La promesa de modernización económica del gobierno cubano ha derivado en una trampa financiera para millones de ciudadanos. Trabajadores estatales, profesionales de la salud y jubilados ven cómo sus ingresos se depositan puntualmente en tarjetas bancarias, pero permanecen inaccesibles ante la aguda escasez de billetes. Para obtener dinero en efectivo, la población se ve obligada a recurrir a un mercado informal controlado por intermediarios que retienen hasta la mitad de los ingresos, evidenciando el colapso estructural del sistema financiero y la incapacidad del régimen de La Habana para gestionar la economía nacional.
La paradoja de la economía cubana actual se resume en la experiencia del doctor Roberto Serrano Delis, especialista de la salud en Santiago de Cuba con casi cuatro décadas de servicio. Su salario, que asciende a unos 13.000 pesos mensuales, aparece reflejado mes a mes en su cuenta digital. Sin embargo, desde hace aproximadamente tres meses, no ha logrado convertir esos números en billetes físicos. La imposibilidad de acceder al efectivo ha obligado a este profesional a \»inventar\» estrategias de supervivencia, debatiéndose entre el deber moral con sus pacientes y la tentación de abandonar un puesto de trabajo que, en la práctica, no le permite sostener a su familia.
Ante el cierre de las ventanillas bancarias y la constante respuesta de \»no hay dinero\», la única alternativa para la ciudadanía ha sido acudir a los llamados \»buquenques\». Estos intermediarios informales operan como cajeros automáticos ilegales, entregando billetes a cambio de transferencias digitales, pero cobrando una comisión que oscila entre el 40 y el 50 por ciento del monto total. En el caso del doctor Serrano, recurrir a este mercado negro implicaría recibir apenas entre 6.500 y 7.800 pesos, una pérdida devastadora que refleja cómo la escasez de efectivo se ha transformado en un lucrativo negocio de extorsión financiera.
El robo silencioso a los jubilados y la clase trabajadora
El impacto de esta crisis bancaria es particularmente cruel para los sectores más vulnerables de la población, especialmente los jubilados, quienes dependen exclusivamente de sus pensiones para sobrevivir. Gisela Díaz, retirada desde 2022, recibe una pensión de 3.800 pesos mensuales. Si decide acudir a los intermediarios para obtener efectivo y poder comprar alimentos en los mercados agroganaderos —donde la libra de azúcar puede costar hasta 600 pesos—, apenas conservaría entre 1.900 y 2.280 pesos. La situación ha generado un sentimiento de profunda frustración y desesperanza entre los adultos mayores, quienes sienten que su vida de trabajo no tiene valor en la Cuba actual.
En provincias como Santiago de Cuba, la crisis adquiere dimensiones aún más dramáticas debido al colapso del Sistema Electroenergético Nacional (SEN). En municipios como Songo-La Maya, el acceso a internet y a los sistemas bancarios digitales depende directamente del servicio eléctrico. Testimonios como el de Milagros Zamora, de casi 80 años, ilustran la deshumanización del sistema: horas de cola bajo el sol, esperando el turno para cobrar su pensión, que se evaporan cuando un apagón interrumpe la conectividad y los empleados del banco le indican que regrese al día siguiente. La falta de infraestructura y la ineficiencia burocrática se conjugan para negar a los ancianos el acceso a sus propios recursos.
Una bancarización impuesta sin respaldo estructural
El origen de esta asfixia financiera radica en la política de bancarización impulsada por las autoridades de la isla desde 2023. El ejecutivo cubano pretendía incrementar el uso de pagos electrónicos para reducir la circulación de dinero en efectivo y ganar control sobre las transacciones económicas. Sin embargo, el plan se implementó sin garantizar la liquidez necesaria ni la confianza en el sistema. El Banco Central de Cuba (BCC) ha reconocido públicamente las dificultades para abastecer de billetes las sucursales, atribuyendo el problema a la baja captación de dinero y a limitaciones operativas, sin admitir la responsabilidad directa de la mala gestión gubernamental.
Como parte de su estrategia para forzar la digitalización, el BCC anunció el pasado 17 de julio nuevas disposiciones, incluyendo la eliminación del límite de 5.000 pesos para pagos en efectivo entre actores económicos y la introducción gradual de billetes de 2.000 y 5.000 pesos desde abril. No obstante, expertos economistas señalan que la falta de efectivo no es un mero problema logístico, sino el síntoma de una crisis más profunda. La elevada inflación, la pérdida de confianza en el peso cubano y la preferencia de ciudadanos y empresas por mantener sus recursos fuera del sistema financiero formal evidencian el fracaso de la política monetaria del régimen de La Habana.
