El Fondo de Catar para el Desarrollo (QFFD) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmaron un acuerdo de 4,5 millones de dólares destinado a rehabilitar el acceso a la energía en La Habana, Artemisa y Mayabeque, una región donde los apagones superan ya las diez horas diarias debido a la profunda crisis estructural que sufre la isla.
La iniciativa, formalizada durante el Foro de Doha por las máximas autoridades de ambas instituciones, tiene como objetivo beneficiar a más de 2,2 millones de personas en el occidente del país. Según detallaron las organizaciones, los fondos se enfocarán en la recuperación de servicios públicos esenciales que se mantienen colapsados, incluyendo centros de salud, instituciones educativas y sistemas de producción de alimentos, áreas gravemente afectadas por el paso de huracanes y la ineficiencia estatal.
Un sistema energético al borde del colapso total
El aporte internacional llega en medio de la peor debacle energética que ha enfrentado la nación en décadas, la cual se arrastra de manera aguda desde mediados de 2024. El régimen de La Habana ha sido incapaz de garantizar un suministro estable, con cortes de electricidad que superan las 20 horas diarias en las provincias orientales y que oscilan alrededor de las 10 horas en la capital. Esta deficiencia ha provocado un efecto dominó en el abastecimiento de agua potable y en el sistema sanitario, agravando la crisis epidemiológica y empeorando las condiciones de vida de la población.
La crisis no obedece únicamente a fenómenos meteorológicos, sino a la acumulación de errores en la gestión del gobierno cubano. El sistema eléctrico nacional se encuentra en estado crítico debido a la obsolescencia de las centrales térmicas, la falta de combustibles y lubricantes para la generación, así como la paralización de decenas de motores de generación distribuida. A esto se suma la ausencia de una planificación adecuada y la falta de inversiones sostenidas a lo largo de décadas por parte de las autoridades de la isla.
Mientras el ejecutivo cubano depende cada vez más de la asistencia internacional y la caridad de naciones aliadas para sostener los servicios básicos, la ciudadanía continúa sufriendo las consecuencias directas de la desidia institucional. La inyección de capital catarí representa un alivio mínimo y temporal para tres provincias, pero los expertos advierten que sin una reestructuración profunda del sector energético y un cambio en las políticas que han llevado al empobrecimiento del país, la dependencia externa y el éxodo migratorio seguirán en aumento, dejando a los ciudadanos a merced de la inestabilidad crónica.
