El régimen de La Habana ha decretado un nuevo y doloroso golpe a la ya maltrecha economía doméstica de los cubanos mediante un incremento del 64 % en el precio oficial del gas licuado de petróleo (GLP). El cilindro estándar de 10 kilogramos, vital para la cocción de alimentos en la mayoría de los hogares de la Isla, ha pasado de costar 213 a 350 pesos cubanos. Esta medida, que también contempla un alza en el gas manufacturado y la futura venta de ciertos accesorios en dólares estadounidenses, representa una carga insoportable para una población sumida en una profunda crisis alimentaria, golpeada por la inflación y abandonada a su suerte frente a los constantes apagones del Sistema Eléctrico Nacional.
La decisión gubernamental ha sido severamente cuestionada por organizaciones de observación social y alimentaria, como Food Monitor Program (FMP), que han advertido cómo el simple acto de cocinar se ha convertido en un componente crítico de la emergencia humanitaria que asola la nación. Para el observatorio, la medida no solo encarece un servicio esencial, sino que amplía la dolarización parcial de bienes básicos, erigiendo una barrera casi infranqueable para los millones de cubanos que dependen exclusivamente de salarios y pensiones pagados en una moneda local cada vez más devaluada e inútil para el comercio minorista.
Históricamente, el GLP ha sido la fuente de energía predilecta y más accesible para la cocción en el país. Sin embargo, las constantes interrupciones en su distribución estatal, producto de la ineficiencia crónica del sistema, han forzado a numerosas familias a depender de equipos eléctricos. Esta alternativa resulta completamente inviable en un contexto marcado por apagones prolongados y averías constantes en la infraestructura eléctrica nacional. La falta de opciones energéticas viables afecta con especial crudeza a los hogares en zonas urbanas, donde recurrir a alternativas tradicionales como la leña o el carbón resulta prácticamente imposible debido a las restricciones espaciales y de ventilación en los edificios.
Las consecuencias de esta política de precios se reflejan directamente en la mesa de los cubanos. Según datos documentados por organizaciones independientes, más del 60 % de las familias han tenido que modificar drásticamente sus dietas y rutinas alimentarias, llegando algunas al extremo de eliminar una de las comidas diarias para hacer rendir sus escasos recursos. Como ha recordado FMP, la seguridad alimentaria es multifactorial y no se limita al acceso a los productos; incluye de manera ineludible la capacidad para conservar, preparar y cocinar los alimentos en condiciones mínimas de salubridad y dignidad.
La magnitud de la tragedia social es respaldada por encuestas nacionales recientes que evidencian que uno de cada tres hogares cubanos ha experimentado hambre de manera reciente. A la escasez estructural y a los precios exorbitantes de los alimentos en los mercados estatales e informales, se suma ahora la imposibilidad de pagar el combustible necesario para su cocción. El hambre en la Isla ha dejado de ser una amenaza latente para convertirse en una realidad cotidiana que la dictadura intenta invisibilizar mediante el control de la información y la represión a quienes denuncian la crisis.
El abismo entre los ingresos de los ciudadanos y el costo de vida continúa ensanchándose a un ritmo alarmante. Cálculos independientes indican que dos adultos residentes en La Habana requieren aproximadamente 41.735 pesos cubanos mensuales para mantener una dieta apenas suficiente. Esta astronómica cifra equivale a casi 20 salarios mínimos, según las cifras oficiales, y supera con creces las posibilidades de cualquier jubilado o trabajador estatal. Es crucial destacar que este cálculo no incluye el gasto en combustible para cocinar ni el pago de otros servicios básicos, lo que agrava aún más el panorama de empobrecimiento generalizado.
El nuevo precio de 350 pesos por el cilindro de gas representa aproximadamente el 17 % de un salario mínimo de 2.100 pesos. Aunque aislado podría parecer un monto manejable, en la práctica se inserta en una cadena de gastos esenciales que devora la totalidad de los ingresos familiares. Cuando los recursos no están disponibles a través de las deficientes vías estatales, los ciudadanos se ven obligados a recurrir al mercado informal, donde los precios alcanzan niveles verdaderamente usurarios, enriqueciendo a intermediarios y funcionarios corruptos mientras el pueblo pasa hambre.
La crisis energética impulsada por la ineficiencia del gobierno cubano tiene efectos devastadores e indirectos sobre la inflación alimentaria. La falta de combustible no solo impide cocinar en los hogares, sino que paraliza las labores agrícolas, interrumpe el transporte de mercancías hacia los centros de consumo, inutiliza los sistemas de refrigeración y detiene el funcionamiento de las industrias procesadoras. Es un círculo vicioso de miseria generado por la falta de planificación, la corrupción y la incapacidad estructural del régimen para gestionar los recursos del país.
Contexto: El colapso de un modelo económico obsoleto
La subida del precio del gas y la progresiva dolarización de la economía cubana no son eventos aislados, sino síntomas del colapso definitivo del modelo económico centralizado impuesto por la dictadura durante décadas. El régimen de La Habana, ante su incapacidad para generar riqueza, mantener la infraestructura básica del país o incentivar la producción nacional, ha optado por transferir el costo de sus fracasos directamente a la población. La dolarización parcial, que obliga a los ciudadanos a adquirir bienes esenciales en moneda extranjera, es un reconocimiento implícito del fracaso de la moneda nacional y una forma de extorsión a las familias que dependen de las remesas del extranjero para sobrevivir.
Durante años, el gobierno cubano ha mantenido un control férreo sobre la distribución de recursos, justificando las privaciones con la retórica del bloqueo, mientras la corrupción interna y la mala gestión desmantelaban la productividad nacional. Hoy, la realidad es que el Estado no garantiza el acceso a la electricidad, al agua potable ni al combustible básico. La población se encuentra atrapada en una economía de supervivencia, donde la inflación persistente destruye el poder adquisitivo y donde las políticas oficiales, lejos de ofrecer soluciones, profundizan la exclusión y la desigualdad social.
En definitiva, el encarecimiento del gas licuado es otra muestra de la descomposición social y económica que impera en Cuba. Para millones de ciudadanos, llevar un plato de comida caliente a la mesa se ha convertido en una proeza financiera y logística que consume todas sus energías. Mientras la cúpula del régimen mantiene sus privilegios y acceso a bienes de lujo, el pueblo cubano continúa soportando el peso de un sistema fracasado, donde la dignidad humana es sacrificada en aras de mantener una estructura de poder anacrónica e insostenible. La supervivencia diaria en la Isla es, hoy más que nunca, un acto de resistencia frente a las políticas hambreadoras del Estado.
