La prisionera política Yunaiky de la Caridad Linares Rodríguez ha denunciado en una carta manuscrita haber sufrido golpizas, amenazas y condiciones de reclusión inhumanas tras su reciente detención. La joven, quien ya había sido condenada por las protestas del 11 de julio de 2021, fue arrestada nuevamente durante una manifestación en el municipio habanero de Arroyo Naranjo, evidenciando el patrón de represión sistemática de la dictadura cubana contra los activistas.
En su testimonio, Linares Rodríguez relató que su detención fue arbitraria y que durante el proceso sufrió la violación de sus derechos fundamentales. La joven aseguró haber sido golpeada por las fuerzas del orden en el momento del arresto, quedando posteriormente sin asistencia médica. Durante su paso por el centro de detención de VIVAC, detalló que fue mantenida en un calabozo sin acceso a agua ni alimentos, sufriendo además nuevas agresiones físicas y amenazas por parte de los carceleros.
La activista señaló que, tras exigir su derecho a comunicarse con su familia, las autoridades de la isla le abrieron una nueva causa penal en represalia. Actualmente recluida en la Prisión de Mujeres de Occidente, en El Guatao, Linares Rodríguez describe un progresivo deterioro en las condiciones alimentarias. La escasez y el mal estado de los alimentos han afectado la salud de las internas, una situación que refleja el colapso generalizado del sistema penitenciario y de los servicios básicos en la isla.
Represión y crisis carcelaria en Cuba
El caso de Linares Rodríguez no es un hecho aislado, sino que se enmarca en la crisis estructural que atraviesa el régimen de La Habana frente a la disidencia. Tras las protestas del 11 de julio de 2021, el gobierno cubano endureció su maquinaria represiva, imponiendo penas desproporcionadas a cientos de ciudadanos. La reclusión en instalaciones precarias, donde el hacinamiento y la falta de alimentación adecuada son constantes, se utiliza como una herramienta de castigo adicional para silenciar el descontento social.
A pesar de las adversidades, la prisionera política reafirmó su compromiso con la denuncia de los abusos del poder, enviando un mensaje de resistencia desde su celda. La persistencia de estas prácticas represivas continúa generando el rechazo de organizaciones internacionales de derechos humanos, que exigen al ejecutivo cubano el cese de la persecución política y la liberación de los presos de conciencia. Mientras tanto, la ciudadanía enfrenta el temor constante de un aparato judicial que, como denunció la propia activista, opera sin garantías procesales y protege a los responsables de la crisis nacional.
