El gobierno cubano ha puesto en marcha un nuevo sistema de gestión y asignación de divisas mediante el Decreto-Ley 113, que regula las transacciones en moneda extranjera dentro de la isla. Presentada como parte del programa para \»corregir distorsiones y reimpulsar la economía\», la medida consolida el control estatal sobre el acceso al dólar en un país marcado por la inflación, la escasez y el colapso del peso cubano.
La nueva estructura legal redefine quién puede operar en divisas, bajo qué condiciones y con qué nivel de supervisión. Según la prensa oficial, el sistema busca \»ordenar y controlar mejor la asignación de divisas\», reforzando la planificación centralizada. El Ministerio de Economía y Planificación (MEP) será el encargado de autorizar cualquier operación en moneda extranjera, priorizando actividades vinculadas a exportaciones, sustitución de importaciones y otros sectores que el ejecutivo cubano considere estratégicos.
El decreto introduce la Asignación de Capacidad de Acceso a las Divisas (ACAD), un mecanismo mediante el cual el Estado decidirá qué entidades —incluidas aquellas que no generan divisas— podrán adquirir recursos en moneda extranjera y bajo qué criterios. Determinadas empresas privadas, cooperativas y trabajadores por cuenta propia podrán cobrar en divisas, siempre con la aprobación del MEP. Quienes reciban autorización deberán abrir cuentas supervisadas por el Banco Central de Cuba y someterse a un sistema de fiscalización permanente.
Un dólar condicionado y vigilado
El acceso a moneda extranjera no será libre: el gobierno cubano decide quién puede operarla, en qué volumen y con qué destino. La normativa establece obligaciones estrictas sobre el uso de los ingresos en divisas y limita la conversión a pesos cubanos, lo que en la práctica impide que estas operaciones tengan un efecto significativo en el mercado interno o en el poder adquisitivo de la población. A partir del 17 de diciembre de 2025, las entidades estatales y privadas autorizadas deberán entregar obligatoriamente el 20% de sus ingresos en moneda extranjera al Banco Central de Cuba, al tipo de cambio oficial.
Aunque las autoridades de la isla insisten en que Cuba \»no abandona el objetivo de que el peso sea el centro del sistema financiero\», la realidad económica del país apunta en sentido contrario. La ampliación de operaciones en dólares —presentada como un mecanismo \»ordenado\»— formaliza la dependencia creciente de una moneda que el propio Estado desincentivó durante la llamada Tarea Ordenamiento. La coexistencia de múltiples tipos de cambio, las tiendas en MLC, el colapso del peso en los mercados informales y ahora este nuevo sistema de autorizaciones consolidan un escenario en el que la moneda nacional pierde funciones básicas.
Segmentación económica y exclusión social
El régimen de La Habana sostiene que las medidas buscan dinamizar la economía, pero el diseño aplicado concentra aún más el control sobre los flujos de divisas y perpetúa una economía segmentada en la que el acceso al dólar depende de permisos administrativos, conexiones institucionales y criterios poco transparentes. Mientras tanto, la población cubana —sin acceso directo a divisas y enfrentando un peso en caída libre— continúa excluida de un sistema que profundiza la desigualdad entre quienes pueden participar en circuitos dolarizados y quienes dependen exclusivamente de una moneda debilitada.
La implementación de este paquete normativo llega en un contexto de crisis estructural agudizada por el desabastecimiento crónico, la inflación galopante y un éxodo migratorio sin precedentes. La dictadura cubana, al mantener el monopolio sobre la asignación de divisas, reproduce el mismo modelo centralizado que ha conducido al colapso productivo de la isla. Las consecuencias para la ciudadanía son inmediatas: se consolida una economía de apartheid monetario donde la supervivencia cotidiana queda supeditada al acceso privilegiado a una moneda que el Estado administra discrecionalmente, mientras la mayoría de los cubanos queda relegada a un peso sin valor real y a un sistema que no ofrece soluciones reales a la precariedad estructural.
