Ante el colapso del sector estatal, el gobierno cubano ha publicado un nuevo decreto que permite la asociación entre empresas públicas y privadas. La medida representa un reconocimiento implícito de la incapacidad del Estado para gestionar la economía y subordina la supervivencia de las empresas estatales al empuje del incipiente sector privado.
El régimen de La Habana ha desempolvado su marco normativo para implementar el Decreto-Ley 114, un instrumento jurídico que habilita la firma de acuerdos entre entidades estatales y los actores económicos no estatales, conocidos como mipymes. Las autoridades de la isla justifican la decisión bajo la necesidad de dinamizar la economía y crear encadenamientos productivos, aunque la realidad económica demuestra que se trata de un parche ante la profunda crisis humanitaria y el fracaso del modelo centralizado.
Esta maniobra legal constituye un reconocimiento de derrota por parte del ejecutivo cubano. Durante décadas, la dictadura mantuvo el monopolio absoluto de la actividad económica, marginando cualquier forma de propiedad privada. Sin embargo, la ineficiencia crónica, la falta de incentivos y la desidia burocrática han llevado a las empresas estatales al borde de la quiebra, obligando al poder a recurrir al sector privado, el único capaz de generar capital y dinamismo en la actual coyuntura de desabastecimiento e inflación galopante.
Control estatal y asimetría en las nuevas reglas
El Decreto-Ley 114, que entrará en vigor un mes después de su publicación en la Gaceta Oficial, establece cuatro modalidades estrictas para estas asociaciones: la creación de sociedades de responsabilidad limitada mixtas, la adquisición de participaciones estatales en empresas privadas existentes, la absorción de sociedades privadas por entidades estatales y la concertación de contratos de asociación económica. La normativa es clara en su asimetría: permite que el Estado compre cuotas del sector privado, pero prohíbe lo contrario, evidenciando que el objetivo no es la libre competencia, sino mantener el control férreo sobre los recursos y la economía nacional.
Lejos de representar una apertura democrática o una victoria definitiva del libre mercado, esta medida es un cálculo político de supervivencia. El modelo económico cubano no cambia con estas soluciones temporales; se limita a aplicar tiritas donde la crisis exige transformaciones estructurales. El contexto sistémico de la isla, marcado por el colapso de los servicios públicos, un éxodo migratorio sin precedentes y la falta de libertades, continúa sin abordarse de raíz.
En última instancia, el futuro de estas asociaciones mixtas dependerá de la voluntad del régimen para respetar la autonomía del sector privado. Hasta ahora, la interferencia burocrática y la inseguridad jurídica han sido la tónica constante. Si las autoridades de la isla no renuncian a su vocación de control absoluto, este intento de salvar a las empresas estatales mediante el capital privado podría fracasar, profundizando aún más la precariedad de la ciudadanía y el aislamiento económico del país.
