El gobierno cubano ha desatado una campaña mediática para culpar al mercado informal de divisas del colapso económico del país, pero la respuesta ciudadana ha sido contundente. Ante la imposición de una tasa de cambio oficial que empobrece a la población, los cubanos se aferran a las remesas enviadas desde el extranjero y al cambio paralelo como única vía de supervivencia, negando al Estado el control absoluto sobre sus ingresos.
La ofensiva oficial, respaldada por medios estatales como el diario Granma, intenta convencer a la población de que la crisis económica y la pobreza generalizada son responsabilidad de los cambistas callejeros. Sin embargo, la publicación de recientes artículos gubernamentales ha generado cientos de comentarios de lectores que rechazan esta narrativa. La respuesta masiva ha girado en torno a una premisa clara: las divisas enviadas por los emigrados pertenecen a los familiares en la isla, quienes decidirán cómo administrarlas sin someterse a las tasas impuestas por el Estado.
El intento desesperado de las autoridades de la isla por desarticular la compraventa de moneda extranjera por canales alternativos obedece a la necesidad de encubrir el fracaso de la llamada \»Tarea Ordenamiento\». Esta política económica, largamente anunciada y aplicada en 2021, provocó una distorsión monetaria sin precedentes que consolidó al mercado informal como la tabla de salvación para quienes reciben ayuda desde el exterior. Actualmente, el dólar en el mercado paralelo rinde hasta cuatro veces más que en las instituciones estatales, una brecha que hace inviable para cualquier ciudadano aceptar el cambio oficial de 1 por 120 pesos.
Control estatal frente a la supervivencia familiar
El ejecutivo cubano pretende canalizar todas las remesas a través de tarjetas magnéticas para forzar el consumo en sus redes comerciales, predominantemente en moneda libremente convertible (MLC). No obstante, la ciudadanía prefiere el mercado informal, donde los dólares o euros físicos pueden cambiarse a la tasa flotante y garantizar la compra de alimentos, medicinas y servicios básicos durante el mes. La dictadura cubana, mediante figuras mediáticas y programas televisivos, ha intentado infundir miedo entre quienes participan en esta economía paralela, acusándolos de perjudicar la liquidez nacional. La población, sin embargo, es consciente de que la falta de recursos responde a la mala gestión y al desvío de fondos por parte de la élite gobernante, no al intercambio entre particulares.
La matemática económica se impone ante la retórica oficial. A la abrumadora diferencia entre las tasas de cambio se suma la desconfianza institucional derivada de la opacidad financiera del régimen de La Habana. Mientras se culpa al mercado informal de la crisis, el conglomerado militar empresarial GAESA mantiene miles de millones de dólares en cuentas en el exterior. Además, el mismo gobierno que exige divisas a la población admitió la pérdida de un crédito de 1.200 millones de dólares destinado a mejorar el Sistema Electroenergético Nacional, un hecho que agrava los apagones constantes y deteriora aún más la calidad de vida.
Para una sociedad acorralada por la inflación, el desabastecimiento y la represión, negar a la dictadura el acceso directo a sus divisas se ha convertido en una forma de resistencia. El flujo de remesas, vital para sostener a cientos de miles de familias en medio del éxodo migratorio, continuará en la clandestinidad económica mientras el Estado no ofrezca condiciones equitativas de cambio. La persistencia de este mercado informal no solo refleja el colapso del modelo económico cubano, sino que también augura un mayor endurecimiento de las medidas coercitivas contra una población que se niega a financiar con su propio sacrificio la ineficiencia del sistema.
