Las recientes medidas del Ministerio de Economía y Planificación respecto a la dolarización no buscan resolver la profunda crisis estructural de la isla, sino consolidar un mecanismo de depredación financiera. Ante la inminente caída de sus aliados regionales y la fractura interna de la cúpula militar, la dictadura acelera el despojo de la población mientras sus figuras de poder preparan su metamorfosis hacia el sector empresarial privado.
La incomprensible maraña de resoluciones emitidas recientemente por el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) no responde a una torpeza técnica, sino a una intención deliberada de oscurecer el verdadero propósito de estas políticas: la extracción acelerada de divisas. El lenguaje burocrático utilizado por el régimen de La Habana es un muro de contención diseñado para impedir que la población comprenda la magnitud del saqueo al que está siendo sometida. La única certeza que emana de estos documentos es la determinación del aparato estatal para continuar exprimiendo los escasos recursos de los cubanos.
Esta ofensiva financiera se intensifica en un momento de desesperación máxima para la cúpula gobernante. El fantasma de la caída de Nicolás Maduro en Venezuela y el desplome de los regímenes afines en la región han generado un estado de pánico en la élite militar cubana. El viejo sistema de patronazgo impulsado por el castrismo se desmorona a un ritmo vertiginoso, evidenciado por la destitución de altos funcionarios, incluidos viceprimeros ministros, y las purgas silenciosas que acompañan a estas caídas. El anuncio tardío de una supuesta flexibilización a la inversión extranjera, lanzado por Manuel Marrero Cruz en medio de un nuevo corralito financiero, no es más que un síntoma de la agónica descomposición del modelo totalitario.
Lo que hoy observamos en todo su esplendor es la estrategia depredadora y revanchista que siempre ha definido a la dictadura. Esta ofensiva se articula de manera simultánea con un ataque sistemático contra el sector no estatal, el cual fue tolerado en su origen únicamente como un señuelo para captar remesas y divisas, pero que ahora es percibido como una amenaza política potencial. El régimen no tolera la existencia de una clase emprendedora autónoma y busca subyugarla mediante un control asfixiante y trampas cambiarias.
En el centro de este rompecabezas financiero se encuentra el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el conglomerado militar que detenta el monopolio real de la economía cubana. GAESA se niega rotundamente a tocar sus reservas de dólares, a pesar de que fuera de sus muros de contención la isla se ha quedado sin liquidez y sin aliados externos dispuestos a inyectar oxígeno. Esta entidad suprabancaria y todopoderosa acapara las divisas y dicta las verdaderas políticas del país, marginando a la fachada institucional que se hace llamar «gobierno cubano», el cual en la práctica no gobierna nada trascendente.
El Partido Comunista de Cuba se encuentra fracturado en facciones irreconciliables. Por un lado, están los ortodoxos, fieles al diseño original de Fidel Castro, que necesitan capturar dólares a cualquier precio para perpetuarse en el poder mediante el saqueo sistemático. Por otro lado, surge una facción pragmática que, consciente del callejón sin salida, busca acumular capital para ejecutar una «mutación»: transformar sus uniformes militares y cargos partidistas en trajes de empresarios transnacionales. Esta segunda facción tiene los minutos contados, ya que cuando las vías de oxigenación financiera se agoten por completo, los primeros exigirán a GAESA que libere las reservas congeladas bajo el pretexto de la seguridad nacional, fondos que muchos generales ya consideran patrimonio personal.
Los recientes escándalos, como la caída del exministro de Economía Alejandro Gil y el viceprimer ministro Jorge Luis Perdomo Di-Lella, son apenas la punta del iceberg de esta pugna interna. Estos casos revelan la existencia de planes individuales de supervivencia y enriquecimiento dentro de las propias filas de la dictadura. El fenómeno de la mutación es palpable: hijos de dirigentes que asumen roles de empresarios tras el fracaso político de sus padres, exdirigentes de la Juventud Comunista convertidos en dueños de mipymes o estableciendo negocios en Miami, y familiares de la cúpula castrense operando como supuestos empresarios privados sin ninguna vocación pública.
