El canciller Bruno Rodríguez reconoció la falta de avances en las negociaciones con Washington, en medio de la política de presión estadounidense. Las autoridades de la isla buscan una sesión en la ONU para denunciar el embargo, en un contexto donde el propio gobierno cubano acaba de anunciar un giro económico que desmonta décadas de restricciones internas.
En una conferencia de prensa, el titular de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, afirmó que \»las conversaciones entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos no muestran progresos\». A pesar de este escenario, el funcionario aseguró que el ejecutivo cubano mantendrá su disposición al diálogo y a la búsqueda de soluciones pacíficas, aunque subrayó que juzgará a Washington \»por los hechos\». Las relaciones bilaterales se han enfriado notablemente desde inicios de año, tras la imposición de un bloqueo petrolero por parte de EE.UU., nuevas sanciones a funcionarios y la imputación judicial contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.
Apelación internacional en medio de contradicciones internas
Para contrarrestar la presión estadounidense, el régimen de La Habana ha solicitado una sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas para los próximos días. Rodríguez anunció que la dictadura cubana utilizará este espacio para denunciar las sanciones energéticas y las medidas restrictivas impuestas recientemente contra entidades vinculadas al poder en la isla. Asimismo, reiteró que el embargo representa una \»amenaza para la existencia\» del país y acusó a Washington de presionar a otros Estados para evitar el respaldo internacional a La Habana.
El discurso victimista de las autoridades de la isla contrasta fuertemente con el reciente anuncio del mayor paquete de reformas económicas en décadas. El gobierno cubano ha autorizado la creación de bancos privados, casas de cambio, inversiones inmobiliarias y la participación de cubanos residentes en el exterior en la economía nacional. Estas medidas, que flexibilizan el monopolio estatal, fueron prohibidas durante años bajo el argumento de ser incompatibles con el socialismo. Su implementación actual, sin que el embargo haya cesado, confirma lo que economistas independientes han sostenido desde hace tiempo: una parte sustancial del colapso productivo y la asfixia económica responde a decisiones políticas internas y al control absoluto del Estado, más que a las sanciones externas.
Pese a esta apertura económica limitada, la dictadura mantiene intacto su monopolio político y la represión contra la sociedad civil. La estrategia diplomática de buscar apoyo en la ONU, donde se volverá a votar la tradicional resolución contra el embargo, parece ser el principal escudo del régimen ante el creciente aislamiento. Sin embargo, la evidente contradicción entre culpar a Washington de todos los males y simultáneamente desmantelar el modelo que supuestamente defendía, pone en evidencia la urgencia del gobierno cubano por captar recursos y sobrevivir, sin ceder un milímetro en el control del poder. Las consecuencias para la ciudadanía seguirán marcadas por la incertidumbre, mientras las reformas tardías chocan con la falta de libertades y el colapso estructural que atraviesa la nación.
