Una nueva ofensiva represiva golpea a la prensa independiente y a la disidencia intelectual en Cuba. La organización Cubalex documentó en los primeros días de junio una serie de hostigamientos, citaciones y operativos de vigilancia contra comunicadores en La Habana, destacando la apertura de un proceso penal y reclusión domiciliaria contra el escritor y exprisionero político Ángel Santiesteban Prats bajo cargos presuntamente fabricados.
El informe de la entidad de derechos humanos señala que Santiesteban fue notificado de los cargos el 2 de junio y sometido a reclusión domiciliaria. Las autoridades de la isla lo acusan de realizar una operación de cambio de moneda extranjera fuera de los canales estatales. Sin embargo, el caso se origina a partir de 200 dólares donados por masones residentes en el exterior al Asilo Nacional Masónico Llansó. El escritor ha declarado que no compró ni vendió divisas, sino que sustituyó los fondos en dólares por su equivalente en moneda nacional utilizando los recursos de la propia institución benéfica, un movimiento contable que, tras una auditoría del Ministerio del Interior y otras entidades, no arrojó faltantes.
A pesar de que la auditoría no encontró dinero desviado, el régimen de La Habana mantiene el proceso penal, el cual contempla sanciones de hasta cinco años de prisión. Santiesteban ha denunciado que la Seguridad del Estado opera desde Villa Marista con un objetivo político subyacente: afectar a José Ramón Viñas Alonso, dirigente masónico que en 2021 envió una carta pública a Miguel Díaz-Canel rechazando la represión del 11 de julio. El escritor asegura que las acusaciones son una fabricación de la dictadura para silenciar y encarcelar a figuras críticas.
Hostigamiento y vigilancia a la prensa independiente
La escalada de intimidación no se limita a Santiesteban. El reporte de Cubalex evidencia que las periodistas Camila Acosta, Anay Remón, Yoani Sánchez y Yania Suárez también han sido blanco de mecanismos policiales para limitar la libertad de prensa. Este lunes, Acosta denunció la presencia de agentes de la Seguridad del Estado en las inmediaciones de su domicilio en la capital, mientras que Remón fue citada por la Policía Nacional Revolucionaria, una diligencia que finalmente no se concretó por la ausencia del oficial encargado.
El uso de supuestos delitos comunes para encausar a opositores y comunicadores es una táctica recurrente del gobierno cubano para presentar como procedimientos legales ordinarios lo que, en realidad, constituye una violación flagrante de los derechos humanos. Esta criminalización de la disidencia se inserta en el contexto de crisis estructural que atraviesa la isla, donde el ejecutivo cubano ha endurecido el control social frente al colapso económico, la inflación galopante y el masivo éxodo migratorio, buscando asfixiar cualquier intento de fiscalización ciudadana o periodística.
El endurecimiento de estas prácticas represivas augura un escenario aún más asfixiante para la sociedad civil cubana. La impunidad con la que la dictadura opera frente a la comunidad internacional no solo profundiza el deterioro del estado de derecho en la isla, sino que envía un mensaje claro de que la libertad de expresión seguirá siendo penalizada, dejando a los ciudadanos desprotegidos frente al abuso de poder y a la prensa independiente en constante riesgo de criminalización.
