Una investigación publicada por el diario ABC destapa una red de financiamiento de casi 8.000 millones de dólares que vinculó al régimen de Nicolás Maduro con el programa nuclear iraní, una trama en la que el gobierno cubano actuaba como receptor y triangulador clave del crudo. El reporte, respaldado por documentos de inteligencia entregados a Estados Unidos, expone la profundidad de la alianza entre países sancionados y el rol de la isla en esquemas de elusión internacional.
La investigación periodística sostiene que, durante años, ingresos provenientes de la exportación de hidrocarburos venezolanos sirvieron para financiar estructuras estatales de Irán, incluyendo áreas vinculadas a su controversial programa nuclear. El monto de estos flujos ilícitos se estima en 7.821 millones de dólares, canalizados a través de empresas estatales, proyectos binacionales sin producción real e intermediarios financieros. Esta cooperación se extendió a sectores estratégicos como energía, minería y defensa, burlando las sanciones internacionales que pesan sobre Teherán.
En el marco de estas operaciones ilícitas, fuerzas estadounidenses interceptaron recientemente el buque petrolero The Skipper frente a las costas venezolanas. Según datos de seguimiento marítimo y documentos de PDVSA, el navío —sancionado desde 2022 por su vínculo con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y Hezbolá— se dirigía a Cuba. El objetivo era que la empresa estatal Cubametales recibiera parte del cargamento para su posterior reventa a intermediarios asiáticos, consolidando a la isla como un nodo logístico fundamental en el eje Caracas-Teherán.
La diplomacia opaca en medio del colapso interno
Para el régimen de La Habana, la participación en estos esquemas de triangulación energética no responde a una solución para la severa crisis de abastecimiento que sufren los ciudadanos, sino a la supervivencia de su aparato burocrático. Mientras la población enfrenta apagones prolongados, inflación galopante, desabastecimiento de combustible y un éxodo migratorio sin precedentes, las autoridades de la isla priorizan alianzas con entidades vinculadas al terrorismo para obtener ingresos externos que sostengan la maquinaria represiva y eviten el colapso total de las finanzas públicas.
La incautación del buque y la publicación de este informe auguran un endurecimiento de la vigilancia por parte de Washington sobre las redes financieras del chavismo y la dictadura cubana. Tras la operación, el ejecutivo de Nicolás Maduro agradeció públicamente el respaldo de Irán, calificando la acción de Estados Unidos como un \»acto de piratería\». Este fortalecimiento del eje de países sancionados incrementa el aislamiento de la isla y plantea futuras medidas coercitivas por parte de la comunidad internacional, comprometiendo aún más la ya precaria estabilidad económica y política de la nación.
