El desabastecimiento y la inflación galopante en la oriental provincia de Holguín han elevado el precio del aceite de cocina a 4.000 pesos el litro, una cifra que supera el salario mínimo establecido por el ejecutivo cubano. La medida de control de precios implementada por las autoridades ha fracasado, provocando la desaparición del producto de los mercados formales y su reventa en el mercado negro, evidenciando el profundo colapso del sistema económico nacional.
Juan Ochoa, jubilado de 71 años en Holguín, lleva un mes sin utilizar una sola gota de aceite en su cocina. Su pensión de 4.200 pesos, ya insuficiente para cubrir las necesidades básicas, hoy no le permite adquirir un litro de grasa para preparar sus alimentos. Su caso no es aislado, sino el reflejo de una crisis alimentaria que golpea con dureza a la población civil, incapaz de hacer frente a una inflación que devora los ingresos en cuestión de días.
El encarecimiento del aceite ha seguido una trayectoria alarmante en los últimos meses. Reportes indican que el litro rondaba los 1.500 pesos en abril, escaló a 2.000 en junio, subió a 3.000 en julio y alcanzó los 4.000 pesos en agosto. Vendedores y consumidores coinciden en que el producto ha desaparecido de las tiendas recaudadoras de divisas y de las mipymes, quedando únicamente disponible en el mercado informal a precios inalcanzables para el ciudadano común.
El fracaso de los controles administrativos
Para intentar mitigar la crisis, el Consejo de la Administración Municipal de Holguín anunció este mes una vigilancia estricta para que el margen comercial en productos de primera necesidad no superara el 30 %. Inicialmente, el periódico local ¡Ahora! reportó un precio de referencia de 2.200 pesos, cifra que las autoridades municipales aclararon posteriormente no era un precio único, aunque sí fue establecido en municipios como Moa y Banes. Sin embargo, la medida tuvo un efecto contraproducente: la desaparición total del producto de los mostradores.
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El litro de aceite a 4.200 pesos en Holguín (Foto: CubaNet)
Desde el otro lado del mostrador, los vendedores explican la paradoja. Un comerciante de la calle Real, en el reparto Pueblo Nuevo, que prefirió el anonimato por temor a represalias, detalló que adquiere el producto al por mayor a 3.500 pesos. Si lo vende a 2.200, como exigen las autoridades, opera con pérdidas. Si lo ofrece a 4.000, se enfrenta a multas, decomisos y cierres arbitrarios. La dictadura, a través de inspectores, ha emprendido una persecución contra los vendedores, tratándolos como delincuentes, cuando la causa raíz del problema es la incapacidad del Estado para importar y distribuir alimentos.
La represión económica no se limita a Holguín. En la vecina provincia de Las Tunas, el periódico 26, órgano del Partido Comunista, informó de la aplicación de más de 4.000 inspecciones, más de 2.000 multas y la identificación de 24 ciudadanos acusados de incurrir en precios abusivos y especulativos. Diego Valera, un holguinero, resume la situación con crudeza: \»Ese invento de obligar a bajar el precio salió al revés. Lo que hicieron fue desaparecer el aceite\».
Reconocimiento oficial de incapacidad
El origen de la escasez radica en la falta de importaciones y en el colapso de la industria nacional. El ministro de la Industria Alimentaria, Alberto López Díaz, admitió en junio pasado que durante el año no se ha podido garantizar el suministro de aceite, pollo ni yogurt a través de la canasta básica normada. El funcionario confirmó que el país no había importado soya ni aceite en lo que va de año, dejando a la población a merced de la oferta informal y de la incertidumbre logística.
Esta dependencia absoluta de las importaciones genera situaciones absurdas. Luis Alarcón, un residente de Holguín, ilustra la tragedia: el último pomo de aceite que compró provenía de Argentina y fue distribuido por una empresa vietnamita. La ineficiencia del régimen de La Habana obliga a dar la vuelta al mundo para conseguir una materia prima básica para la alimentación diaria, evidenciando la ruina de la producción nacional y la falta de planificación estratégica.
Inflación y pérdida del poder adquisitivo
El dramático aumento de los precios deprime el ya mermado poder adquisitivo de los cubanos. El salario mínimo, fijado en 3.210 pesos desde el 1 de julio, equivale a apenas 4,83 dólares en el mercado informal. Esta cantidad es insuficiente para comprar un solo litro de aceite, que cuesta 4.000 pesos. El miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), José Poveda Cruz, denunció en redes sociales que mientras se anuncian incrementos salariales para ciertos sectores, la inflación los devora antes de que lleguen al bolsillo, arrebatando con las dos manos lo que concede con la una.
La magnitud de la crisis se dimensiona al analizar el costo de la canasta básica. Un estudio del economista cubano Javier Pérez Capdevila, publicado en mayo por Horizonte Cubano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, estimó que el costo mensual de una canasta básica individual ronda los 96.060 pesos. Frente a esta realidad, los 4.000 pesos de un litro de aceite no son más que el síntoma de una economía en caída libre, donde la supervivencia se ha convertido en un privilegio inalcanzable para muchos, como lamenta la ama de casa Maritza Velasco: \»Toda la comida está cara, pero el aceite más. Esto es un sálvese quien pueda\».
Contexto: Crisis estructural y riesgos sanitarios
La situación del aceite en Holguín no es un fenómeno aislado, sino la culminación de años de políticas económicas fallidas que han destruido la producción agrícola e industrial de la isla. Desde la implementación de la \»Tarea Ordenamiento\» en 2021, la inflación se ha disparado sin control, respondiendo a una emisión monetaria sin respaldo y a la profunda ineficiencia de las empresas estatales. El gobierno cubano ha intentado parchear el desastre con topes de precios que, como reconoció el propio gobernante Miguel Díaz-Canel en junio, no logran contener la inflación y solo provocan la desaparición de los productos. Pese a esta admisión, las autoridades de la isla persisten en la represión comercial, aplicando en agosto más controles, multas y cierres temporales que ahogan la iniciativa privada y castigan al consumidor final.
El colapso del suministro estatal empuja a la ciudadanía a alternativas peligrosas. La desesperación por conseguir grasa para cocinar ha generado un mercado negro de aceite adulterado. Consumidoras como Aurora Cifuentes advierten sobre la venta de litros mezclados con sustancias desconocidas y sellados fraudulentamente, lo que representa un grave riesgo para la salud pública. La dictadura, al fallar en su función más básica de garantizar la seguridad alimentaria, expone a la población no solo al hambre, sino a enfermedades derivadas del consumo de productos de dudosa procedencia.
Consecuencias y panorama futuro
La imposibilidad de acceder a productos básicos como el aceite de cocina profundiza el descontento social y agudiza el éxodo migratorio que ha diezmado a la población cubana. La desconexión entre los salarios y el costo real de vida genera una brecha insalvable que ninguna medida administrativa de control de precios podrá resolver. Mientras el ejecutivo cubano se limite a aplicar multas y decomisos en lugar de implementar reformas estructurales que liberalicen la economía y fomenten la producción, la isla continuará sumida en la escasez crónica.
La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos deben prestar atención a cómo la política económica del régimen se traduce en una violación sistemática del derecho a la alimentación. El hambre y la desnutrición derivadas de la mala gestión estatal son formas de violencia estructural. El futuro inmediato de Cuba pende de su capacidad para revertir este modelo fracasado; de lo contrario, la nación camina hacia un colapso humanitario de proporciones insospechadas, donde la dignidad de un plato de comida será un lujo reservado para unos pocos.
