La opositora y manifestante del 11J Maylen Díaz Delgado exigió a las máximas autoridades de la isla la revisión de una sentencia judicial que condenó a solo cuatro años de prisión al padre de su hija por abuso sexual continuado, imponiéndole únicamente una restricción temporal de tres años sobre la patria potestad. La activista, quien gestiona su exilio en Estados Unidos, calificó el fallo de \»crimen de Estado\» por vulnerar el interés superior de la menor y exponerla nuevamente a su agresor.
En una carta pública dirigida al Tribunal Supremo Popular y a altos funcionarios del régimen de La Habana, Díaz Delgado detalló las deficiencias del proceso penal (causa 60 de 2023). La sanción accesoria, que permite al agresor reclamar sus derechos parentales tras el periodo establecido, contradice flagrantemente el Código de las Familias, la Constitución de la República y la Convención sobre los Derechos del Niño. Según la legislación cubana vigente, un progenitor condenado por delitos sexuales contra su hijo debe perder de manera permanente y definitiva la responsabilidad parental, una garantía legal que el sistema judicial omitió en este caso.
Fallas institucionales y dilaciones en el sistema de justicia
La denuncia también expone el colapso y la ineficacia de las instituciones encargadas de impartir justicia en Cuba. Díaz Delgado relató que su familia enfrentó múltiples trabas para accionar legalmente, incluyendo una espera de 10 meses para obtener el examen de Medicina Legal de la menor. A esto se suman las deficiencias estructurales del país, como los constantes apagones, que han dificultado la formalización de contratos con abogados y el seguimiento adecuado del caso, evidenciando cómo la crisis de servicios públicos agrava la vulnerabilidad de los ciudadanos frente a la impunidad.
La situación de Díaz Delgado se enmarca en un contexto de persecución y criminalización de la disidencia. Como manifestante del 11 de julio en Camagüey, la activista ha sido objeto de hostigamiento, lo que la ha obligado a buscar refugio en el extranjero. La falta de fe en las instituciones, que ella misma ha manifestado, refleja una realidad sistemática donde la dictadura cubana utiliza el aparato judicial sin control democrático, priorizando el control político sobre la seguridad ciudadana y dejando desamparados a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Ante la indolencia de las autoridades de la isla, la activista anunció que agotará todos los recursos legales internos y externos, incluyendo la denuncia ante organismos internacionales. El caso revela las profundas fisuras del sistema jurídico cubano y plantea serias interrogantes sobre la obligación estatal de proteger a la infancia frente a la violencia. Mientras el gobierno cubano mantiene sus políticas represivas, casos como este siguen demostrando el abandono institucional que impulsa el creciente éxodo migratorio de cubanos en busca de protección y justicia elemental.
