El gobierno cubano ha decretado un aumento sin precedentes en el precio del gas licuado de petróleo (GLP), elevando el costo del cilindro estándar de 10 kilogramos de 213 a 350 pesos cubanos. Esta medida, que representa un incremento cercano al 64 %, ahonda aún más la profunda crisis alimentaria y energética que asola la Isla, en medio de una inflación galopante, apagones sistemáticos y una pérdida total del poder adquisitivo de la población.
La decisión del régimen de La Habana de ajustar las tarifas energéticas golpea directamente el núcleo de la economía doméstica cubana. Cocinar, un acto elemental para la subsistencia, se ha convertido en un lujo inalcanzable para amplios sectores de la población. El encarecimiento del GLP no es un fenómeno aislado, sino que se inserta en una cadena de fracasos gubernamentales que ha dejado a los hogares sin capacidad para hacer frente a las necesidades más básicas. Las familias se ven atrapadas en un ciclo de empobrecimiento acelerado, donde el salario nominal no logra cubrir ni una fracción de la canasta básica.
A la subida de precios en moneda nacional, el gobierno cubano añadió la comercialización en dólares estadounidenses de determinados cilindros y accesorios relacionados con el servicio. Esta medida profundiza la dolarización parcial de la economía insular, una estrategia oficial que margina a la inmensa mayoría de los ciudadanos, quienes perciben sus ingresos y pensiones en una moneda devaluada. La creación de una economía paralela en divisas funciona como una barrera de exclusión social, donde el acceso a bienes esenciales queda supeditado a la recepción de remesas del exterior o a la participación en actividades económicas que generen moneda fuerte.
El gas licuado ha sido históricamente la principal fuente de energía para la cocción de alimentos en Cuba. Sin embargo, la ineficiencia del aparato estatal en su distribución ha obligado a numerosas familias a depender de equipos eléctricos. Esta supuesta alternativa colapsa de inmediato ante los apagones prolongados y las averías constantes del Sistema Eléctrico Nacional, gestionado por entidades estatales deficientes. En las zonas urbanas, donde la infraestructura arquitectónica impide recurrir a la leña o el carbón, la falta de combustible y energía eléctrica paraliza por completo la preparación de alimentos, generando un escenario de vulnerabilidad extrema.
Organizaciones de observación social, como Food Monitor Program (FMP), han alertado sobre las consecuencias directas de esta política energética en la nutrición de los cubanos. La incapacidad de cocinar adecuadamente obliga a más del 60 % de las familias documentadas a modificar sus dietas y rutinas alimentarias, llegando incluso a eliminar una de las comidas diarias para racionar el escaso combustible disponible. La seguridad alimentaria, tal como recuerdan los expertos, no se limita al acceso físico a los productos, sino que incluye de manera ineludible la capacidad para conservarlos y prepararlos en condiciones mínimas de salubridad.
Las cifras sobre el hambre en la Isla son contundentes y revelan el fracaso absoluto del modelo socioeconómico impuesto por la dictadura. Según datos de encuestas recientes sobre seguridad alimentaria, uno de cada tres hogares cubanos ha experimentado hambre recientemente. A la escasez crónica de alimentos y a los precios exorbitantes en los mercados agropecuarios, se suman ahora los cortes eléctricos, la falta de agua potable y la imposibilidad de pagar el combustible necesario para cocinar. La interacción de estos factores configura una crisis humanitaria silenciada por las autoridades, que prefieren maquillar la realidad antes que admitir la incapacidad del Estado para proveer lo mínimo.
El abismo entre los ingresos y el costo de vida en Cuba ha alcanzado niveles de insostenibilidad absoluta. Cálculos independientes indican que dos adultos residentes en La Habana requieren aproximadamente 41.735 pesos cubanos mensuales para mantener una dieta apenas suficiente. Esta cifra equivale a casi 20 salarios mínimos vigentes y supera con creces las posibilidades de cualquier pensionado estatal. Es crucial destacar que este cálculo no contempla el gasto en combustible para cocinar ni el pago de otros servicios básicos, lo que demuestra que el salario cubano es puramente nominal y carente de valor real en el mercado.
