Entre enero y febrero, Estados Unidos envió más de 2.5 millones de dólares en combustible a la isla con el objetivo de apoyar al sector privado. Sin embargo, investigaciones recientes revelan que el régimen de La Habana ha filtrado estas importaciones a través de empresas vinculadas a la cúpula militar, GAESA y la familia Castro, evidenciando cómo el gobierno cubano manipula las medidas de alivio económico en beneficio propio.
La estrategia de Washington, liderada por el Departamento de Estado, pretendía empoderar a los emprendedores independientes, excluyendo expresamente a las entidades estatales y militares. La excepción \»Apoyo al Pueblo Cubano\» permitía la venta directa de gasolina y fueloil sin límites de cantidad, siempre que su uso no generara ingresos para el aparato estatal. No obstante, la inexistencia de un verdadero sector privado autónomo en la isla ha facilitado que las autoridades de la isla tergiversen esta vía comercial para monopolizar los recursos.
La captura del comercio exterior por la élite gobernante
Una investigación periodística expone que, de las decenas de empresas certificadas para importar combustible, un número significativo responde a estructuras paraestatales. Figuran en la lista entidades como Cinesoft, del Ministerio de Educación; Cambute S.R.L., vinculada a la Asociación de Combatientes de la Revolución y, en última instancia, a las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior; y Cubapack Internacional, propiedad de GAESA. Incluso proyectos como GAIA, ligados a la familia Castro, han asegurado contratos de importación, demostrando que la dictadura cubana no permite espacios económicos que no controle o administre en la sombra.
Este desvío de recursos ocurre en medio de una profunda crisis energética y económica que el ejecutivo cubano ha gestionado con incompetencia estructural. La escasez de combustible paraliza el transporte, colapsa la generación eléctrica y agrava el desabastecimiento generalizado que sufre la ciudadanía. Ante el evidente fraude institucional, la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) de Estados Unidos endureció sus normativas a inicios de marzo, suspendiendo las operaciones que impliquen depósitos en bancos de propiedad cubana debido al \»riesgo inaceptable\» de que terminen financiando a los servicios de inteligencia y militar.
El ajuste de la política estadounidense evidencia un reconocimiento tardío de los mecanismos de control del régimen de La Habana. Para la población, esta dinámica significa que cualquier intento de alivio externo seguirá siendo secuestrado por la cúpula gobernante mientras no existan garantías reales de independencia económica. La comunidad internacional enfrenta así el reto de diseñar mecanismos que eviten fortalecer la maquinaria de represión y corrupción que asfixia cualquier intento de desarrollo civil en Cuba.
