La dictadura cubana ha desplegado un amplio operativo de vigilancia y restricciones de movimiento contra periodistas independientes, activistas y opositores en todo el país, coincidiendo con la conmemoración del quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021. Las acciones represivas se ejecutan en medio de una profunda crisis energética que mantiene a gran parte de la isla sin servicio eléctrico.
Entre los primeros en reportar el cerco policial figuran la periodista Camila Acosta y el reportero Vladimir Turró, quienes denunciaron la presencia de efectivos de la Seguridad del Estado en las inmediaciones de sus viviendas. Acosta identificó al oficial Mario Raciel Soulary Garcés como responsable del operativo, criticando la contradicción entre la falta de recursos para mantener el servicio eléctrico y la disponibilidad inagotable de combustible y personal para el hostigamiento político. Por su parte, en Las Tunas, el colaborador Alberto Méndez Castelló alertó sobre el despliegue de agentes frente a su domicilio desde la víspera.
El acoso se extendió a figuras de la oposición institucional. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) confirmó que su presidente, Manuel Cuesta Morúa, y la activista María Mercedes Benítez amanecieron bajo estricta vigilancia. A esta lista se suman el activista Adelth Bonne Gamboa, quien documentó una patrulla en Santos Suárez, y el padre del preso político Walnier Luis Aguilar, Wilber Aguilar, según reportes del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. La directora del medio independiente 14ymedio, Yoani Sánchez, también fue objeto de seguimiento en su residencia.
Represión en medio del colapso estructural
Este nuevo capítulo de violaciones a los derechos humanos se inscribe en un patrón sistemático del régimen de La Habana para neutralizar cualquier manifestación de disidencia en fechas sensibles. Las autoridades de la isla recurren a arrestos domiciliarios de facto y amenazas para impedir la movilización ciudadana, especialmente cuando la frustración social está en su punto más álgido. La actual crisis energética, marcada por colapsos recurrentes del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) y una escasez crítica de combustible, ha exacerbado el descontento popular, llevando al gobierno cubano a intensificar la represión como mecanismo principal de control social.
La criminalización del periodismo y la persecución a opositores reflejan el temor del ejecutivo cubano a la memoria histórica y a la exigencia de libertades democráticas. Cinco años después de las históricas marchas del 11J, la respuesta del Estado continúa siendo la vigilancia y el silenciamiento, profundizando el aislamiento del país y evidenciando ante la comunidad internacional la urgencia de mecanismos que garanticen el respeto a los derechos fundamentales en la isla.
