El gobierno cubano ha decretado un aumento del 64% en el precio del cilindro de gas licuado de petróleo (GLP), elevando su costo oficial de 213 a 350 pesos cubanos. Esta medida, que se suma a la dolarización de accesorios básicos y al encarecimiento del gas manufacturado, ahoga aún más a las familias cubanas que intentan sobrevivir en medio de una inflación galopante, apagones sistemáticos y una crisis alimentaria sin precedentes. Cocinar se ha convertido, de facto, en un lujo inalcanzable para gran parte de la población.
La decisión del régimen de La Habana de ajustar las tarifas energéticas golpea directamente el núcleo de la economía doméstica cubana. El incremento del cilindro de 10 kilogramos a 350 CUP representa una carga desproporcionada para aquellos ciudadanos que dependen exclusivamente de salarios y pensiones emitidos en moneda nacional. Con un salario mínimo fijado en 2.100 pesos, la adquisición de un solo balón de gas consume aproximadamente el 17% de los ingresos mensuales de los trabajadores peor remunerados, un porcentaje devastador cuando se contempla dentro del conjunto de necesidades básicas insatisfechas.
El Observatorio Food Monitor Program (FMP) ha emitido alertas contundentes sobre esta nueva política tarifaria, señalando que el encarecimiento del combustible doméstico es un eslabón crítico en la cadena de inseguridad alimentaria. La organización subraya que la capacidad de adquirir alimentos resulta infructuosa si las familias no cuentan con los medios para cocinarlos. En este sentido, la subida de precios no es un mero ajuste macroeconómico, sino una decisión que impide físicamente la preparación de alimentos en condiciones adecuadas, empujando a millones de hogares a la desnutrición y al cambio forzado de sus hábitos alimentarios.
A la escasez estructural del GLP, que ya había obligado a amplios sectores de la población a depender de equipos eléctricos, se suma ahora la prohibición económica de acceder al combustible. El Sistema Eléctrico Nacional (SEN), sumido en una crisis terminal, ofrece apagones prolongados que inutilizaron las cocinas eléctricas. Ante la falta de gas y de electricidad, las familias urbanas —donde la utilización de leña o carbón es prácticamente inviable por cuestiones de infraestructura y espacio— se encuentran en un callejón sin salida, obligadas a ingeniárselas en un mercado negro donde los precios superan ampliamente las tarifas oficiales.
El gobierno cubano no se ha limitado a devaluar el poder adquisitivo en pesos, sino que ha profundizado su estrategia de dolarización forzosa. Las autoridades han anunciado que la venta de determinados cilindros y accesorios vinculados al servicio de gas comenzará a realizarse exclusivamente en dólares estadounidenses. Esta política amplía la brecha de desigualdad en la Isla, creando una barrera infranqueable para quienes no tienen acceso a remesas o divisas extranjeras, y consolidando un modelo económico paralelo donde la supervivencia está condicionada al acceso a la moneda estadounidense.
Los datos expuestos por FMP retratan una realidad desoladora. Según cálculos del observatorio, dos adultos residentes en La Habana requieren alrededor de 41.735 CUP mensuales para mantener una dieta apenas suficiente. Esta cifra equivale a casi 20 salarios mínimos y excluye deliberadamente el gasto en combustible para cocinar y el pago de servicios básicos. La pensión estatal, que fue el pilar de la promesa socialista, resulta hoy una burla cruel frente a estos números, demostrando el fracaso absoluto del modelo económico impuesto por la dictadura.
La Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria, citada por la organización monitora, revela que uno de cada tres hogares cubanos ha experimentado hambre recientemente. Más del 60% de las familias documentadas han tenido que modificar sus dietas, reduciendo porciones o eliminando directamente una de las comidas diarias. Esta no es una crisis coyuntural; es el resultado de décadas de mala gestión, centralización estatal ineficiente y represión de la iniciativa privada que ha destruido la capacidad productiva del país.
El impacto de la crisis energética trasciende el ámbito doméstico y alimenta la inflación alimentaria de manera sistémica. La falta de combustible paraliza las labores agrícolas, encarece el transporte de mercancías hacia los mercados urbanos, interrumpe la cadena de refrigeración y detiene las industrias procesadoras. El régimen de La Habana ignora que la energía es el motor transversal de la economía, y sus deficiencias en este sector se traducen en escasez y encarecimiento de todos los productos de la canasta básica.
El contexto de una crisis multifactorial y el fracaso del modelo estatal
Para comprender la magnitud del incremento del 64% en el precio del gas, es necesario enmarcarlo dentro del colapso generalizado de la infraestructura estatal cubana. Durante décadas, la dictadura ha mantenido un monopolio sobre la distribución de energía y alimentos, justificando su control con la promesa de una equidad social que jamás materializó. Hoy, ese mismo Estado monopolista es incapaz de garantizar la entrega oportuna de un cilindro de gas, obligando a la población a enfrentar una crisis de supervivencia que combina apagones diarios, déficit de agua potable, inflación persistente y una capacidad adquisitiva en picada.
La dolarización parcial impulsada por el gobierno cubano no es una reforma orientada a la apertura, sino un mecanismo de extracción de divisas para sostener un aparato estatal ineficiente. Al ofrecer bienes esenciales en dólares mientras paga salarios en una moneda devaluada, el régimen crea una economía de apartheid donde solo aquellos con acceso a remesas pueden acceder a servicios básicos. Esta estrategia descarga el peso de la crisis sobre los sectores más vulnerables, especialmente los ancianos y los trabajadores estatales, atrapados en un ciclo de pobreza extrema sin precedentes en la historia reciente de la Isla.
En definitiva, el encarecimiento del gas licuado es mucho más que un ajuste de precios; es un síntoma más de la asfixia económica a la que el régimen somete a la población. Para millones de cubanos, llevar un plato de comida caliente a la mesa se ha convertido en una odisea diaria que requiere sortear obstáculos burocráticos, inflacionarios y energéticos. Mientras la cúpula del poder en La Habana busca mecanismos para capturar divisas, la base de la sociedad cubana destina la totalidad de sus esfuerzos a la mera supervivencia, evidenciando que la promesa de igualdad del sistema socialista ha derivado en la miseria generalizada y en la pérdida absoluta de la calidad de vida.
