Un periodista y escritor cubano denunció haber sido interceptado y amenazado por dos individuos en los terrenos de su propiedad privada en Puerto Padre, Las Tunas. Los hechos ocurren en un contexto de constante persecución por parte de la Seguridad del Estado, que ya habría destruido una cabaña del autor en el mismo lugar.
El suceso ocurrió en horas de la tarde cuando el denunciante se encontraba en una zona rural, cerca del aljibe que perteneció a la casa de campo de sus padres, lugar donde años atrás construyó una cabaña y escribió parte de su obra literaria. Al percatarse de la presencia de dos hombres que habían evadido la entrada principal y saltado una empalizada con un letrero de \»Propiedad Privada\», el intelectual los confrontó y los obligó a abandonar el lugar.
Según la descripción de los hechos, los individuos no portaban herramientas agrícolas ni de pesca, sino que iban armados con un garrote y un machete. Uno de ellos, de unos 50 años y con actitud prepotente, profirió una amenaza directa al retirarse: \»Vélanos, que nosotros también te estamos velando\». El autor sospecha que no se trata de delincuentes comunes buscando robo —ya que en el lugar no hay bienes materiales—, sino de presos confidentes o agentes al servicio del Ministerio del Interior (MININT) utilizados para operaciones de intimidación.
Persecución sistemática y destrucción patrimonial
Este incidente no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un patrón de hostigamiento continuo contra el autor. La cabaña que años atrás resistió ciclones fue previamente explorada por la Seguridad del Estado y posteriormente destruida por vándalos. La dictadura cubana ha empleado históricamente a confidentes, oficiales operativos, fiscales y jueces, así como a matones armados con garrotes al estilo de las extintas \»brigadas de respuesta rápida\», para amedrentar a voces críticas y disidentes, buscando anular no solo sus bienes materiales, sino sus convicciones éticas y políticas.
La denuncia pública plantea una alerta sobre la vulnerabilidad de los activistas e intelectuales en la isla, quienes incluso en el ejercicio de actividades tan inofensivas como la reforestación de bosques autóctonos son blanco de la vigilancia y la represión estatal. Ante la imposibilidad de encontrar protección en las autoridades de la isla, la víctima se ve obligada a exponer su caso en la esfera pública, evidenciando cómo el régimen de La Habana utiliza el terror psicológico y la amenaza física para silenciar a la ciudadanía y perpetuar el control social.
