El Congreso de los Diputados de España aprobó una proposición no de ley que exige al gobierno de Pedro Sánchez adoptar una postura más firme frente al régimen de La Habana, demandando la liberación de los presos políticos y el liderazgo de una estrategia internacional para una transición democrática en la isla.
La iniciativa, impulsada por el Partido Popular y respaldada por Vox y Junts, salió adelante en medio de la división parlamentaria, con el rechazo frontal del PSOE y sus aliados. El texto aprobado subraya que Cuba atraviesa una de las crisis políticas, sociales y humanitarias más severas de su historia reciente, atribuyendo este colapso al deterioro acumulado durante décadas bajo el modelo impuesto por el castrismo. La medida, aunque no vinculante, supone un varapalo diplomático para la postura oficial española y un respaldo a las fuerzas democráticas dentro de la isla.
Condena a la represión y exigencia de amnistía
El documento parlamentario condena de manera expresa la existencia de presos de conciencia y la violencia estatal ejercida contra activistas, periodistas independientes, defensores de derechos humanos y artistas. Insta al ejecutivo español a exigir la liberación inmediata e incondicional de todos los cubanos encarcelados por motivos políticos. Para fundamentar esta exigencia, la proposición recurre a datos de la organización Prisoners Defenders, que documenta al menos 1.260 presos políticos en el país, evidenciando el carácter represivo de la dictadura cubana frente a la disidencia pacífica.
La crisis humanitaria y el aumento de la represión están profundamente ligados al fracaso estructural del sistema económico y político cubano. El texto aprobado vincula directamente el dramático éxodo migratorio, los apagones constantes, la escasez crítica de alimentos y medicamentos, así como el colapso de los servicios públicos, con la ineficacia del régimen de La Habana. Ante esta realidad, los grupos promotores defendieron durante el debate que España debe abandonar cualquier forma de equidistancia y dejar atrás la complacencia con las autoridades de la isla, promoviendo en cambio presión diplomática en foros internacionales.
La aprobación de esta proposición coloca al gobierno español en el obligado escenario de tener que reevaluar su política exterior hacia La Habana. Más allá de la falta de carácter vinculante de la medida, el mensaje desde el parlamento supone un espaldarazo a la sociedad civil cubana y a los familiares de los presos políticos que requieren asistencia consular urgente. La presión internacional coordinada se perfila como un factor crucial para exigir rendición de cuentas a la dictadura cubana y mitigar las consecuencias de una crisis que sigue expulsando a miles de ciudadanos en busca de supervivencia y libertad.