Las revelaciones sobre los viajes de Raúl Guillermo Rodríguez Castro a Panamá y Caracas, acompañado por directivos nominales de GAESA, arrojan luz sobre quién toma las decisiones últimas en la isla. La incautación del buque tanquero Skipper ha sido fundamental para desenredar la madeja de operaciones ilícitas que conectan a La Habana con el tráfico de petróleo y otras actividades de dudosa legalidad. Estas rutas son trazadas por la cúpula militar —específicamente por el clan López-Calleja— muy por encima de las potestades de figuras como el presidente Miguel Díaz-Canel, quien se enteró de la detención de su aliado Gil casi al mismo tiempo que el resto del país.
Contexto: El aislamiento geopolítico y el colapso del modelo castrense
Para comprender la magnitud de la crisis económica y política que atraviesa la isla, es indispensable observar el tablero geopolítico. La región del Caribe ha dejado de ser la «zona de paz» que enarbolaba el régimen, no por una invasión extranjera, sino porque las rutas para traficar armas, petróleo y otras mercancías entre Caracas, La Habana y Panamá han sido severamente comprometidas. La operatividad de estas redes de contrabando, vitales para el sostenimiento de la élite militar, está siendo desarticulada, lo que acelera el colapso financiero del Estado cubano.
A esto se suma la frialdad de los aliados tradicionales. Las promesas de salvataje económico por parte de Rusia se han diluido en el aire, limitándose a retórica sin desembolsos reales. Por su parte, China mantiene una postura de prudente tacañería, ofreciendo únicamente créditos y operaciones en especie que garantizan sus propios intereses operativos en la isla, pero negando el flujo de capital líquido que el régimen de La Habana necesita con tanta urgencia. Sin el subsidio venezolano y con socios lejanos poco dispuestos a inyectar dinero fresco, la dictadura se encuentra acorralada, dependiendo exclusivamente del saqueo interno.
La historia reciente de la economía cubana está marcada por el fracaso de los experimentos centralistas, como la llamada «Tarea Ordenamiento», que solo logró empobrecer a la población y destruir el poder adquisitivo del salario nacional. La dolarización parcial, presentada como una medida para corregir distorsiones, no es más que la continuación de estas políticas de extracción. El régimen no tiene la capacidad ni la voluntad de implementar reformas estructurales reales que permitan la libre formación de precios, la libre convertibilidad del peso cubano y la atracción genuina de capital extranjero. Todo lo contrario, las nuevas resoluciones apuntan hacia un mayor control centralizado, la profundización del corralito financiero y la confiscación de activos bajo figuras legales ambiguas.
Un reloj de bomba: La estafa final de la banca estatal
Es imperativo que la ciudadanía y los actores económicos no se dejen seducir por el lenguaje aperturista que el régimen de La Habana utiliza en momentos de asfixia. Las promesas a futuro, como la creación de un mercado cambiario funcional que debió haberse implementado antes de cualquier otra medida legislativa, son meros anzuelos para otorgar una falsa credibilidad a un sistema diseñado para estafar. Cada palabra emitida por los funcionarios, cada resolución publicada en la Gaceta Oficial, rezuma desesperación. Si se escucha con atención, el tic-tac de los mecanismos internos de esta maquinaria no suena a un reloj de progreso, sino a una bomba a punto de estallar.
La élite militar necesita dólares en cantidades masivas y a toda prisa para concluir su mutación y asegurar su futuro fuera del poder político. Para lograrlo, no dudarán en sacrificar lo poco que queda del tejido económico nacional. Los bancos de la dictadura no son entidades financieras de confianza, sino trampas mortales donde los ahorros de los cubanos y los capitales de los emprendedores desaparecen sistemáticamente. La masacre financiera ha sido anunciada, y quienes por ingenuidad o cálculo erróneo decidan confiar sus divisas a las bóvedas del régimen terminarán, una vez más, despojados de sus recursos. La única solución real a la acumulación de crisis de más de seis décadas de totalitarismo es el desmantelamiento definitivo del sistema que las generó.