El sector privado tampoco escapa a esta parálisis. Numerosos negocios particulares rechazan las transferencias bancarias porque, al recibir el dinero en sus cuentas, tampoco logran retirarlo en efectivo para pagar a sus proveedores o a sus trabajadores. Esta dinámica ha creado un cuello de botella que congela la ya deprimida economía nacional, donde el dinero existe únicamente en las pantallas de los teléfonos móviles, pero carece de valor real en las calles.
Represión selectiva y sospechas de corrupción institucional
Frente al auge del mercado negro de divisas y efectivo, la dictadura cubana ha optado por la represión selectiva en lugar de soluciones estructurales. A principios de junio, autoridades oficialistas en Santiago de Cuba anunciaron la detención de un hombre que operaba como intermediario, aplicando una comisión del 20% y incautándole alrededor de 380.000 pesos durante el registro de su vivienda. El operativo fue difundido por perfiles afines al gobierno como una muestra de \»lucha contra el delito\».
Sin embargo, la población cuestiona estas acciones policiales, señalando que apenas atacan una manifestación del problema y no su raíz. Los ciudadanos se preguntan cómo es posible que existan sumas tan elevadas de efectivo en manos de particulares en un país donde no existen bancos privados. La hipótesis de una complicidad directa y corrupción dentro del propio sistema bancario estatal es una constante en el debate popular, un frente que el gobierno cubano se ha negado a investigar de manera transparente, levantando sospechas sobre altos mandos del Ministerio del Interior y del BCC.
Contexto: El colapso de la economía socialista y la fuga del peso cubano
La imposibilidad de cobrar en efectivo no es un hecho aislado, sino la culminación de años de políticas económicas fallidas que han destruido el tejido productivo de la isla. Desde el fracaso del llamado \»Tarea Ordenamiento\» en 2021, la economía cubana ha entrado en una espiral hiperinflacionaria sin precedentes. El gobierno cubano emitió dinero inorgánico de manera descontrolada para cubrir el déficit fiscal, lo que erosionó por completo el poder adquisitivo del salario estatal y de las pensiones. Hoy, el peso cubano no cumple ninguna de las funciones básicas del dinero: ni sirve como reserva de valor, ni como unidad de cuenta confiable, y ahora, ni siquiera como medio de cambio universal debido a la falta de billetes.
Este escenario ha forzado una dolarización de facto en la economía informal. Los cubanos que logran acceder a divisas —ya sea a través de remesas o del trabajo por cuenta propia en sectores vinculados al turismo o al comercio exterior— huyen del peso cubano a toda costa. La falta de confianza en la moneda nacional ha llevado a que la población atesore cualquier billete físico que llega a sus manos, sacándolo de circulación bancaria y agravando la escasez de liquidez en las arcas del Estado. La dictadura cubana, al perder el control sobre la emisión y circulación de su propia moneda, ha dejado a la población en un estado de pauperización extrema.
Las consecuencias de esta crisis financiera se entrelazan directamente con el éxodo migratorio masivo que vive la isla. Profesionales como el doctor Serrano, o emprendedores informales como Ofelia Matos —una jubilada que sobrevive vendiendo termos de café y turrones pese a tener 15.000 pesos atrapados en su tarjeta—, representan a millones de cubanos que han perdido la esperanza. La falta de perspectivas económicas, sumada a la represión política y el colapso de los servicios básicos, empuja a la fuerza laboral más productiva a abandonar el país.
El futuro inmediato se presenta sombrío. Mientras la comunidad internacional mantiene una postura de observación pasiva ante el deterioro de los derechos económicos y sociales en Cuba, el régimen de La Habana continúa aplicando parches ineficaces a una economía en ruinas. La promesa de una recuperación económica sigue siendo una falacia propagandística, y la realidad impone su peso: en la Cuba de hoy, trabajar toda una vida ya no garantiza ni siquiera el derecho a tocar el propio salario. La sobrevivencia se ha convertido en un privilegio al alcance de muy pocos, pagadero solo con la pérdida de la mitad de lo poco que el Estado reconoce como deuda con sus ciudadanos.