El nuevo precio oficial del cilindro de gas, fijado en 350 pesos cubanos, representa alrededor del 17 % de un salario mínimo de 2.100 pesos. Aunque el régimen intenta presentar este ajuste como una medida de reordenamiento económico inevitable, la realidad es que se incorpora a una cadena de gastos esenciales que devora la totalidad de los ingresos familiares. Cuando los recursos no están disponibles a través de las inoperantes vías estatales, los ciudadanos se ven obligados a recurrir al mercado informal, donde los precios son considerablemente más altos, alimentando la especulación y el descontrol que el propio gobierno ha generado.
La crisis energética impulsada por la ineficiencia del régimen tiene efectos devastadores e indirectos sobre la inflación alimentaria. La falta de combustible no solo impide cocinar en los hogares, sino que paraliza las labores agrícolas, interrumpe el transporte de mercancías hacia las ciudades, colapsa los sistemas de refrigeración de los alimentos perecederos y detiene el funcionamiento de las industrias procesadoras. El modelo centralizado y estatizado de la economía cubana demuestra, una vez más, su incapacidad para garantizar la producción y distribución de alimentos, trasladando el costo de su ineficiencia directamente a la población más vulnerable.
El colapso estructural del modelo económico cubano
Para comprender la magnitud del incremento del 64 % en el precio del gas, es necesario enmarcarlo dentro del deterioro estructural que padece la economía cubana desde hace décadas. El régimen de La Habana ha mantenido un sistema de planificación centralizada que ha demostrado ser inviable, ahogando la productividad y dependiendo históricamente de subsidios externos, primero de la Unión Soviética y luego de Venezuela. Con el declive de estos apoyos internacionales, la infraestructura energética y productiva de la Isla ha colapsado, evidenciando la falta de inversión, el envejecimiento de las redes de distribución y la incapacidad de gestión del Estado.
La estrategia actual del gobierno cubano frente a la bancarrota del sistema ha sido la implementación de medidas de ajuste que, en la práctica, significan la eliminación de subsidios a productos básicos y la liberalización de precios sin un aumento correspondiente en los salarios. Esta política de shock, aplicada sin un plan de compensación social, ha pauperizado a la clase trabajadora. La dolarización de bienes esenciales no es más que un reconocimiento oficial de la incapacidad del peso cubano para funcionar como moneda de cambio en una economía que no produce riqueza ni genera confianza.
Además, la dictadura mantiene un control férreo sobre la propiedad privada y la iniciativa empresarial, limitando severamente la capacidad de los ciudadanos para generar ingresos que les permitan adaptarse a la nueva realidad económica. Mientras se exige a la población que pague precios de mercado libre en dólares por bienes básicos, el Estado mantiene un monopolio sobre el empleo formal, pagando salarios de miseria en una moneda que no tiene valor en el mercado internacional. Esta contradicción es la raíz de la profunda crisis social que vive la Isla y que el poder político se niega a resolver.
En definitiva, el encarecimiento del gas licuado y la dolarización de sus accesorios no son simples ajustes de tarifa, sino síntomas de un sistema en descomposición. Para millones de cubanos, llevar un plato de comida caliente a la mesa se ha convertido en una odisea diaria que demanda casi la totalidad de sus esfuerzos e ingresos. El régimen de La Habana, lejos de ofrecer soluciones, profundiza la exclusión y el hambre de su propia población, demostrando que su principal fracaso no es solo económico, sino ético y humano. La supervivencia en Cuba es hoy un castigo impuesto por una dictadura que ha despojado a sus ciudadanos de lo más elemental: el derecho a la alimentación y a la dignidad.
