El encargado de Negocios de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, sostuvo un encuentro en Artemisa con Alexander Díaz Rodríguez, exmanifestante del 11J recientemente liberado, para conocer de primera mano las torturas y abusos sufridos durante su encierro. La visita diplomática reaviva el foco internacional sobre la represión sistemática de la dictadura cubana y la situación de cientos de ciudadanos que permanecen injustamente encarcelados desde las protestas de 2021.
La Embajada estadounidense en La Habana detalló que el objetivo de la visita fue constatar directamente las condiciones carcelarias que enfrentó Díaz Rodríguez durante casi cinco años de prisión, así como su precaria situación tras recuperar la libertad en abril. A través de sus redes sociales, la sede diplomática exigió la excarcelación de los manifestantes pacíficos que aún permanecen tras las rejas. El congresista Mario Díaz-Balart respaldó la gestión de Hammer y denunció el evidente deterioro físico del opositor, calificando las imágenes como una prueba de la \»crueldad de un régimen despiadado\». En su declaración, el legislador también recordó la urgencia de liberar a otros activistas y opositores encarcelados como Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel \»Osorbo\» Castillo, Félix Navarro y Sayli Navarro.
Torturas y abandono médico en las prisiones de la isla
Díaz Rodríguez fue arrestado tras sumarse a las protestas antigubernamentales en Artemisa y condenado por los presuntos delitos de desacato y desorden público. En recientes declaraciones a medios independientes, el joven relató el infierno que padeció en centros penitenciarios como Guanajay, Taco Taco y Kilo 8. Durante su cautiverio, sufrió golpizas constantes, aislamiento en celdas de castigo y una desnutrición extrema que le provocó la pérdida de más de 100 libras de peso. Además, denunció que las autoridades penitenciarias le diagnosticaron cáncer maligno de tiroides, y que contrajo COVID-19 y hepatitis B sin recibir la atención médica adecuada, sufriendo también fracturas de costillas y pérdida de piezas dentales tras diversas agresiones físicas.
El caso de Díaz Rodríguez ilustra el modus operandi del régimen de La Habana frente a la disidencia: aniquilación física y psicológica seguida de un hostigamiento constante. Tras su excarcelación, el opositor asegura estar bajo estricta vigilancia de la Seguridad del Estado, sin vivienda propia y dependiendo de la solidaridad de amigos para sobrevivir. Esta política de criminalización del reclamo social se enmarca en la profunda crisis estructural que atraviesa la isla, donde la falta de libertades se combina con un colapso económico, inflación galopante y desabastecimiento que ha empujado a cientos de miles de cubanos al exilio migratorio.
La gestión de Mike Hammer envía una señal clara a las autoridades de la isla sobre la vigilancia internacional respecto a las violaciones de derechos humanos. Mientras la dictadura cubana mantenga su política de encarcelamiento y tortura contra los manifestantes del 11J, el aislamiento diplomático y la presión de la comunidad democrática seguirán en aumento. La suerte de los presos políticos y la seguridad de figuras liberadas como Díaz Rodríguez dependerán en gran medida de que la condena internacional se traduzca en acciones concretas que obliguen al ejecutivo cubano a respetar los derechos fundamentales de su ciudadanía.
