La decisión del gobierno cubano de incrementar el precio oficial del cilindro de gas licuado de petróleo (GLP) de 10 kilogramos de 213 a 350 pesos cubanos representa un nuevo y demoledor golpe para la economía doméstica de la Isla. Esta subida, cercana al 64 %, agrava la crisis alimentaria en un país ya asfixiado por la inflación galopante, los apagones sistemáticos y la imposibilidad de acceder a una canasta básica digna, evidenciando una vez más la incapacidad del régimen para garantizar la subsistencia de su población.
El encarecimiento del combustible para cocinar no es un fenómeno aislado, sino la última manifestación de la profunda crisis estructural que atraviesa la economía centralizada de la Isla. El régimen de La Habana ha impuesto este aumento sin contemplar el colapso de los salarios y pensiones, dejando a millones de familias en una situación de vulnerabilidad extrema. Cocinar, un acto elemental de supervivencia, se ha convertido en un privilegio al alcance de muy pocos, especialmente para aquellos que dependen exclusivamente de la moneda nacional para subsistir.
A esta medida se suma la decisión de las autoridades de incrementar también las tarifas del gas manufacturado y de comenzar a comercializar determinados cilindros y accesorios del servicio en dólares estadounidenses. Esta política de dolarización parcial impuesta por el gobierno cubano crea una fractura social insalvable, erigiendo una barrera económica infranqueable para la mayoría de los ciudadanos, cuyos ingresos se mantienen atados a un peso cubano cada vez más devaluado y carente de poder adquisitivo real en los mercados estatales.
Esta estrategia de dolarización forzosa, que excluye a la gran mayoría de la población del acceso a bienes fundamentales, refleja la desesperación del régimen por captar divisas frescas sin tener que ceder el control monopolista de la economía. Es una política que penaliza la lealtad al sistema, ya que aquellos que laboran en el sector estatal, percibiendo sus haberes en moneda nacional, son los más perjudicados y relegados a un estatus de ciudadanos de segunda categoría dentro de su propio país.
Organizaciones de observación social, como Food Monitor Program (FMP), han alertado de manera contundente sobre las consecuencias de esta medida. Según sus análisis, el encarecimiento del gas es un componente crítico que cataliza la crisis alimentaria, recordando que la seguridad alimentaria no se limita al acceso a los productos, sino que incluye ineludiblemente la capacidad de conservarlos, prepararlos y cocinarlos en condiciones mínimas de salubridad. La falta de combustible anula cualquier esfuerzo por mantener una dieta adecuada.
El panorama energético nacional complica aún más este escenario. El Gas Licuado de Petróleo ha sido históricamente la fuente de energía predilecta para la cocción de alimentos en los hogares cubanos. Sin embargo, las constantes interrupciones en su distribución, producto de la ineficiencia estatal, han obligado a numerosas familias a recurrir a equipos eléctricos. El Sistema Eléctrico Nacional se encuentra en un estado de colapso terminal, con termoeléctricas obsoletas que sufren averías constantes y un déficit de generación que hace inviable el uso de estas alternativas.
En las zonas urbanas, la crisis adquiere matices aún más crueles. Mientras que en entornos rurales la población puede recurrir a la leña o el carbón, los residentes de las ciudades se ven privados de esta opción de supervivencia. El observatorio FMP ha documentado que más del 60 % de las familias han tenido que modificar drásticamente sus dietas y rutinas alimentarias, viéndose obligadas en muchos casos a eliminar una de las comidas diarias para hacer frente a la escasez de recursos energéticos y financieros.
Las estadísticas sobre la realidad alimentaria en la Isla son escalofriantes. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria, citada por organismos independientes, uno de cada tres hogares cubanos ha experimentado hambre recientemente. A la escasez crónica de alimentos y a los precios exorbitantes de los mercados informales se le suman los cortes de electricidad, la falta de agua potable y ahora, un gas licuado cuyo precio escapa de toda lógica salarial, configurando un cuadro de miseria generalizada.
