La subida desproporcionada del precio del gas licuado de petróleo (GLP) en Cuba, con un incremento del 64 %, ha transformado el simple acto de cocinar en un privilegio inalcanzable para amplios sectores de la población. El régimen de La Habana impone nuevas cargas económicas sobre ciudadanos que ya luchan contra la inflación galopante, los apagones sistemáticos y la dolarización forzada de bienes esenciales, ahondando una crisis alimentaria sin precedentes.
El gobierno cubano ha decretado un nuevo golpe a la ya maltrecha economía familiar mediante una medida que afecta uno de los aspectos más básicos de la supervivencia humana: la alimentación. El cilindro de GLP de 10 kilogramos, vital para la cocción de alimentos en la inmensa mayoría de los hogares de la Isla, ha pasado de costar 213 a 350 pesos cubanos. Esta medida, lejos de ser un mero ajuste técnico o una respuesta a la inflación global, constituye una agresión directa al poder adquisitivo de la población, que ve cómo sus magros salarios se diluyen en una economía marcada por la escasez estructural, la ineficiencia productiva y la incapacidad manifiesta del Estado para garantizar servicios básicos.
Organizaciones de seguimiento alimentario, como Food Monitor Program (FMP), han alertado de manera contundente sobre las consecuencias inmediatas de esta política. Cocinar se ha convertido, de facto, en un eslabón crítico y casi insalvable de la inseguridad alimentaria en el país. La subida de precios no ocurre en el vacío; se inserta de forma violenta en un ecosistema de precariedad donde los apagones prolongados, la falta de agua potable, la deficiente distribución de alimentos y la inflación galopante configuran un panorama desolador para el cubano de a pie, quien se encuentra acorralado por un sistema que le exige más de lo que le ofrece.
A la medida sobre el GLP se suma el anuncio institucional de que determinados cilindros y accesorios para el servicio de gas comenzarán a venderse exclusivamente en dólares estadounidenses. Esta dolarización parcial, impulsada de manera acelerada por la dictadura, crea una brecha insalvable entre quienes tienen acceso a la moneda extranjera —generalmente mediante remesas o actividades ilícitas— y la inmensa mayoría de la población que sobrevive con salarios y pensiones devaluados en pesos cubanos. Es una discriminación económica oficial que penaliza la pobreza estructural y recompensa la captación de divisas, profundizando la desigualdad social y fracturando el ya vulnerable tejido social de la nación.
Históricamente, el gas licuado ha sido la columna vertebral de la cocina en Cuba, sustituyendo hace décadas al keroseno y otras fuentes más contaminantes. Sin embargo, las constantes interrupciones en su distribución estatal, derivadas de la falta de combustible y de la desorganización logística, han obligado a las familias a buscar alternativas desesperadas. La dependencia de equipos eléctricos choca de frente con el colapso del Sistema Eléctrico Nacional, sometido a apagones que duran horas e incluso días enteros. Mientras tanto, el uso de leña o carbón se vuelve una quimera en las densas zonas urbanas, dejando a millones de habitantes atrapados en una paradoja energética sin solución a la vista y a merced del azar.
El impacto nutricional de esta crisis es alarmante y sus consecuencias se medirán en la salud pública a corto y mediano plazo. Datos recientes indican que más del 60 % de las familias han tenido que modificar drásticamente sus dietas, reduciendo el consumo de proteínas y optando por alimentos de menor valor nutricional, llegando incluso a eliminar una de las comidas diarias principales. La Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria citada por observatorios internacionales revela que uno de cada tres hogares ha experimentado hambre reciente. La seguridad alimentaria no se limita a la disponibilidad de alimentos en el mercado, sino que incluye la capacidad real de prepararlos y conservarlos, un derecho elemental que el régimen de La Habana está vulnerando de forma sistemática.
La brecha entre los ingresos oficiales y el costo real de la vida ha alcanzado niveles de insolvencia total. Estimaciones independientes señalan que dos adultos residentes en La Habana requieren unos 41.735 CUP mensuales solo para mantener una dieta mínimamente suficiente, una cifra que equivale a casi 20 salarios mínimos vigentes. El nuevo precio del cilindro de gas, que por sí solo representa aproximadamente el 17 % de un salario mínimo de 2.100 pesos, se suma a una cadena de gastos esenciales que asfixia por completo la economía doméstica. Las pensiones estatales, que en muchos casos no superan los 1.500 pesos, resultan una burla cruel frente a la realidad del mercado.
La crisis energética tiene ramificaciones directas y devastadoras en la inflación alimentaria y en el sector productivo. La falta de combustible no solo impide cocinar en los hogares, sino que paraliza las labores agrícolas, interrumpe la cadena de transporte de mercancías desde el campo hacia las ciudades, inutiliza los sistemas de refrigeración donde se conservan los alimentos perecederos y detiene las industrias procesadoras. La ineficiencia del modelo económico centralizado se evidencia en cada eslabón, desde la siembra hasta la mesa, demostrando que el problema no es meramente coyuntural o resultado de sanciones externas, sino el fracaso absoluto del modelo estatizado impuesto por la dictadura.
Para millones de cubanos, este nuevo incremento del gas licuado no es solo un dato estadístico en un informe económico, sino una sentencia contra su calidad de vida y bienestar. El mercado informal, donde muchos deben adquirir los recursos que el Estado no provee o provee con retrasos de meses, impone precios exorbitantes que escapan de todo control. La economía nacional ha mutado hacia una mera economía de supervivencia diaria, donde llevar un plato de comida caliente a la mesa se ha convertido en una odisea que depende de la dolarización, la suerte, el contacto informal o el sacrificio de otras necesidades básicas como la salud y la educación.
Contexto: El colapso del modelo estatizado y la dolarización forzada
La situación actual del sector energético y los servicios públicos en Cuba no es un fenómeno aislado, sino el resultado lógico de décadas de mala gestión, corrupción y falta de inversión por parte de la dictadura. La falta de mantenimiento de las refinerías, la dependencia absoluta de aliados geopolíticos que ya no subsidian el petróleo con la misma generosidad y la negativa ideológica a abrir sectores estratégicos a la inversión privada real han llevado al colapso de la infraestructura nacional. El régimen de La Habana ha encontrado en la dolarización una válvula de escape para captar divisas frescas sin tener que reformar su estructura política autoritaria. Al vender bienes y servicios en dólares, el gobierno cubano reconoce implícitamente el fracaso de su propia moneda, el peso cubano, y de su modelo económico centralizado, transfiriendo todo el costo del fracaso a los ciudadanos comunes, quienes deben arreglárselas en un mercado paralelo y hostil para acceder a lo que por derecho constitucional debería ser un servicio público garantizado.
Un futuro inmediato bajo la sombra del hambre
El encarecimiento del gas licuado es un síntoma más de la descomposición avanzada del Estado cubano y de su incapacidad para proveer el bienestar que promete en su retórica oficial. Con apagones diarios, una infraestructura en ruinas, un sistema de salud colapsado y una inflación que no cede, la promesa de igualdad del régimen se ha convertido en una igualdad en la miseria más profunda. Mientras la cúpula del poder y sus allegados mantienen sus privilegios y acceso a bienes de lujo, la población enfrenta el invierno de una crisis que parece no tener fondo. Cocinar en Cuba es hoy un acto de resistencia cotidiana, y el hambre, antes una amenaza latente o un recuerdo del Periodo Especial, se consolida como la realidad cruda e innegable de una nación secuestrada por la ineficiencia, la falta de libertades y la represión institucional.
