La profesora Alina Bárbara López Hernández, su hija Lilian Borroto, el escritor Jorge Fernández Era y la historiadora Jenny Pantoja Torres regresaron a sus hogares este jueves tras pasar el día detenidos por operativos de la Seguridad del Estado en Matanzas y La Habana. Las autoridades de la isla impidieron con estos arrestos arbitrarios una nueva protesta pacífica convocada por los opositores.
La liberación fue confirmada a través de redes sociales por Celia Borroto, hija de López Hernández. Según su testimonio, los activistas fueron puestos en libertad tras habérseles levantado actas de advertencia carentes de fundamentos jurídicos sólidos, calificando los motivos esgrimidos por los agentes como ilógicos. El régimen de La Habana mantuvo a los detenidos sin acceso a alimentos durante toda la jornada, devolviéndolos a sus hogares en evidente estado de agotamiento físico y en medio de los habituales apagones que sufre la isla, lo que agravó aún más su precaria condición tras el arresto.
El caso de Jenny Pantoja Torres ilustra el patrón de opacidad policial del gobierno cubano. La activista fue arrestada en el Parque Central de La Habana cuando intentaba manifestarse de forma pacífica en solidaridad con López Hernández. Durante varias horas, su paradero fue desconocido para sus familiares, quienes acudieron a la estación policial de Dragones sin obtener información inicial por parte de los funcionarios, una práctica que evidencia el uso de la retención clandestina como método de intimidación y castigo psicológico.
Criminalización de la disidencia pacífica
Los arrestos responden a un operativo de la Seguridad del Estado diseñado para abortar la acción cívica convocada para el día 18 de cada mes por López Hernández y Fernández Era. Estas protestas simbólicas exigen una Asamblea Nacional Constituyente democrática, atención urgente a la pobreza extrema y el fin del acoso a la libertad de expresión. Esta represión se inscribe en la crisis estructural que atraviesa Cuba, donde el desabastecimiento, la inflación galopante y el colapso energético se acompañan de un endurecimiento punitivo contra cualquier manifestación de descontento social.
Tanto López Hernández como Pantoja Torres enfrentan imputaciones previas por presuntos delitos de desacato y desobediencia, cargos que las organizaciones de derechos humanos señalan como herramientas de la dictadura para criminalizar la protesta ciudadana. La continuidad de estos operativos represivos no solo profundiza el clima de asfixia política en la isla, sino que también representa un desafío constante para la comunidad internacional, obligada a exigir el respeto a los derechos fundamentales frente a un ejecutivo cubano que persiste en silenciar a la ciudadanía mediante la fuerza estatal.
