Las autoridades de la isla han movilizado de forma obligatoria a estudiantes y trabajadores estatales para rendir tributo a los 32 cubanos abatidos en una operación militar en Venezuela, bajo amenazas de impedir graduaciones y desatar persecución laboral. La narrativa oficial intenta reescribir la presencia encubierta de personal castrense en territorio venezolano, años después de negar sistemáticamente su existencia.
El régimen de La Habana ha organizado una serie de concentraciones políticas, bautizadas como \»Operación Honor y Gloria\», para honrar a los 32 ciudadanos fallecidos el pasado 3 de enero durante la intervención militar estadounidense \»Resolución Absoluta\», que culminó con la captura de Nicolás Maduro. Durante tres jornadas consecutivas, el ejecutivo cubano ha forzado la asistencia de la población a marchas y actos, presentando a los fallecidos como \»combatientes\». Sin embargo, estos individuos operaban en territorio venezolano de manera extraoficial, sin estatus legal reconocido ni misiones declaradas públicamente, lo que contradice años de declaraciones oficiales, como las de la diplomática Johana Tablada en 2019, quienes negaron el despliegue de tropas militares cubanas en el país sudamericano.
La convocatoria masiva ha estado marcada por la coacción institucional. En distintas provincias, la dictadura cubana ha emitido advertencias explícitas a través de directivos de centros educativos y laborales, indicando que la inasistencia acarreará sanciones. Capturas de mensajes compartidos en redes sociales evidencian la amenaza de retener las boletas de graduación a estudiantes universitarios que no participen en las marchas. En Santiago de Cuba, la movilización incluye una caminata obligatoria desde la Plaza Antonio Maceo hasta el cementerio Santa Ifigenia, con instructivos rigurosos sobre la vestimenta y la prohibición de portar bolsos o símbolos considerados inapropiados por las autoridades.
Coacción y maltrato a los convocados
Testimonios recogidos en Santiago de Cuba revelan las precarias condiciones en las que se han llevado a cabo estas movilizaciones. Estudiantes de pregrado denunciaron que fueron obligadas a permanecer durante más de cuatro horas en la sede provincial del Partido Comunista, en una reunión encabezada por la gobernadora Beatriz Johnson Urrutia, sin recibir alimentación ni hidratación. \»El que no vaya corre el riesgo de no poder graduarse\», relató una de las estudiantes, confirmando el chantaje académico. En la Facultad No. 2 de Medicina, el rectorado emitió un comunicado advirtiendo que las brigadas que no asistieran serían sometidas a \»análisis\», un eufemismo utilizado por el aparato burocrático para anunciar futuras represalias políticas y administrativas contra los disidentes o apáticos.
Este despliegue de movilización forzada ocurre en medio de la profunda crisis estructural que atraviesa la isla, caracterizada por la hiperinflación, el colapso de los servicios públicos y un éxodo migratorio sin precedentes. El gobierno cubano recurre a la coacción y al desgaste físico de la población civil, especialmente de los jóvenes, para sostener una narrativa política que busca legitimar su injerencia en Venezuela y enmascarar el fracaso económico interno. La utilización de estudiantes como herramienta de propaganda obligatoria evidencia la falta de libertades y el estado de indefensión en el que se encuentra la ciudadanía frente al aparato represivo del Estado.
La imposición de estos actos no solo expone la fragilidad y las contradicciones de la narrativa oficial sobre la presencia cubana en el exterior, sino que profundiza el descontento social y el rechazo hacia las estructuras de poder. Ante la negativa del régimen de La Habana a reconocer sus responsabilidades internacionales y a respetar los derechos fundamentales de su población, la presión de la comunidad internacional y el escrutinio de los organismos de derechos humanos se vuelven indispensables. Las consecuencias de esta nueva ola de represión recaerán directamente sobre el ya fracturado tejido social cubano, limitando aún más las expectativas de apertura democrática en el país.
