LA HABANA. El gobierno cubano ha eliminado de forma intempestiva el aviso físico de consumo eléctrico, obligando a la población a consultar sus facturas a través de plataformas digitales. La medida, implementada en medio de la profunda crisis energética que sufre la isla, afecta de manera directa a los adultos mayores y personas sin acceso a internet, quienes se ven expuestos a cortes arbitrarios del servicio por incumplir pagos que desconocían.
El caso de Montalvo, un pensionado residente en el barrio de Lawton, ilustra las consecuencias de esta decisión burocrática. El anciano, acostumbrado a pagar puntualmente su consumo, sufrió el corte intencional de la electricidad un domingo. Al acudir a la oficina comercial, una empleada le informó que el servicio había sido suspendido por falta de pago. La razón: el hombre esperó el tradicional aviso impreso que las autoridades de la isla han dejado de emitir sin ofrecer alternativas viables para quienes no poseen teléfonos inteligentes ni dominan aplicaciones como Transfermóvil o Enzona.
A la exclusión digital se suma la ineficiencia estructural del sistema. Tras pagar la deuda generada por la falta de información, a Montalvo le informaron que la Empresa Eléctrica tardaría al menos 48 horas en restablecer el servicio debido a la escasez de personal. Sin embargo, el anciano permaneció dos semanas sin electricidad. La situación solo se resolvió cuando un vecino presentó un documento que acreditaba una denuncia en una unidad de Policía, tras lo cual el electricista acudió de inmediato a reconectar el reloj, evidenciando que la inoperancia del régimen de La Habana se resuelve más por temor a escrutinios que por el cumplimiento de sus obligaciones.
Exclusión digital en medio del colapso energético
La eliminación del aviso impreso se produce en un contexto de crisis sistémica, donde los apagones prolongados y las fluctuaciones de voltaje son parte de la rutina diaria de los cubanos. La dictadura cubana ha optado por digitalizar trámites esenciales sin garantizar la conectividad ni la alfabetización tecnológica de toda la población. Esta política ignora la realidad de miles de jubilados que sobreviven con pensiones que no alcanzan para cubrir la canasta básica, y que ahora deben enfrentar el estrés de ver sus alimentos dañados y sus vidas alteradas por cortes de corriente que no se deben a la red, sino a la arbitrariedad de una administración que no piensa en los más vulnerables.
El abandono institucional reflejado en la política eléctrica es un reflejo más del desprecio del ejecutivo cubano hacia sus ciudadanos. Mientras la dirigencia exige eficiencia en el pago de servicios que apenas puede prestar, la ciudadanía continúa sufriendo las consecuencias de un modelo fracasado. Medidas como esta no solo profundizan la brecha digital y generacional, sino que demuestran que, ante el colapso de la infraestructura estatal, el régimen prefiere descargar el peso de su ineficiencia sobre la población, particularmente sobre aquellos que no tienen voz ni recursos para defenderse.
