Un grupo de abogados cubanos radicados en el exilio, en coordinación con la plataforma Acuerdo de Liberación, elabora un proyecto de ley destinado a regular el periodo de transición tras el eventual fin del régimen comunista en la isla. La iniciativa establece las bases para un gobierno provisional con plazos definidos, garantías plenas a la propiedad privada y protocolos para la entrada de ayuda humanitaria e inversión extranjera, con el objetivo de evitar el caos institucional en un escenario de cambio político.
El proyecto legislativo busca normar de manera estructurada el complejo escenario que enfrentaría Cuba tras décadas de autoritarismo. Según explicó a la prensa el abogado Mijail Bonito, uno de los redactores del texto y residente en Chile, la propuesta contempla la instauración de un gobierno provisional sujeto a un límite temporal. Aunque el plazo exacto para la convocatoria de elecciones libres aún se debate, Bonito estimó que el periodo transitorio podría extenderse entre tres y cinco años, tiempo suficiente para desmantelar el aparato represivo y garantizar la limpieza de los comicios.
El principio rector de esta normativa es la subordinación del Estado al ciudadano, un concepto diametralmente opuesto al modelo totalitario vigente. \»El Estado está al servicio de las personas y no al revés\», aseveró Bonito, subrayando que la ley busca establecer una forma de gobierno que permita el desarrollo económico y la garantía de los derechos fundamentales. En este sentido, el texto proyecta una ruptura definitiva con la estatización masiva que ha caracterizado a la isla durante más de seis décadas.
Reactivación económica y garantías de propiedad
En materia económica, el proyecto de transición adopta el estándar internacional del trato nacional, el cual equipara los derechos de los inversionistas locales y extranjeros. Esta medida busca dinamizar una economía destrozada por la ineficiencia burocrática y el control estatal absoluto. El reconocimiento de la propiedad privada como un derecho humano fundamental es uno de los pilares de la propuesta, una conquista que, según los redactores, ha sido vedada a los cubanos por más de 67 años de dictadura.
La ley también aborda la logística de la asistencia humanitaria, un aspecto crítico dado el colapso sistémico que sufre la isla. La normativa establecería protocolos claros para que la ayuda internacional llegue de forma inmediata y eficiente a la población, evitando que sea confiscada o desviada por las autoridades interinas. \»La idea es que las autoridades a cargo en ese momento sepan qué hacer para que esa asistencia llegue a quien tiene que llegar, de la forma más eficiente posible\», apuntó Bonito, quien en su trayectoria profesional asesoró al Ministerio del Interior de Chile durante el gobierno de Sebastián Piñera y representó al Estado chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Orígenes del proyecto y respaldo internacional
El marco jurídico emana del Acuerdo de Liberación, un documento firmado en Miami por las coaliciones Pasos de Cambio y la Asamblea de la Resistencia Cubana. Este acuerdo divide el proceso de cambio en tres fases fundamentales: liberación, estabilización y reconstrucción, y democratización. Además, contempla el desmantelamiento expreso de las estructuras del Partido Comunista de Cuba y de sus mecanismos de vigilancia y represión, la desmilitarización de la vida pública y la creación de comisiones de trabajo para abordar emergencias en salud, educación, justicia y la reunificación del exilio.
La formalización de este plan legal quedó en manos de juristas especializados tras una alianza anunciada entre el Acuerdo de Liberación y la Asociación Cubano-Americana de Abogados (CABA). Rosa María Payá, coordinadora de la iniciativa, enfatizó en su momento que se están construyendo los cimientos jurídicos de una Cuba democrática de manera anticipada. Por su parte, el presidente de CABA, Jordi Martínez-Cid, recordó que esta no es la primera vez que el exilio aborda la cuestión, citando un borrador elaborado hace más de 15 años junto a grupos disidentes, el cual ahora se actualiza a la luz de la crisis actual.
Contexto sistémico: Crisis estructural y represión
La urgencia de contar con un marco legal para el \»día después\» responde directamente a la profundidad de la crisis estructural que atraviesa Cuba. El régimen de La Habana ha llevado al país a una hiperinflación galopante, un desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, y un colapso total del sistema electroenergético. Esta debacle ha provocado el mayor éxodo migratorio de la historia de la isla, con cientos de miles de ciudadanos huyendo de la pobreza y la falta de oportunidades, vaciando al país de su fuerza laboral y de su capital humano.
Ante el descontento social, la respuesta del gobierno cubano ha sido el endurecimiento represivo. La dictadura cubana ha optado por la criminalización de la protesta, el encarcelamiento arbitrario de activistas y el asedio constante a la sociedad civil. Según datos de la organización Prisoners Defenders citados por el Parlamento Europeo, a finales de mayo de 2026 se contabilizaban 1.281 presos políticos en la isla, una cifra que evidencia la naturaleza autoritaria del ejecutivo cubano y su negativa a abrir espacios de participación democrática.
La comunidad internacional ha comenzado a alinear su postura con las demandas de la oposición. El 18 de junio, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que respalda explícitamente la hoja de ruta presentada por más de 50 organizaciones opositoras, reconociendo que toda transición debe ser dirigida por los cubanos dentro y fuera de la isla. La resolución exige la liberación incondicional de los presos políticos y reclama la aplicación de sanciones bajo la Ley Magnitski de la UE contra Miguel Díaz-Canel, la cúpula del aparato de seguridad y los dirigentes de GAESA, el conglomerado militar que controla la economía turística y comercial del país.
Implicaciones a futuro
La redacción de esta ley de transición representa un paso tangible hacia la preparación institucional para el inevitable cambio político en Cuba. Al establecer reglas claras para la distribución de la ayuda humanitaria, la atracción de capitales y la convocatoria a elecciones, los juristas buscan mitigar los riesgos de un vacío de poder y prevenir la usurpación del proceso por parte de figuras afines al régimen actual. La normativa ofrece una alternativa viable a la narrativa oficialista que asocia el fin del comunismo con el caos.
El desafío más grande para esta iniciativa será su implementación práctica en un territorio que ha sido secuestrado institucionalmente por el aparato castrense durante más de seis décadas. Sin embargo, el respaldo de entidades como el Parlamento Europeo y la creciente articulación de la diáspora envían una señal inequívoca a las autoridades de la isla: la resistencia civil y el exilio no solo se oponen a la dictadura, sino que están construyendo las herramientas legales y políticas para garantizar una transición pacífica, democrática y próspera hacia un Estado de derecho en Cuba.