La brecha entre los ingresos y el costo de vida ha alcanzado niveles de insostenibilidad. Cálculos recientes indican que dos adultos residentes en La Habana requieren aproximadamente 41.735 pesos cubanos mensuales para mantener una dieta apenas suficiente. Esta cifra equivale a casi 20 salarios mínimos según las normativas oficiales vigentes, y supera de manera abrumadora las posibilidades de un pensionado estatal. Este cálculo, cabe destacar, no contempla el gasto en combustible para cocinar ni el pago de servicios básicos.
El nuevo precio de 350 pesos por el cilindro de gas representa cerca del 17 % de un salario mínimo de 2.100 pesos cubanos. Aunque en términos absolutos podría parecer un monto menor frente al costo total de la canasta alimentaria, su impacto es letal al integrarse en una cadena de gastos esenciales que devora la totalidad de los ingresos familiares. Cuando los recursos no están disponibles mediante las inoperantes vías estatales, los ciudadanos se ven obligados a recurrir al mercado informal, donde los precios se disparan de manera exponencial.
Además, la crisis energética tiene efectos indirectos pero devastadores sobre la inflación alimentaria. La falta de combustible paraliza las labores agrícolas, interrumpe el transporte de mercancías, inutiliza los sistemas de refrigeración y detiene el funcionamiento de las industrias procesadoras. La dictadura, al no garantizar el suministro energético, asfixia la ya precaria producción nacional de alimentos, creando un círculo vicioso de escasez y encarecimiento que castiga implacablemente a la población civil.
Contexto: La dolarización forzosa y el colapso del modelo estatal
La comercialización en divisas de cilindros y accesorios para el servicio de gas no es más que un eslabón en la cadena de dolarización impulsada por el gobierno cubano para captar moneda extranjera. En la actual coyuntura, una proporción creciente de alimentos, electrodomésticos y bienes de primera necesidad se ofrece de manera exclusiva en dólares o mediante tarjetas asociadas a monedas extranjeras. Esta política segmenta a la sociedad y penaliza a quienes sostienen el país con su trabajo en pesos cubanos, evidenciando el fracaso absoluto del modelo económico que tanto defiende la oficialidad.
Históricamente, el régimen justificó la escasez y el racionamiento bajo la premisa de un bloqueo externo, pero la realidad actual desnuda la ineficacia del modelo colectivista. La dependencia de remesas y la apertura de tiendas en moneda libremente convertible fueron paliativos que no resolvieron el problema de fondo. Hoy, la dolarización se intensifica como mecanismo de extracción de riqueza, dejando al descubierto que la dictadura prioriza el sostenimiento de su aparato represivo y burocrático sobre la alimentación y el bienestar de su pueblo.
El deterioro simultáneo de los servicios básicos es la tónica general en la Isla. Con apagones diarios, dificultades extremas para acceder al agua potable, una inflación persistente que erosiona cualquier capacidad adquisitiva y la falta de combustible, la vida cotidiana se ha convertido en una batalla campal. La dictadura ha desmantelado las infraestructuras esenciales durante décadas de mala gestión y corrupción institucionalizada, transfiriendo el costo de su ineficiencia directamente a los hogares cubanos.
Para millones de cubanos, este aumento del 64 % en el precio del gas no es un simple ajuste tarifario, sino una sentencia de hambre. Suma un nuevo e insalvable costo a una economía doméstica que ya está enteramente dedicada a la mera supervivencia biológica. El régimen de La Habana, al negarse a realizar reformas estructurales que liberalicen la economía y al mantener su férreo control sobre la producción y distribución, demuestra una vez más su desprecio por el bienestar de la población, haciendo que llevar un plato de comida caliente a la mesa sea, hoy en Cuba, un acto de resistencia y no un derecho garantizado.
