La Unión Europea ha iniciado una revisión a puerta cerrada del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) con el régimen de La Habana, tras el fracaso de esta herramienta para impulsar mejoras en las libertades fundamentales de la isla. La presión de la sociedad civil y la evidencia de la represión sistemática han llevado al Parlamento Europeo a exigir una evaluación urgente del pacto, que la dictadura cubana ha utilizado para legitimar su control sin ofrecer contrapartidas democráticas.
Según informó la organización Ciudadanía y Libertad, las activistas Amelia Calzadilla y Carolina Barrero sostuvieron recientes encuentros en Bruselas con representantes del Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS) y del Parlamento Europeo. El objetivo de estas reuniones fue impulsar una revisión sustantiva de la política europea hacia Cuba. Este cabildeo coincidió con la inclusión en la agenda plenaria de la Eurocámara de un debate específico para evaluar la aplicabilidad del acuerdo bilateral, firmado en 2016 y vigente de forma provisional desde 2017.
Contradicciones en la postura de Bruselas
La alta representante de la UE, Kaja Kallas, defendió recientemente el mantenimiento del marco de diálogo, aunque reconoció sus límites al admitir que \»este acuerdo aún no ha producido el tipo de cambio que queremos\». Sin embargo, la documentación oficial del bloque europeo expone una profunda contradicción: mientras el EEAS califica la situación en Cuba como \»motivo de seria preocupación\» y denuncia que el gobierno cubano \»no ha mostrado voluntad de liberalización política\», Bruselas continúa inyectando fondos económicos, como el paquete de 14 millones de euros destinado a mipymes en 2024.
Represión sistemática y exigencia de rendición de cuentas
El incumplimiento de los principios democráticos, que son un \»elemento esencial\» del tratado según su artículo 85, se evidencia en el accionar represivo de la dictadura cubana. La revocación de la libertad condicional a los opositores José Daniel Ferrer y Félix Navarro es solo un ejemplo del encarcelamiento persistente de manifestantes pacíficos y activistas. Este escenario de acoso, arrestos arbitrarios y restricciones de viaje se enmarca en una crisis estructural más amplia que ha provocado un colapso económico sin precedentes y un éxodo migratorio masivo, ante la negativa de las autoridades de la isla a abrir espacios de participación ciudadana.
El Parlamento Europeo ha adoptado una postura más firme frente a la complacencia institucional, aprobando resoluciones donde se constata el fracaso del ADPC en su objetivo central. El futuro de este pacto definirá la postura de la comunidad internacional: o se aplican las medidas de suspensión previstas en el tratado frente a las violaciones de derechos humanos, o se seguirá perpetuando un mecanismo que facilita recursos al ejecutivo cubano sin exigirle las reformas democráticas mínimas que la ciudadanía demanda.
