En la ciudad de Holguín, adultos mayores se ven obligados a pernoitar sobre cartones frente a las entidades bancarias para asegurar el cobro de sus pensiones. La grave crisis de liquidez, los apagones constantes y la ineficiencia del sistema financiero impuesto por el régimen de La Habana han transformado el derecho a la jubilación en un calvario para la tercera edad en la isla.
Testimonios desde el oriente del país confirman escenas de abandono en las puertas de los bancos. Rolando Martínez, de 77 años, y otros ancianos se turnan la vigilia durante la madrugada en la calle Aguilera para ser los primeros en la fila. La deficiente bancarización y la escasez crónica de efectivo obligan a esta población vulnerable a enfrentar inclemencias del tiempo, enfermedades y riesgos de seguridad, dejando sus hogares desprotegidos ante la creciente inseguridad ciudadana.
El sistema financiero nacional atraviesa una parálisis profunda. La circulación de billetes depende casi exclusivamente de los depósitos de entidades estatales y del sector privado, las cuales retienen capital ante la incertidumbre económica. A esto se suma el colapso del sistema eléctrico, que provoca la caída de los servidores bancarios y deja inoperativos los cajeros automáticos. Como resultado, jubilados con limitaciones físicas pasan semanas sin poder acceder a sus magros ingresos, atrapados en un ciclo de visitas infructuosas a las sucursales.
Las directrices de las autoridades de la isla resultan contradictorias y revictimizan a los ancianos. Mientras los bancos carecen de liquidez para dispensar los pagos, los funcionarios advierten a los pensionados que no permitan la acumulación de sus haberes, bajo la amenaza de que luego será más difícil cobrarlos en un solo desembolso. Esta política traslada la culpa de la ineficiencia estatal al ciudadano, ignorando que la retención del dinero responde a la incapacidad del gobierno cubano para mantener un ciclo económico estable.
Un sistema insostenible para la tercera edad
La crisis de las pensiones no es un fenómeno aislado, sino un síntoma del deterioro estructural de la economía centralizada. En provincias como Guantánamo, el ejecutivo cubano ha tenido que exigir a sus representantes un aumento forzoso de depósitos en efectivo para evitar el impago total de las jubilaciones. El catedrático de Economía Carmelo Mesa-Lago ha advertido que el déficit del sistema de pensiones en la isla supera el 40%, una cifra que evidencia el fracaso del modelo y condena a la mayoría de la población dependiente a la pobreza extrema.
La imagen de ancianos durmiendo en la calle para reclamar un derecho adquirido tras décadas de trabajo expone la deshumanización de las políticas del régimen. Mientras la dictadura cubana prioriza el control político y la represión sobre el bienestar social, la población más vulnerable paga las consecuencias del colapso con su propia salud y dignidad. La falta de respuestas y el agravamiento de las condiciones de vida auguran un escenario aún más crítico para una generación que sobrevive abandonada a su suerte bajo un sistema que la ha olvidado.
