiento de los procesos, la reparación integral a las víctimas y la apertura de las prisiones al escrutinio internacional— permanecen ignoradas por el poder. Ante este escenario de impunidad, las activistas insisten en que la comunidad internacional debe mantener la presión diplomática y la vigilancia sobre los abusos cometidos en la isla. La falta de rendición de cuentas no solo condena a las víctimas del 11J a un limbo jurídico, sino que garantiza la repetición de ciclos de represión y crisis que amenazan cualquier perspectiva de democratización en Cuba.
